Delia Vera Contreras
Expediente 323/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Delia Vera Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Glósese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, a través del cual comunica el acuse de recibo del diverso 12170 y anexos, que se remitieron para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Tesorera Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, contra la sentencia que se emitió en este asunto. Asimismo, informa que la presidencia de su dependencia admitió a trámite el citado recurso de revisión; el cual quedó radicado con el número 378/2023; de lo que se toma nota para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente José Alberto Morelos Gómez, Secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/3616/2023 de esa fecha; con el licenciado Ramiro García Simón, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe. Doy fe.
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MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran en su totalidad las constancias de notificación practicadas a las partes, de la resolución pronunciada, así como del proveído por medio del cual se les notificó la interposición del medio de impugnación hecho valer por la Tesorera del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; con apoyo en el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, para la substanciación de dicho medio de impugnación, el original del presente juicio, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios mediante el cual la autoridad responsable interpuso recurso de revisión. CÚMPLASE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por la autoridad responsable Tesorera del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en atención a su contenido, se le tiene interponiendo RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia dictada en el presente juicio; procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 82, 83, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y una vez que el expediente de que se trata se encuentre debidamente integrado, esto es, que obren en autos las constancias de notificación a las partes, de la sentencia recurrida y del presente auto; remítanse éstos a la superioridad, para la substanciación del recurso de revisión que hace valer la promovente, para lo cual se ordena a la secretaria vigilar el cumplimiento del mandato. Fórmese cuaderno de antecedentes y distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios para los efectos legales correspondientes. Para mayor prontitud de la tramitación del recurso, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias; con independencia de que se remitan los autos originales. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Rosa María Viloria Velasco, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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MESA III ".. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 323/2023 ... C O N S I D E R A N D O:******************** PRIMERO. Competencia.******************** Este juzgado federal es competente para conocer y********************resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa, seguido ante entidades de la misma naturaleza, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional.**************************************** SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.******************** Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo.**************************************** Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:**************************************** "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto".**************************************** Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables:**************************************** 1. Al Congreso del Estado de Oaxaca, la inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, año fiscal 2021; publicado en el periódico extra de veinte de febrero de dos mil veintiuno.******************** 2. Del Municipio de Oaxaca de Juárez y Tesorera Municipal, el Primer acto de aplicación, consistente en el pago del impuesto de traslado de dominio**************************************** 3. Del Gobernador del estado de Oaxaca, la publicación de la Ley de Ingresos de veinte de febrero de dos mil veintiuno.**************************************** Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. **************************************** TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados.******************** La Tesorera Municipal y el Municipio de Oaxaca de Juárez, por conducto de la Síndica primera del Ayuntamiento, en su informe justificado, al que la última se adhiere al de la primera, en una parte refieren que los actos reclamados, sin particularizar, son PARCIALMENTE CIERTOS; en otra, refieren que ES CIERTO, con respecto a la aplicación del artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez; y, por último señalan que NO ES CIERTO el acto reclamado que implica "el cobro del pago del impuesto de traslado de dominio."**************************************** No obstante esa indefinición, en el caso el acto que se reclama a dichas autoridades señaladas como responsables NO ES CIERTO, porque quien voluntariamente, autoliquidó el pago de la contribución reclamada, lo fue la propia quejosa.**************************************** En esa circunstancia, ante la INEXISTENCIA de los actos reclamados a dichas autoridades, LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EN EL JUICIO, de conformidad con el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo.**************************************** Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367 del tomo XXVI, agosto de 2007, Registro digital: 171860, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente:******************** "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora".**************************************** CUARTO. Existencia de los actos reclamados.******************** El Presidente de la Junta de Coordinación Política de a Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado en representación de éste, dijo que ES CIERTO el acto reclamado con respecto a la APROBACIÓN del decreto 2380 de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, continente de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.**************************************** Por su parte, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado, al rendir su informe justificado en representación de aquel, dijo que ES CERTO el acto reclamado consistente en la promulgación y orden de publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.