Delmar Chancanyun Kin

Expediente 16/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
16/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2018

Partes del expediente

  • Delmar Chancanyun Kin

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso Delmar Chancanyun Kin, en proveído de nueve de enero de dos mil dieciocho, para que precisara concretamente los actos reclamados, a cada autoridad, especificando si alguno de estos los reclama del Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, se provee respecto a la demanda de amparo. Visto el estado de autos se advierte que Delmar Chancanyun Kin, promovió demanda de amparo contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 2. Notificador Habilitado de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ciudad. Los que hizo consistir en: "VII.- ACTOS RECLAMADOS POR AUTORIDADES RESPONSABLES: DEL PLENO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA Y NOTIFICADOR HABILITADO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA, se le reclama: A. La notificación ilegal de la audiencia 3 para el día 4 de Enero del ario 2017 a las 11:30 horas, dentro del archivo de investigación SSPC/U1A/A1/1364/2017, por no correr traslado de las copias de las constancias que integran el archivo de investigación SSPC/UIA/A1/1364 /2017, y no realizarse en un plazo razonable para tener la posibilidad de obtener las pruebas que demuestren lo contrario, violando en consecuencia mis derechos de audiencia, a ofrecer pruebas y rendir alegatos y a tener una defensa adecuada". DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, toda vez que el acto no fue emitido en un juicio sino en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Efectivamente, los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos transcritos se advierte que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a que se refiere el último numeral en comento, han sido precisados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, es importante destacar lo que se entiende por derechos sustantivos y adjetivos. Los primeros son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República , a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Por su parte, los segundos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios de jurisprudencia ha precisado que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, es conveniente precisar que en la demanda de amparo, Delmar Chancanyun Kin, expresó que el tres de enero de dos mil diecisiete, fue notificado para la audiencia programada para al cuatro de enero del citado año, dentro del archivo de investigación SSPC/UIA/AI/1364/2017, en el que se fijaron las once horas con treinta minutos para el desahogo de la citada audiencia. Asimismo, que no se le dio a conocer con precisión los hechos y conductas que dieron origen a ese procedimiento y menos, se le corrió traslado con las copias de las constancias que integran dicho archivo de investigación. De lo hasta aquí expuesto se colige que al aquí quejoso Delmar Chancanyun Kin, el tres de enero de dos mil diecisiete, se enteró de la existencia del procedimiento administrativo SSPC/UIA/AI/1364/2017, con motivo de diversas faltas administrativas. Que fue notificado en dicha fecha, comunicándole que la audiencia de ley se programó para el cuatro de enero de dos mil diecisiete; pero que, no se le corrió traslado con las copias de las constancias que integran dicho archivo de investigación. Actos que constituyen los actos reclamados en este asunto. De lo anterior expuesto se colige, que el acto que reclama el aquí quejoso (la notificación de la fecha de la audiencia programada para el cuatro de enero de dos mil diecisiete en la que la responsable omitió correrle traslado con las copias de las constancias que integran el archivo de investigación SSPC/UIA/AI/1364/2017), fue emitido dentro del procedimiento administrativo adversarial SSPC/UIA/AI/1364/2017, que se le instruye y se rige por lo previsto en el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vigente en el Estado. Al respecto, cabe señalar que acorde con lo expuesto por el quejoso en su demanda, se advierte que el acto reclamado fue emitido antes de la celebración de la audiencia de ley programada en los autos del mencionado procedimiento administrativo adversarial y por ende, previo a que se emita la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento, esto es, previo a la determinación del acreditamiento o no de las faltas disciplinarias que se le atribuyen. En ese sentido, si el acto reclamado que tiene que ver con la notificación de la fecha de la audiencia programada para el cuatro de enero de dos mil diecisiete en la que la responsable omitió correrle traslado con las copias de las constancias que integran el archivo de investigación SSPC/UIA/AI/1364/2017, fue emitido durante la etapa del procedimiento disciplinario adversarial, regido por el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vigente en el Estado; es inconcuso que no afecta algún derecho sustantivo del aquí quejoso, porque constituye un acto que fue emitido dentro del referido procedimiento diseñado para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y en general a toda intervención de quienes participen en él, y que al fin de cuentas, está sujeto a la apreciación, que en su caso, emita la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al decidir la controversia en definitiva. Por tanto, la notificación de la fecha de la audiencia programada para el cuatro de enero de dos mil diecisiete en la que la responsable omitió correrle traslado con las copias de las constancias que integran el archivo de investigación SSPC/UIA/AI/1364/2017, no genera una ejecución que sea de imposible reparación en su esfera jurídica de derechos, pues no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso. En ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto la ley de la materia establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea instaurada, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía constitucional afecten materialmente derechos sustantivos y en el caso, el acto que se atribuye a las autoridades responsables, consistente en la notificación de la fecha de la audiencia programada para el cuatro de enero de dos mil diecisiete en la que la responsable omitió correrle traslado con las copias de las constancias que integran el archivo de investigación SSPC/UIA/AI/1364/2017, no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues no constituye una afectación directa a un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues no es de aquellos que contempla la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que éste de modo alguno tiene la característica propia de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 47/90 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el a quo y por los propis recurrentes, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los actos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por ende, atendiendo a la estructura del juicio de amparo indirecto, se concluye que las lesiones de que se duele el solicitante de derechos fundamentales, en relación con el acto reclamado a las autoridades responsables, se reitera, no colma los presupuestos de procedibilidad para someterse a estudio en este juicio, por tratarse de cuestiones procesales. Aunado a que los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando se formule la decisión que se pronuncie con relación a la resolución que ponga fin a ese procedimiento. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad instructora competente, anteponiendo el interés particular al de la sociedad; aunado a que en el caso no se restringe la libertad, derechos o posesiones del aquí inconforme, por lo que no puede interpretarse como una violación de derechos fundamentales en su perjuicio. En el caso, como se dijo los actos reclamados consisten en la notificación dentro del procedimiento administrativo disciplinario SSPC/UIA/AI/1364/2017, iniciado en contra de Delmar Chancanyun Kin. Asimismo, se desprende que se notificó el inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra para que compareciera ante el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al desahogo de la audiencia de ley, para lo cual señaló fecha y hora. De lo anterior, se advierte con claridad que los actos reclamados no constituyen la resolución definitiva, pues se trata del inicio e integración del procedimiento administrativo disciplinario respectivo, más no de la resolución que pone fin al mismo. A mayor abundamiento, se desprende que dichos actos no son de imposible reparación, ya que no afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México es parte, pues no existe constancia en la que se advierta que se haya decretado la suspensión del quejoso en sus labores, ni que se le hayan dejado de pagar sus emolumentos, tampoco la suspensión de los servicios médicos. Se afirma de este modo, pues sus únicos efectos se traducen en desarrollar en todas sus etapas el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra Delmar Chancanyun Kin, en el cual puede ofrecer pruebas y alegar, a fin de que las autoridades responsables determinen si su conducta desplegada amerita o no una sanción en términos de la legislación aplicable. Aunado a lo anterior, se advierte que el acto reclamado no se trata en sí mismo de la omisión de notificarle el inicio de procedimiento administrativo instaurado en su contra, sino que aduce que la notificación se realizó sin habérsele proporcionado la documentación correspondiente; de ahí que se afirme que tales actos no afectan ningún derecho sustancial, sino únicamente de carácter adjetivo o procesal, lo que sustenta que el procedimiento se encuentra en trámite, toda vez que sólo existe el auto que decretó su inicio, la audiencia de pruebas y alegatos a la cual el quejoso no acudió, pero sin que exista resolución que decida en definitiva dicha controversia. Además, tal acto, como ya se dijo, no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la citada Comisión pronuncie su determinación en el procedimiento administrativo adversarial SSPC/UIA/AI/1364/2017. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del numeral 107, a contrario sensu, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente al promovente

