Delta Flores Cabrera

Expediente 950/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
950/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Delta Flores Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 43 a 46), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente. Incidente de suspensión. Por cuanto hace al cuaderno original del incidente de suspensión, es depurable, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar respecto a los actos reclamados. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Constancias de notificación. Ahora bien, sin que pase desapercibido que no obren las constancias de notificación de la resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 43 a 46) a las autoridades responsables; sin embargo, dado al sentido del presente asunto, no resultan indispensables, al no causarles perjuicio alguno dicha determinación por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En esa tesitura, para la debida integración del expediente, notifíquese a las autoridades responsables la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, así como la presente.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa, se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por el cual remite constancias de la causa penal 59/2016, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". De la literalidad de la norma jurídica citada se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia que prevé deben existir ciertos elementos previos al ejercicio de la acción constitucional, esto es: a) La existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) La emisión dentro de dicho procedimiento de un acto que se tilde de inconstitucional. c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Elementos que resultan necesarios que concurran en su totalidad en el caso que se analice, ya que de lo contrario la causa de improcedencia podría desestimarse. Lo anterior, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CXI/96 (registro 199808), que si bien analiza la Ley de Amparo abrogada, el precepto actual es casi idéntico al anterior, cuyo rubro y contenido expone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Pues bien, cabe señalar que la causa de improcedencia que se estudia, se refiere a la irreparabilidad jurídica y no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado; es decir, que en el caso en estudio no es necesario que exista la imposibilidad física sino sólo un impedimento jurídico, pues permitir la destrucción de otros actos de autoridad que escapen a la litis planteada en el proceso constitucional, constituiría una extralimitación de la sentencia, porque se invalidarían como consecuencia actos de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido aún controvertida. En el caso particular, de la lectura de la demanda de amparo y de las constancias allegadas, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de aprehensión emitida en contra de la parte quejosa Delta Flores Cabrera por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en los autos de la causa penal 59/2016, del índice de aquél juzgado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude. Ahora, de la copia certificada que se anexa al oficio de cuenta por el Juez Penal responsable, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 59/2016, decretó la prescripción de la acción penal del delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 338, fracción III, del Código Penal en el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de A.L.A., y como consecuencia, declaró el sobreseimiento de dicha causa penal. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se considera que la información con la que se cuenta al día en que se actúa, se encuentran colmados los requisitos a que se hizo alusión para la actualización de la causa de improcedencia en análisis y que se resumen en lo siguiente: a) La existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. La primera de las exigencias se estima colmada, pues en el caso el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial, específicamente, al haberse emitido dentro de la causa penal 59/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. b) La emisión dentro de dicho procedimiento de un acto que se tilde de inconstitucional. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho, en atención a que la orden de aprehensión reclamada fue emitida el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal 59/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación. Este elemento se encuentra colmado en razón de que no resulta jurídicamente posible analizar la orden de aprehensión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica que guardan las partes, en razón de que, al haberse dictado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la prescripción de la acción penal del delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 338, fracción III, del Código Penal en el Estado de Tlaxcala vigente en la época de los hechos; y en consecuencia, el sobreseimiento de la causa a favor de la aquí quejosa Delta Flores Cabrera, en la causa penal 59/2016, quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas al emitirse el mandamiento de captura reclamado, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Finalmente, la exigencia precisada se colma en razón de que el acto reclamado primigenio guarda autonomía e independencia respecto del auto de prescripción emitido, pues a pesar de que se considerara procedente la protección constitucional éste podría subsistir, al no tener como base o sustento la decisión materia del acto reclamado. Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J.95/2007 (con número de registro electrónico 171841) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la causal de improcedencia actualizada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve- (foja 31 vuelta), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa, se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Agréguese el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por el cual remite constancias de la causa penal 59/2016, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". De la literalidad de la norma jurídica citada se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia que prevé deben existir ciertos elementos previos al ejercicio de la acción constitucional, esto es: a) La existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. b) La emisión dentro de dicho procedimiento de un acto que se tilde de inconstitucional. c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Elementos que resultan necesarios que concurran en su totalidad en el caso que se analice, ya que de lo contrario la causa de improcedencia podría desestimarse. Lo anterior, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CXI/96 (registro 199808), que si bien analiza la Ley de Amparo abrogada, el precepto actual es casi idéntico al anterior, cuyo rubro y contenido expone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Pues bien, cabe señalar que la causa de improcedencia que se estudia, se refiere a la irreparabilidad jurídica y no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado; es decir, que en el caso en estudio no es necesario que exista la imposibilidad física sino sólo un impedimento jurídico, pues permitir la destrucción de otros actos de autoridad que escapen a la litis planteada en el proceso constitucional, constituiría una extralimitación de la sentencia, porque se invalidarían como consecuencia actos de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido aún controvertida. En el caso particular, de la lectura de la demanda de amparo y de las constancias allegadas, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional lo constituye la orden de aprehensión emitida en contra de la parte quejosa Delta Flores Cabrera por el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en los autos de la causa penal 59/2016, del índice de aquél juzgado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude. Ahora, de la copia certificada que se anexa al oficio de cuenta por el Juez Penal responsable, se advierte que el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 59/2016, decretó la prescripción de la acción penal del delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 338, fracción III, del Código Penal en el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de los hechos, cometido en agravio de A.L.A., y como consecuencia, declaró el sobreseimiento de dicha causa penal. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se considera que la información con la que se cuenta al día en que se actúa, se encuentran colmados los requisitos a que se hizo alusión para la actualización de la causa de improcedencia en análisis y que se resumen en lo siguiente: a) La existencia de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio. La primera de las exigencias se estima colmada, pues en el caso el acto reclamado deriva de un procedimiento judicial, específicamente, al haberse emitido dentro de la causa penal 59/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. b) La emisión dentro de dicho procedimiento de un acto que se tilde de inconstitucional. El segundo de los requisitos se encuentra satisfecho, en atención a que la orden de aprehensión reclamada fue emitida el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en la causa penal 59/2016, del índice del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. c) Un cambio de situación jurídica en ese procedimiento que consume irreparablemente las violaciones reclamadas, porque no pueda decidirse en el mismo sin afectarse esa nueva situación. Este elemento se encuentra colmado en razón de que no resulta jurídicamente posible analizar la orden de aprehensión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica que guardan las partes, en razón de que, al haberse dictado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, la prescripción de la acción penal del delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 338, fracción III, del Código Penal en el Estado de Tlaxcala vigente en la época de los hechos; y en consecuencia, el sobreseimiento de la causa a favor de la aquí quejosa Delta Flores Cabrera, en la causa penal 59/2016, quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas al emitirse el mandamiento de captura reclamado, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la quejosa. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Finalmente, la exigencia precisada se colma en razón de que el acto reclamado primigenio guarda autonomía e independencia respecto del auto de prescripción emitido, pues a pesar de que se considerara procedente la protección constitucional éste podría subsistir, al no tener como base o sustento la decisión materia del acto reclamado. Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J.95/2007 (con número de registro electrónico 171841) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la causal de improcedencia actualizada. Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve- (foja 31 vuelta), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por auto de veinticinco y treinta de octubre del año en curso (fojas 19 y 21 a 23), se ordenó dar vista a las partes por el término de ocho días, con los informes justificados rendido por las autoridades responsables: 1.- Inspector Jefe del Grupo de Aprehensiones del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala 2.- Inspector Jefe del Grupo de Aprehensiones del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala y 3.- Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; por tanto, toda vez que la parte tercera interesada Argelia Lima Acosta, fue emplazada a juicio, el siete de noviembre de dos mil diecinueve (foja 28), por tanto, el plazo para que se imponga de dichos informes, se encuentra transcurriendo. En consecuencia, a fin de no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en este juicio constitucional, se difiere la audiencia constitucional prevista para celebrarse el día de hoy, y se fijan para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

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