Delmy de Jesus Mena Aranda

Expediente 889/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 26 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
889/2020
Año
2020
Actuaciones
26
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Delmy de Jesus Mena Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 889/2020-IV-B, promovido por DELMY DE JESÚS MENA ARANDA; y, R E S U L T A N D O : ... QUINTO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. En principio, debe decirse que, en la demanda de amparo, la parte quejosa argumenta que la orden de cateo se emitió en contravención de los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso que reconocen el artículo 14 y 16 de la Constitución. Afirmación que apoya en que existió violación al derecho humano de audiencia, y la resolución no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Ahora, dado lo variado de los temas centrales que propone la parte impetrante del amparo, su examen se efectuará en apartados diferentes. DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA. Al respecto, alega la parte quejosa que la orden de cateo se emitió sin seguirse las formalidades del procedimiento; que se le pretende molestar en su persona sin haber sido oída y vencida en algún procedimiento, lo cual es inadmisible, por lo que se encuentra en estado de indefensión por no saber con certeza los términos de la supuesta querella o denuncia de la cual emana la orden de cateo. Es infundado el concepto de violación, ya que la orden de cateo es un acto de molestia, por lo que no rige el derecho humano de audiencia previa a que se refiere el artículo 14 de la Constitución. En principio, es de considerarse que el derecho fundamental de audiencia tiene su fundamento en numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa señala: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". Dicho precepto se refiere al debido proceso legal que las autoridades tienen obligación de observar, previo a decretar un acto privativo que afecte a los gobernados. Ahora, es necesario establecer que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace una clara distinción entre los actos privativos y los actos de molestia. Los actos privativos que se encuentran regulados en el artículo 14 constitucional, son aquéllos que producen como efecto la disminución o supresión de carácter definitivo de un derecho del particular. Este tipo de actos solamente pueden llevarse a cabo mediante la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que regula el diverso numeral 16 constitucional, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Esta restricción se autoriza únicamente cuando exista un mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se cumplan con los derechos humanos de fundamentación y motivación. Para distinguir entre estos dos tipos de actos es necesario atender a su finalidad, es decir, el acto será privativo si la supresión o menoscabo de un derecho es definitiva, o bien, será de molestia cuando tienda sólo a una restricción provisional. Al respecto existe pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 174, de rubro y texto siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Entonces, conforme a los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen distintas etapas que configuran el derecho humano de audiencia y debido proceso; entre estas formalidades se encuentra la de audiencia previa, que consiste en que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento, con la finalidad que se entere completamente en qué consiste para darle la oportunidad de preparar la defensa correspondiente en contra de los actos que tienden a privar o mermar su esfera de derechos. Ahora, en el particular, de acuerdo al décimo primer párrafo del artículo 16, los artículo 252, fracción II, y 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de cateo es una técnica de investigación que tiene como finalidad que la autoridad investigadora sea autorizada para inspeccionar un domicilio o una propiedad privada, para aprehender a una persona, buscar y asegurar objetos del delito. En estas condiciones, la orden de cateo no es un acto privativo, sino uno de molestia, el cual no se rige bajo el derecho de audiencia previa audiencia, porque no tiene como efectos la privación alguna en los derechos señalados por el artículo 14 de la Ley Fundamental, ya que su finalidad es permitir la integración de una investigación en el marco del proceso penal; de ahí lo infundado de este concepto de violación. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La parte quejosa argumenta que la orden de cateo reclamada de diez de septiembre de dos mil veinte, no está fundada y motivada. Es infundado el concepto de violación. En relación con la falta de fundamentación y motivación, es pertinente señalar que la figura jurídica del cateo, está prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reglamenta en los numerales 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, conforme a los dispositivos constitucionales y legales mencionados, se obtiene que únicamente la autoridad judicial podrá expedir una orden de cateo, a solicitud del Ministerio Público y su desahogo debe sujetarse a distintas formalidades para que pueda tener validez legal. Respecto a su petición, se requiere: 1. Que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la orden de cateo. 2. Se debe precisar el objeto del cateo. 