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ******** contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 2. Notificador Habilitado de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 3. Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 16/2018-I. PREVENCIÓN El artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con lo ordenado en el artículo 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo; por lo que resulta necesaria la prevención en términos del numeral 114, fracciones I, II y IV, de la citada ley. Dichos numerales establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada". Ello es así, pues la parte quejosa en el apartado de los actos reclamados en su escrito inicial de demanda señala lo siguiente: "VII.- ACTOS RECLAMADOS POR AUTORIDADES RESPONSABLES: DEL PLENO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA Y NOTIFICADOR HABILITADO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA, se le reclama: A. La notificación ilegal de la audiencia 3 para el día 4 de Enero del ario 2017 a las 11:30 horas, dentro del archivo de investigación ********** por no correr traslado de las copias de las constancias que integran el archivo de investigación ********** y no realizarse en un plazo razonable para tener la posibilidad de obtener las pruebas que demuestren lo contrario, violando en consecuencia mis derechos de audiencia, a ofrecer pruebas y rendir alegatos y a tener una defensa adecuada". Sin embargo, en el capítulo de autoridades responsables señala con tal carácter al Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, diversa a las que precisa en el capítulo de actos reclamados, y de la cual no se advierte el acto que reclama de esta. Por lo anterior, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: 1. Precise concretamente los actos reclamados, a cada autoridad, especificando si alguno de estos los reclama del Órgano Prosecutor de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad. 2. Exhiba copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, las que serán distribuidas entre las mimas. Tiene apoyo el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Tesis VI.1o.C.18 K Novena Época, Página: 1716, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se proveerá respecto a la admisión de la demanda de amparo únicamente respecto de las autoridades señaladas como responsables de las que sí precise los actos que reclama. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala; y, autorizando con las facultades amplias que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** y únicamente para los efectos que precisa a la diversa persona que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Martín Alfonso Martínez Molina, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/4688/2017, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, asistido del secretario que autoriza Arturo Gómez Castro, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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