******************** ******************** QUINTO. Antecedentes del acto reclamado.******************** En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitida por la autoridad responsable **************************************** * Refiere la quejosa que en fecha trece de marzo de dos mil veintitrés, realizó el pago de la cantidad de ******************** en concepto de haber pagado el impuesto sobre traslado de dominio, integración al padrón municipal, cédula anual de situación fiscal inmobiliaria, avalúo inmobiliario, solicitud de trámite registro fiscal municipal, redondeo, multa por presentación extemporánea y recargo, por haber adquirido un bien inmueble.******************** Ello en cumplimiento del hecho imponible prevista en el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.**************************************** Lo que respalda con el comprobante fiscal digital de pago por Internet. ******************** SEXTO. Causas de improcedencia.******************** La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente:******************** "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".**************************************** Aduce la tesorera del Municipio de Oaxaca de Juárez, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, por extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo, pues con antelación al pago verificado del impuesto, cuya ley que lo regula se cuestiona de inconstitucional, la quejosa conoció del primer acto de aplicación de la ley, al entregársele con fecha ocho de septiembre de dos ml veintidós, la orden de pago número 131280 de siete de septiembre anterior.******************** ******************** De ese modo, señala, si el comprobante fiscal digital refleja que el pago del impuesto de traslado de dominio se verificó el trece de marzo de dos mil veintitrés, pero, con antelación la quejosa conoció del primer acto de aplicación (ocho de septiembre de dos mil veintidós), a la fecha en que presentó la demanda (veintinueve de marzo de dos mil veintitrés), el acto ya había sido consentido, y, por ende, al actualizarse la causal de improcedencia que opone, -dice la responsable- debe sobreseerse en el juicio.**************************************** Dicha causal de improcedencia ES INFUNDADA. **************************************** Lo anterior es así, porque conforme al texto de la tesis de jurisprudencia 55/97, Registro digital: 198200, consultable en la página 5 del tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, el acto de aplicación comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular, lo que quedó demostrado con el pago reflejado en el recibo de pago digital exhibido por la quejosa.******************** Dicha tesis señala: **************************************** "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento".******************** [Lo remarcado no es de origen]******************** ******************** Lo anterior, de modo particular, encuentra respaldo en el pago del impuesto reflejado en el recibo de pago exhibido por la peticionaria del amparo, en tanto que, como acto de voluntad de la contribuyente, revela la condición impuesta por la ley, es decir, su aplicación concreta, y ésta es punto de partida para el cómputo de a oportunidad de la presentación de la demanda, conforme a la jurisprudencia invocada en el considerando tercero, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367 del tomo XXVI, agosto de 2007, Registro digital: 171860, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:******************** "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.**************************************** No se observa otra causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, motivo por el cual se procede a atender los conceptos de violación formulados. **************************************** SÉPTIMO. Conceptos de violación.**************************************** Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción.**************************************** Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente:**************************************** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas********************generales", del libro primero "Del amparo en general", de********************la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios********************de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador********************realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."**************************************** No obstante lo anterior, la quejosa, en resumen, señala que:******************** 1.- Se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los numerales 1°, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el artículo 47 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Oaxaca de Juárez, que establece el pago de contribuciones sobre traslación de dominio contiene para su cálculo una tasa porcentual progresiva**************************************** 2.- Refiere que los contribuyentes que realicen actos traslativos de dominio serán responsables del pago del impuesto predial que prevé la ley de ingresos a partir del bimestre siguiente a la fecha de la celebración del acto traslativo de dominio.**************************************** Que en su caso concreto, la peticionaria adquirió un predio que tiene una base gravable de $ ******************** a la cual se le aplicó la tasa del 3.00 %, lo que se tradujo en un pago de E ********************, lo que lesiona su esfera de derechos porque la ley no fue aprobada antes del inicio del presente año (sic), sino fue aprobada hasta el diez de febrero de dos mil veintiuno.**************************************** 3.- Independientemente de lo anterior, remarca, el cálculo y consecuente pago está basado en una tabla progresiva, que ha sido declarado inconstitucional por violentar el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental, por incidir en la capacidad contributiva de los contribuyentes, con demérito de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.**************************************** Redunda la inconstitucionalidad del impuesto pagado por su parte, porque se toma como base para su cálculo la referida tabla progresiva porcentual sin que exista fundamentación y motivación que justifique la contribución, atentando con ello el principio de proporcionalidad tributaria al establecer tarifas progresivas en las que el aumento de la base gravable, es decir, el valor del inmueble, provoca un aumento en la tasa aplicable que eleva el monto de la totalidad del tributo en una proporción mayor la que acontece en el rango inmediato anterior.