3. Que se señalen los datos que justifiquen el cateo. 4. Precisar el lugar a inspeccionar. 5. Identificar a la persona o personas que se deben localizar o aprehender. 6. Especificar el objeto que se busca o que se debe asegurar. 7. Identificar a los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en el referido acto de investigación. Mientras que, para la emisión y legal validez, de la resolución judicial que autorice el cateo, es necesario: a) El nombre y cargo del juez que autoriza el cateo. b) La identificación del procedimiento en el cual se ordena. c) El Ministerio Público que la solicitó. d) La determinación concreta del lugar o lugares que habrán de ser cateados y lo que se espera encontrar como resultado de este. e) El motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios, de los que se desprenda como posible que se encuentran en el lugar, la persona o personas que hayan de aprehenderse, o los objetos que se buscan. f) Precisar la temporalidad en que deberá ejecutarse; no pudiendo llevarse a cabo con posterioridad a los tres días de autorizada dicha medida; y, g) Identificar los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en dicho acto de investigación. De esa forma, a efecto de poder determinar la legalidad del resultado de la citada actuación realizada como técnica de investigación, se debe analizar el cumplimiento de los requisitos de validez de la orden de cateo, pues está involucrado el derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrada por el artículo 16 constitucional, por lo tanto, la falta de acatamiento de dichos requisitos tendría, inclusive, como consecuencia su nulidad. Al respecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 22/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que expresa: "CATEO. EN ACATAMIENTO A LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, LA ORDEN EMITIDA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN, DE LO CONTRARIO DICHA ORDEN Y LAS PRUEBAS QUE SE HAYAN OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA MISMA, CARECEN DE EXISTENCIA LEGAL Y EFICACIA PROBATORIA. Con la finalidad de tutelar efectivamente la persona, familia, domicilio, papeles y posesiones de los gobernados, el Constituyente estableció en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las órdenes de cateo única y exclusivamente puede expedirlas la autoridad judicial cumpliendo los siguientes requisitos: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En ese sentido, el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, establece que si no se cumple con alguno de los requisitos del octavo párrafo del citado precepto constitucional, la diligencia carece de valor probatorio. Por tanto, las pruebas obtenidas con vulneración a dicha garantía, esto es, los objetos y personas que se localicen, su aprehensión en el domicilio registrado y las demás pruebas que sean consecuencia directa de las obtenidas en la forma referida, así como el acta circunstanciada de la propia diligencia, carecen de eficacia probatoria. En efecto, las actuaciones y probanzas cuyo origen sea un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales y por tanto, sin valor probatorio en términos del señalado artículo 61, carecen de existencia legal, pues de no haberse realizado el cateo, tales actos no hubieran existido." Establecidos los requisitos para el dictado de una orden de cateo, se procede al análisis de la resolución reclamada para determinar si cumple con ellos y, por ende, si se considera legal. En primer lugar, la resolución de cateo reclamada de diez de septiembre de dos mil veinte se ajusta a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 16 de la Constitución, pues cumple con los requisitos de forma y fondo, antes señalados, además porque la responsable citó los fundamentos jurídicos y las consideraciones que lo llevaron a decidir en ese sentido. Ello, porque la orden de cateo reclamada precede de una autoridad judicial competente, ya que el lugar en el que se llevaría a cabo la técnica de investigación que precisó el Ministerio Público, se encuentra dentro de la jurisdicción de la Jueza de Control responsable. Además, respecto a la fundamentación, el Juez de Control responsable invocó diversas normas legales, entre las cuales destacan los artículos 16 de la Constitución Federal, así como 252, 282, 283, 288 y 289 del Código Nacional de Procedimientos Penales; tales preceptos contienen varios lineamientos relativos a la orden de cateo y relacionados con el diverso 252, del referido ordenamiento, destaca que la orden de cateo requiere autorización judicial. Por tanto, es claro que la orden de cateo en estudio cumple con lo establecido en el artículo 16, decimoprimer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa tesitura, se procede al análisis del resto de los requisitos de validez de la orden de cateo. En cuanto al nombre y cargo del juez que autoriza el cateo, Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, José Enrique Sáenz Dzul. Igualmente, se precisó que fue emitida dentro del expedientillo 133/2020, formado con la solicitud para una técnica de investigación, que formuló el Fiscal en Jefe de la Agencia Décimo Quinta Investigadora del Ministerio Público, Licenciado en Derecho, Jymmy Zafiro Gamboa Razo, para la inspección y/o cateo de un domicilio, con relación a la carpeta de investigación número F5-F5/48/2020, iniciada con número de expediente UNATD15-GH/000865/2020, derivada de