Delma Toledo Castillo
Expediente 1419/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/01/2019
Partes del expediente
- Delma Toledo Castillo
Actuaciones
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...SE DECLARA FIRME EL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE DECRETO EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...ARCHIVESE COMO CONCLUIDO EL PRESENTE ASUNTO...PROCEDASE A SU DESTRUCCION UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TERMINO ESTABLECIDO...
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POR LAS RAZONES EXPUESTAS, LO PROCEDENTE ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SE DEJA SIN EFECTOS...
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NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO.POR LAS RAZONES EXPUESTAS, LO PROCEDENTE ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SE DEJA SIN EFECTOS...
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Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, rindiendo informe con justificación; al efecto, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda. Con apoyo en el citado numeral, póngase a la vista de las partes el informe de referencia, para que manifiesten lo que a su derecho estimen pertinente. Relaciónese en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa a su informe de ley la responsable, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, dado que de las constancias anexas al informe de ley rendido por la responsable se advierte, entre otras cosas, que el Fiscal del Ministerio Público de la Mesa de Trámite Número Uno Adscrito a la Dirección de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, ordenó girar oficio al Encargado del Corralón para efecto que haga entrega física y material del Recurso Forestal Maderable, mismo que quedó a disposición de la quejosa Delma Toledo Castillo, para entregarlo a su destinatario; así, para estar en aptitud de resolver el presente juicio de derechos, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, envíe copia certificada del oficio dirigido al Encargado del Corralón, en el que ordena se haga entrega física y material del Recurso Forestal Maderable, a la quejosa Delma Toledo Castillo, el cual dejó a disposición de la citada impetrante; apercibida que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 238, primera parte y 260 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."
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