**************************************** OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad o no del acto reclamado.**************************************** Los conceptos de violación, estudiados en su conjunto, resultan FUNDADOS Y SUFICIENTES para conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, porque esencialmente el acto de aplicación reclamado, que encuentra su fuente en la voluntad propia del particular que autoliquidó el tributo, se funda en una norma que por atentar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, vulnera en su perjuicio el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **************************************** El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal que consagra los principios que se deben respetar en materia tributaria; dicho precepto literalmente dispone:******************** "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:******************** [.]******************** IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."**************************************** Del precepto legal transcrito se desprenden los principios de justicia fiscal de proporcionalidad y equidad que, en materia tributaria, deben observar las leyes respectivas.**************************************** En materia de impuestos, la proporcionalidad consiste, en esencia, en la obligación que todo ciudadano tiene de contribuir a los gastos públicos acorde a su real capacidad económica.**************************************** Por su parte, el principio de equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.**************************************** Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 642, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria, página 1790, con registro 1011934, que es del tenor siguiente:******************** "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo********************tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula".**************************************** Así, del referido artículo constitucional y criterio jurisprudencial citado, es posible concluir que la proporcionalidad consiste, básicamente, en la obligación que todo ciudadano tiene de contribuir a los gastos públicos en una proporción lo más cercana posible a su capacidad económica; y el principio de equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación e igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.******************** Ahora, el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca (cuya inconstitucionalidad se reclama), es del tenor siguiente:******************** ******************** "Artículo 47. El impuesto sobre traslación de dominio se causará y pagará aplicando las siguientes tasas:****************************************BASE GRAVABLE TASA APLICABLE********************I. De 1.00 a $400,000.99 2.00%********************II. De $400,001.00 a $1,2000,000.99 2.50%********************III. De $1,200,001.00 a $2,800,000.99 3.00%********************IV. De $2,800,001.00 a $6,000,000.99 3.50%********************V. De $6,000,001.00 a $12,400,000.99 4.00%********************VI. De $12,400,001.00 en adelante 4.50%**************************************** La tasa aplicable de este impuesto será del 2% en el caso de vivienda habitacional que no exceda el valor que resulte de multiplicar por diecisiete veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, elevada esta cantidad al año.******************** Los contribuyentes que realicen actos traslativos de dominio, serán responsables del pago del Impuesto Predial que prevé la Ley de Ingresos a partir del bimestre siguiente a la fecha de celebración del acto traslativo de dominio, que figure en las constancias catastrales. Para el caso de que el propietario anterior ya hubiese realizado pagos por concepto de Impuesto Predial, los importes pagados por dicho concepto contributivo podrán ser compensados fiscalmente contra el adeudo que resulte con motivo del traslado de dominio. En ningún caso el importe pagado por el propietario anterior podrá acreditar de manera total el importe adeudado por el nuevo propietario, a menos que las bases gravables determinadas sean iguales o inferiores.".**************************************** Por su parte, los numerales relacionados con el impuesto reclamado disponen:**************************************** "Artículo 42. El objeto de este Impuesto es la adquisición de inmuebles y los derechos sobre los mismos, así como los demás actos jurídicos señalados en el artículo 24 de la Ley de Hacienda Municipal.".******************** "Artículo 43. Los sujetos de este impuesto las personas físicas o morales que adquieran bajo cualquier título, bienes inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que la Ley de Ingresos se refiere, independientemente del nombre que le asigne la ley que regula el acto que les de origen.".******************** "Artículo 44. La base de este impuesto se determinará en los términos del artículo 26 de la Ley de Hacienda Municipal, tomando en cuenta el resultado de la aplicación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que sirvieron de base para la determinación del impuesto predial.".******************** "Artículo 45. Este impuesto deberá pagarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice las operaciones objeto de este impuesto, aun cuando el contrato se celebre con reserva de dominio o la venta sea a plazo.******************** El pago del impuesto deberá hacerse dentro del mismo plazo cuando se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan:******************** I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal cuando se extinga;******************** II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación independientemente del que se causa por el cesionario o por el adquiriente;******************** III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación en los términos del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y******************** IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva.******************** En los casos no previstos en las fracciones anteriores, el pago deberá realizarse cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes.******************** En todos los trámites relativos a la traslación de dominio de un bien inmueble ubicado en la jurisdicción territorial del Municipio, el propietario anterior y el fedatario público responden solidariamente del impuesto que deba pagar el adquirente.".