la denuncia formulada por Susano López Rosado. Con lo anterior, se corrobora que se cubrieron los requisitos relativos a la identificación del procedimiento en el cual se ordena y el Ministerio Público que la solicitó. En cuanto a la determinación concreta del lugar de ejecución, y lo que se espera encontrar como resultado, la orden reclamada también cumple con estos requisitos. En efecto, se precisó que la técnica de investigación se ejecutaría en el predio localizado en el rancho denominado Kennedy, cuya ubicación es partiendo del kilómetro 24 de la carretera Panaba-Yalsihon, frente a dicho señalamiento se encuentra un camino de terracería en cuya entrada se encuentran dos letreros de lámina, en el cual se puede leer la leyenda "RANCHO SAN ISIDRO SIR" y en el otro "SAN CRISTOBAL", al avanzar con dirección al Poniente aproximadamente un kilómetro, se ubica una reja de tubulares, pegado en la reja se encuentra un letrero con la leyenda "CIERRA LA REJA", continuando en la misma dirección hacia el Poniente avanzando aproximadamente 1+500 kilómetros, se ubica otra reja de madera, también con un letrero con la leyenda "FAVOR DE MANTENER CERRADO", siguiendo en la misma dirección hacia el Poniente aproximadamente a 1 kilómetro se ubica otra reja de tubulares con la leyenda "HACIENDA SAN CRISTOBAL", al continuar avanzando con dirección al Poniente aproximadamente un kilómetro, se encuentra otra reja de madera y con pedazo de lámina, continuando siempre por el camino con dirección hacia el Poniente 1+300 kilómetros, se ubica una reja de madera en el cual en una de las tablas se encuentran escritos los números "223-07", avanzando se encuentra una última reja de madera, al continuar avanzando en la misma dirección hacia el Poniente aproximadamente un kilómetro, se encuentra el rancho con una placa con la leyenda "CALIFORNIA", al seguir avanzando el camino se bifurca por lo que se sigue sobre el camino de la izquierda avanzando aproximadamente dos kilómetros hacia el Poniente, hasta llegar a una rejas de madera la cual tiene una lámina con la leyenda "MARTIN", de aquí se avanza aproximadamente en la misma dirección hacia el Poniente 3 kilómetros, hasta llegar al rancho conocido como KENNEDY. En canto a su finalidad, se precisó que consistiría en localizar múltiples ejemplares de ganado que se detallan en la orden de cateo. En cuanto al motivo del cateo, el Juez de Control valoró que la petición del fiscal se apoyó en que, existe una denuncia presentada por Susano López Rosado, por robo de ganado (abigeato), y que existen elementos indiciarios que señalan que los animales bovinos se encuentran en el Rancho identificado como Kennedy, respecto del cual se solicita la orden de cateo, ello derivado de la carpeta de investigación número F5-F5/48/2020, iniciada con número de expediente UNATD15-GH/000865/2020. Así, del análisis de lo anterior, se colige que la orden de cateo contiene los indicios de la investigación de los que se desprende como posible que se encuentran en el lugar, los objetos que se buscan, ya que el domicilio señalado por el Fiscal corresponde al local en el que pudieran encontrarse los ejemplares de ganado objeto de la denuncia formulada por el querellante. De igual forma, en la técnica de investigación se indicó su vigencia temporal, pues el Juez de Control facultó al Fiscal a ejecutarla en el horario que estimara conveniente, pero a más tardar dentro de los tres días siguientes a los de su emisión; finalmente, la autoridad judicial señaló a los servidores públicos autorizados para ejecutar el cateo, como aquellos citados en el pliego petitorio del fiscal investigador. También determinó que al concluir el cateo debería levantarse un acta circunstanciada. Además, facultó al fiscal que llevara la diligencia para hacer uso de la medida adicional solicitada en su pedimento de referencia, para garantizar el éxito de la inspección y/o cateo, como lo es el uso de la fuerza pública, para poder ingresar al predio objeto del cateo, en caso de que se actualice alguno de los supuestos del párrafo segundo, del artículo 288 doscientos ochenta y ocho, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, única y exclusivamente en el caso de que dicho inmueble estuviera cerrado o no se encontrare persona alguna, a quien pueda pedírsele autorización para la práctica de dicha diligencia. Asimismo, el Juez de Control responsable, facultó a la representación social para que sí al momento de dar cabal cumplimiento al cateo, en el inmueble de mérito, se encontraren presentes menores de edad, personas de edad avanzada o discapacitados, debería tomar las medidas pertinentes a fin de ponerlos en un lugar seguro, y brindarles en caso de ser necesario, la atención médica que dichas personas requieran, a fin de que no les sean vulnerados sus derechos fundamentales. Por lo anterior, es claro que la orden de cateo en estudio cumple a cabalidad lo establecido en el artículo 16, décimo primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 282 y 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Relativo a la ejecución de la orden de cateo, no se advierte algún aspecto de ilegalidad en que se haya incurrido en su verificación, en razón de que la diligencia se llevó en los términos y condiciones que fueron indicados por el juez responsable. En efecto, la orden de cateo se ejecutó a las dieciséis horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil veinte, según