Delsi Minelia Caamal Couoh

Expediente 749/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
749/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Delsi Minelia Caamal Couoh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA VI. Vistos los presentes autos y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión contra del auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo. Finalmente, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido.

  2. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el siete de agosto del presente año la mencionada responsable dictó un acuerdo en autos del juicio ordinario de prescripción positiva 233/2016 de su índice, con el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de mayo del año en curso. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa DELSI MINELIA CAAMAL COUOH reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión de la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, de emitir un acuerdo con el cual diera respuesta a su escrito presentado el treinta y uno de mayo del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como se dijo en párrafos anteriores, la quejosa reclamó la omisión atribuida a la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, de emitir un acuerdo con el cual diera respuesta a su escrito presentado el treinta y uno de mayo del año en curso. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el siete de agosto del año en curso dictó un acuerdo con el cual dio contestación al escrito presentado por la promovente el treinta y uno de mayo del presente año, esto es, en dicho auto fijó a la parte demandada del juicio de origen el término de veinte días para que cumpla con el punto resolutivo tercero y cuarto de la sentencia dictada en el aludido procedimiento, es decir, entregar totalmente desocupado el predio número doscientos veinticuatro de la calle veintisiete de Mama, Yucatán a las legítimas propietarias Delsi Minelia Caamal Couoh y Fandila Couoh Chi, apercibiendo a la mencionada parte que de no hacerlo así, se procederá al desalojo del inmueble con auxilio de la fuerza pública; asimismo, respecto a la liquidación de los frutos civiles que exhibió la mencionada Caamal Couoh, se dio vista a la citada parte demandada para el uso de sus derechos. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable emitió el acuerdo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el proveído alguno en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo de siete de agosto de la anualidad, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  3. Principal

    MESA VI. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el siete de agosto del presente año la mencionada responsable dictó un acuerdo en autos del juicio ordinario de prescripción positiva 233/2016 de su índice, con el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el treinta y uno de mayo del año en curso. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa DELSI MINELIA CAAMAL COUOH reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión de la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, de emitir un acuerdo con el cual diera respuesta a su escrito presentado el treinta y uno de mayo del año en curso. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como se dijo en párrafos anteriores, la quejosa reclamó la omisión atribuida a la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, de emitir un acuerdo con el cual diera respuesta a su escrito presentado el treinta y uno de mayo del año en curso. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Juez responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el siete de agosto del año en curso dictó un acuerdo con el cual dio contestación al escrito presentado por la promovente el treinta y uno de mayo del presente año, esto es, en dicho auto fijó a la parte demandada del juicio de origen el término de veinte días para que cumpla con el punto resolutivo tercero y cuarto de la sentencia dictada en el aludido procedimiento, es decir, entregar totalmente desocupado el predio número doscientos veinticuatro de la calle veintisiete de Mama, Yucatán a las legítimas propietarias Delsi Minelia Caamal Couoh y Fandila Couoh Chi, apercibiendo a la mencionada parte que de no hacerlo así, se procederá al desalojo del inmueble con auxilio de la fuerza pública; asimismo, respecto a la liquidación de los frutos civiles que exhibió la mencionada Caamal Couoh, se dio vista a la citada parte demandada para el uso de sus derechos. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Juez responsable emitió el acuerdo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el proveído alguno en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo de siete de agosto de la anualidad, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, toda vez que de autos se advierte que hasta la presente fecha el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, con sede en Ticul, autoridad señalada como responsable en este asunto, no ha rendido su informe justificado, ni obran en autos el acuse de recibo del oficio con el cual se le solicitó lo rindiera; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

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