Delina Guadalupe Álvarez Ruiz y Otros.

Expediente 1342/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1342/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Delina Guadalupe Álvarez Ruiz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 3. Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1342/2022-3-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular se estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos impugnados por la parte quejosa, consistentes en: "A. De la H. Secretaria de Educación del Estado de Chiapas se reclama: 1. La omisión de solicitar a la H. Consejería Jurídica del Gobernador, autoridad Responsable señalada en el inciso "B", la autorización sobre la procedencia para el pago de las obligaciones, contenidas en el laudo de fecha 21 de octubre de 2015, por la cantidad total de $782,862.45 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 45/100 M.N.) concedido en el expediente laboral número actual *** (antes ***), el cual manifiesto bajo protesta de decir verdad que la responsable ya ha sido notificada de dicho laudo por parte de la autoridad jurisdiccional e incluso se han realizado tres requerimientos de pago con fechas 08 de noviembre de 2017, 20 de febrero de 2019, 16 de octubre de 2019, y con fecha 18 de mayo de 2022 se desahogó la diligencia de REGUERMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, con resultados infructuosos. 2. El no haber enviado el correspondiente informe por escrito y con soporte digital a la Consejería Jurídica del Gobernador en el término de treinta días hábiles a la entrada en vigor del Decreto aludido, respecto del número de juicios laborales, administrativos, mercantiles y todos aquellos cuyo pago represente una erogación en dinero con cargo a su presupuesto, así como los bmientos administrativos en los que sean parte, actuando en cumplimiento de lo señalado por el artículo 3 transitorio. B. De la H. Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas se reclama: 1. La omisión de realizar el análisis sobre la procedencia de pago de las prestaciones económicas que se derivan del laudo de fecha 21 de octubre de 2015, por la cantidad total de $782,862.45 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 45/10 M.N.) concedido en el expediente laboral número actual *** (antes ***) 2. El no haber emitido la correspondiente autorización sobre la procedencia para el pago de las obligaciones, contenidas en el laudo de fecha 21 de octubre de 2015, por la cantidad total de $782,862.45 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 45/10 M.N.) concedido en el expediente laboral número actual *** (antes ***). 3. El no haber emitido el dictamen en el que se determine la procedencia o improcedencia del pago de las prestaciones económicas adeudadas, contenidas en el laudo de fecha 21 de octubre de 2015, por la cantidad total de $782,862.45 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 45/10 M.N.) concedido en el expediente laboral número actual *** (antes ***). C. De la H. Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas se reclama: 1. El no haber proveído lo necesario para liberar los recursos correspondientes para realizar el pago de las obligaciones contenidas en el laudo de fecha 21 de octubre de 2015, por la cantidad total de $782,862.45 (SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 45/10 M.N.) concedido en el expediente laboral número actual *** (antes ***), tomando en consideración el dictamen emitido por la H. Consejería Jurídica del Gobernador para los efectos correspondientes." Lo anterior, pues a juicio de quien aquí resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este ley". Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". La fracción XXIII, del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal, que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Para llegar a esa definición, es menester señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. De igual forma, la jurisprudencia 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que lleva por título "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo que se sigue, que en relación a los actos combatidos en esta vía constitucional, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones de naturaleza meramente laboral, al existir una relación obrero patronal, entre la impetrante de amparo y la autoridad responsable 1. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, ya que esta tiene el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de la entidad con sus trabajadores, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las restantes responsables forman parte del proceso correspondiente a fin de lograr el pago de las obligaciones contenidas en el laudo de veintiuno de octubre de dos mil quince, concedido en el expediente laboral número actual *** (antes ***). Lo anterior, debido a que la parte quejosa reclama esencialmente las gestiones necesarias para que las autoridades responsables realicen el pago de las obligaciones contenidas en el laudo de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral número actual *** (antes ***). Por tanto, en contra de los citados actos no procede el juicio de amparo, pues no se trata de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. En efecto, aquellas tienen su origen en una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de la relación. Ciertamente, el artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. Luego, cualquier acción u omisión del Estado -trátese de cualquier dependencia- investido de esa calidad, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado, con motivo de la dilación en ejecución de laudo, deben ser ventilados ante la autoridad ordinaria competente y no ante los órganos de control constitucional. En efecto, si de las autoridades que señala como responsables en esencia reclama la falta de realizar las gestiones necesarias para el pago de las obligaciones contenidas en el laudo de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral número actual *** (antes ***), ello implica que el actuar impugnado no sea equiparable a un acto de autoridad debido a que aquella tiene su origen en una relación patrón-empleado que los vincula, regulada por ordenamientos de derecho laboral. Ello es así, pues de los antecedentes que constituyen los actos reclamados narrados bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia que anexó a su escrito de demanda, se advierte que la parte quejoso promovió un juicio burocrático en contra de la Secretaría de Educación del Estado, en el cual se vio beneficiado con el laudo dictado. Por tanto, la posición de la parte quejosa frente a las autoridades, no es la de un gobernado, sino la de un trabajador derivado del vínculo laboral que los unió. Es así que las autoridades que señala como responsables, en su carácter de patrón y las que intervienen en el proceso relativo a las gestiones para lograr el cumplimiento de laudo, no realizan actos equivalentes a los de autoridad. Aunado a lo expuesto con anterioridad, tiene a su alcance los medios legales para hacer cumplir lo resuelto en el laudo de de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral número actual *** (antes ***), ante la autoridad laboral que lo emitió. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Asimismo, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que a la letra señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Igualmente, sustenta lo antes expuesto la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." También sirve de sustento, por las razones expuestas, la jurisprudencia 1053, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL CESE DE LOS." De igual forma abona a lo anterior, la tesis P. XXVIII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe a la letra se transcribe: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL." También sustenta lo aquí expuesto, la tesis VII.2o.T.60 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyo rubro a la letra se transcribe: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA QUE ES VINCULADA POR EL TRIBUNAL DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL LAUDO, EN TÉRMINOS DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ." En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo; de modo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***, por propio derecho, por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el que señala en su escrito de demanda. En atención a la solicitud que realiza la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del mencionado Acuerdo General, se le autoriza con el usuario "***", para la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, de cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Además, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***, ya que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos a ***, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el referido sistema, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar lo que a su derecho corresponda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de los correos electrónicos que proporciona, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx, o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LINEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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