el acta circunstancia (foja 184 de autos), en el inmueble identificado como Rancho Kennedy, cuya ubicación se localiza partiendo del kilómetro 24 de la carretera Panaba-Yalsihon, frente a dicho señalamiento se encuentra un camino de terracería en cuya entrada se encuentran dos letreros de lámina, en el cual se puede leer la leyenda "RANCHO SAN ISIDRO SIR" y en el otro "SAN CRISTOBAL", al avanzar con dirección al Poniente aproximadamente un kilómetro, se ubica una reja de tubulares, pegado en la reja se encuentra un letrero con la leyenda "CIERRA LA REJA", continuando en la misma dirección hacia el Poniente avanzando aproximadamente 1+500 kilómetros, se ubica otra reja de madera, también con un letrero con la leyenda "FAVOR DE MANTENER CERRADO", siguiendo en la misma dirección hacia el Poniente aproximadamente a 1 kilómetro se ubica otra reja de tubulares con la leyenda "HACIENDA SAN CRISTOBAL", al continuar avanzando con dirección al Poniente aproximadamente un kilómetro, se encuentra otra reja de madera y con pedazo de lámina, continuando siempre por el camino con dirección hacia el Poniente 1+300 kilómetros, se ubica una reja de madera en el cual en una de las tablas se encuentran escritos los números "223-07", avanzando se encuentra una última reja de madera, al continuar avanzando en la misma dirección hacia el Poniente aproximadamente un kilómetro, se encuentra el rancho con una placa con la leyenda "CALIFORNIA", al seguir avanzando el camino se bifurca por lo que se sigue sobre el camino de la izquierda avanzando aproximadamente dos kilómetros hacia el Poniente, hasta llegar a una rejas de madera la cual tiene una lámina con la leyenda "MARTIN", de ahí se avanza aproximadamente en la misma dirección hacia el Poniente 3 kilómetros, hasta llegar al rancho conocido como KENNEDY. Se estableció que estaban presentes las personas autorizadas en el pliego ministerial de cateo, las cuales fueron autorizadas judicialmente para intervenir, quienes se identificaron con los documentos que ahí se asentaron; se apersonaron en la entrada del lugar, donde estuvieron hablando sin que nadie acudiera a su llamado, hasta después de unos minutos, que una persona de nombre FILIBERTO CHAC acudió a donde estaba la autoridad ministerial, quien le hizo saber el motivo de la diligencia por lo que se le intentó entregar la orden de cateo, a lo que el entrevistado se negó, por lo que a las 19:55 horas del diez de septiembre de dos mil veinte, se procedió a fijarla en un lugar visible de la construcción en unos postes de madera, sin que tampoco quisiera señalar personas para fungir como testigos, no obstante previo requerimiento que se le hizo para hacerlo, por lo que la autoridad ministerial procedió a designar a ÁNGEL ALEXIS CETINA NÚÑEZ y a WILBERTH ABILIO AKE PECH, como atestes de la diligencia. En este punto, la autoridad ministerial hizo constar que con motivo de lo avanzado de la hora y atendiendo a que no existe ya iluminación en el lugar (natural ni artificial), se procede a suspender momentáneamente la diligencia, acordándose que la búsqueda del ganado se iniciaría el día siguiente (once de septiembre de dos mil veinte) a las ocho horas con veinte minutos (08:20 horas). Una vez que la diligencia se reanudó, con ayuda de los vaqueros siendo las diez horas con treinta y siete minutos del once de septiembre de dos mil veinte lograron "arrear" desde los potreros diez (10) ganados hasta el corral cercano al embarcadero, los cuales se procedió a su verificación por parte de los vaqueros, ejemplares que se detallan sus características en el acta de cateo, y encontrándose presentes los vaqueros que trabajan para la parte denunciante, procedieron a identificarlos al ganado como los que fueron sustraídos a Susano López Rosado en su rancho, personas que son los encargados del cuidado de dichos animales. Posteriormente, ante el hallazgo, se solicitó el apoyo a los elementos de la Policía Estatal investigadora para solicitar el uso de un camión para su traslado, el cual llegó a las quince horas con treinta y cinco minutos del mismo día once de septiembre de dos mil veinte; por lo que el ganado señalado fue embarcado e ingresado en dicho camión, y a las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos del mismo día, los vaqueros lograron ubicar cinco (5) ejemplares de ganado más, los cuales se detallan en el acta con sus características pero únicamente tres de ellos fueron reconocidos e identificados como aquellos que fueron sustraídos del rancho del denunciante, por lo que se procedió a su embarcamiento e ingreso al camión ya indicado. Posteriormente, la autoridad ministerial dio la orden a los elementos policiacos que resguardaran el camión hasta el traslado de los animales a la Asociación Ganadera de Tizimín para su cuidado. Asimismo, se asentó que se volvió a suspender la búsqueda de los animales por las condiciones de iluminación, determinando reanudarla el día doce de septiembre siguiente a las ocho horas con doce minutos, lo cual así se realizó, sin que después de varias horas señalaron que ya no encontraron animales con las características buscadas, por lo que los vaqueros desmontaron de los caballos y los subieron al remolque, procediendo el personal ministerial y policial a retirarse del lugar. En el acta se asentó que la diligencia se llevó a cabo de manera pacífica, por lo que no fue necesaria la intervención de la fuerza pública, firmando el acta los que en ella intervinieron. Consecuentemente, se observa que el acto reclamado es objetivamente legal tanto en su emisión como en su ejecución, y ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR la protección constitucional a la parte quejosa DELMY DEL JESÚS MENA ARANDA, en contra de la orden de cateo de diez de septiembre de dos mil veinte, y su ejecución, que atribuye a las autoridades responsables. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, ya que ese acto reclamado no se controvierte por vicios propios, sino como consecuencia de su participación en la ejecución del acto de la autoridad judicial ordenadora. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de reimpresión de este fallo. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclama al Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral Del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán; Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, y Agentes de la institución a su cargo; Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y Agentes policiales a su cargo, así como del Fiscal de la Agencia Décimo Quinta Investigadora del Ministerio Público, con sede en Tizimín, Yucatán, por los motivos precisados el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito presentado por ******, autorizado en términos amplios por la parte quejosa, por medio del cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de dos de febrero del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el original del certificado parcelario 0060732 de dieciocho de noviembre del dos mil once, relativo a la parcela 7 Z1 P1/1 del Ejido Presidente Kennedy, del municipio de Buctzoz, Yucatán, expedido a favor de la quejosa está ofrecido como prueba en el diverso amparo con el número 799/2020-IV-A del índice de este Juzgado, por lo que no puede presentarlo físicamente. Por lo anterior, solicita se realice la compulsa y se coteje el documento digital relativo a dicho certificado parcelario exhibido en los autos de este juicio de amparo con el original anexo al diverso 799/2020-IV-A, para que obre en el presente con la certificación correspondiente. En atención al escrito de cuenta, se acuerda favorable dicha solicitud, por lo que procédase a la compulsa, cotejo y certificación del documento digital relativo al certificado parcelario 0060732 de dieciocho de noviembre del dos mil once, relativo a la parcela 7 Z1 P1/1 del Ejido Presidente Kennedy, del municipio de Buctzoz, Yucatán, expedido a favor de la parte quejosa, para que se realice la certificación del documento digital de mérito, y pueda ser agregada, a fin de que sea tomada en consideración al momento de resolver sobre la resolución que se dicte en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución dictada en el toca 416/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Delmy de Jesús Mena Aranda, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno; así como los autos del juicio de amparo 889/2020-IV-B. En la resolución recibida, se advierte que la Superioridad en sus resolutivos, resolvió: "PRIMERO.- SE REVOCA la resolución impugnada. SEGUNDO.- SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 889/2020-IV-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Delmy de Jesús Mena Aranda, en contra de actos atribuidos al Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán y, otras autoridades.". Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento a las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Glósese a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, se requiere a la quejosa, la exhibición del documento ORIGINAL del certificado parcelario 0060732 de dieciocho de noviembre de dos mil once, relativo a la parcela 7 Z/1 P1/1 del ejido Presidente Kennedy, del municipio de Buctzoz, Yucatán, expedido a su favor. Con motivo de lo anterior, se señalan como nuevas fechas y hora las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene que la parte quejosa ofreció la probanza consistente en las testimoniales a cargo de LUIS ANTONIO MAZUM CAUICH y NELSON SERAFÍN MENA PACHECO, por tanto, debe desahogarse al tenor del interrogatorio exhibido. Para lo anterior, prevéngase a la parte quejosa para que el día y en la hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional, presente a los atestes de mérito en el recinto judicial de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes que el desahogo de las referidas testimoniales, se realizará con testigos presenciales en sede judicial, en la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de ley ya citada. Con el apercibimiento a la parte quejosa que de no acudir los citados testigos en la fecha y hora indicadas, se tendrán por desiertas dichas probanzas; en la inteligencia de que al momento de celebrarse la audiencia constitucional se hará la calificativa de Ley de los interrogatorios propuestos. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y por su conducto a los testigos, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio número 8082/2021, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Delmy de Jesús Mena Aranda, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo Elvin Daniel Perera Góngora, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se admitió bajo el número de Toca 416/2021, del índice de la Superioridad. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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