******************** "Artículo 46. Para determinar la Base Gravable de este impuesto se aplicará lo establecido por el artículo 36, 37 y 40 de la Ley de Ingresos.".******************** "Artículo 48. Los sujetos obligados al pago de este impuesto, deberán de enterarlo de forma conjunta con los derechos relativos a la Integración al Padrón Fiscal Inmobiliario, Cédula Anual de Situación Fiscal Inmobiliaria, Avalúo Inmobiliario y en su caso la Verificación Física, así como los conceptos accesorios y demás que se determinen a su cargo, en la Unidad de Recaudación dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que se realice el acto generador, utilizando para tal efecto las formas de declaración y determinación aprobadas por las Autoridades Fiscales.******************** Cuando el sujeto obligado no realice la Traslación de Dominio dentro del término establecido en el párrafo anterior, la Autoridad Fiscal estará facultada, para realizar el cobro de multas por concepto de extemporaneidad, y en su caso para determinar presuntivamente la Base Gravable para el cobro de este impuesto.******************** Para el caso de que el contribuyente no declare la Traslación de Dominio de un bien inmueble que no se encuentre inscrito dentro del Padrón Fiscal Inmobiliario, se considerará a este bien inmueble como predio oculto, y la Autoridad Fiscal ejercerá sus facultades de comprobación y determinará el pago del Impuesto Predial de cinco años inmediatos anteriores a aquél en que se comprobó la Traslación de Dominio, incluyendo los conceptos accesorios a que da lugar dicha omisión, así como también, podrán determinar y hacer efectivo el cobro de las contribuciones relativas propiamente a la traslación de dominio.".**************************************** De los citados preceptos, se obtienen los siguientes elementos del Impuesto Sobre Traslación de Dominio:******************** - Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, las construcciones adheridas a él, ubicadas en el Municipio de Oaxaca de Juárez, así como los derechos relacionados con los mismos.******************** - Objeto: La adquisición de bienes inmuebles y los derechos sobre los mismos.******************** - Tasa: Los seis rangos respecto de los límites inferior y superior, contenidos en una tabla, así como una tarifa progresiva que aumenta en correlación con el aumento de dichos límites.******************** - Época de pago: Treinta días naturales siguientes a la fecha en que se realice el acto generador. Base gravable: Tabla de valores unitarios de terreno por metro cuadrado y claves de zonificación.******************** Así, la tasa del Impuesto Sobre Traslado de Dominio prevista en el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio dos mil veintiuno (que se tilda de inconstitucional), se estructura conforme a un sistema de rangos determinados entre un mínimo y un máximo según el valor mayor que resulte de la tabla de valores unitarios de terreno por metro cuadrado y claves de zonificación -que constituye la base gravable-, con una tarifa progresiva aplicada a ésta, según el rango en que se ubique. **************************************** En relación con lo anterior, debe puntualizarse que, al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, en sesión de doce de mayo de dos mil ocho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tratándose de impuestos que recaen sobre la propiedad raíz -como lo es el Impuesto Sobre Traslado de Dominio-, la capacidad económica de los contribuyentes puede gravarse diferencialmente a través de tarifas progresivas, a fin de que en cada caso el impacto sea distinto.******************** Es así, pues aun cuando el legislador cuenta con un amplio margen para la configuración de los elementos esenciales del tributo, la tasa o tarifa impositiva debe ser coherente con su naturaleza a fin de evitar que se ponga en riesgo un postulado constitucional o el acceso a valores mínimos humanos; motivo por el cual, la idoneidad de la tasa o tarifa establecida por el legislador es un factor fundamental para determinar si el tributo de que se trata vulnera o no el principio de proporcionalidad********************tributaria.******************** Así, el Pleno del máximo Tribunal del País, sostuvo que para analizar la idoneidad de la tasa o tarifa de una contribución es importante considerar las diferencias existentes entre los distintos tipos de tasas y tarifas aplicables.******************** Bajo ese tenor, de las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que:******************** - El tipo de cuota progresiva (tarifa) aumenta a medida que incrementa la base gravable.******************** - Mientras que el tipo de cuota porcentual (tasa) no se modifica ante la variación de la base gravable sino que permanece estable.******************** - Sin embargo, ambos tipos impositivos son compatibles con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria -como lo es el Impuesto Sobre Traslado de Dominio-, en tanto permiten medir con precisión la capacidad contributiva del causante.******************** En esas condiciones, la aplicación de una tasa fija a cualquier nivel de patrimonio particular no supone que se contribuya de manera desigual, en virtud de que, ante la variación de la base tributaria, la tasa, aunque es la misma, conlleva a que el contribuyente pague más o menos conforme a esa modificación, reconociéndose así********************la capacidad contributiva individual.******************** Igual acontece tratándose de la tarifa progresiva, la que, al variar en función de la modificación de la base gravable, permite que pague más quien revela una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción.******************** De tal forma que la diferencia entre un sistema y otro radica, medularmente, en que en la tasa fija la variación de la cuota tributaria depende únicamente de la modificación de la base gravable, mientras que, en la tarifa progresiva, depende tanto de la variación de dicha base como del porcentaje aplicable. ******************** En esa tesitura, es evidente que tratándose del Impuesto Sobre Traslado de Dominio, tanto la tasa fija como la tarifa progresiva son idóneas para obtener la cuota tributaria respectiva y, por ende, en ejercicio de su potestad tributaria el legislador puede establecer una u otra.******************** Precisado lo anterior, es indispensable indicar que la progresividad de la tarifa -como criterio constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria-, se consigue mediante la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable definidos entre un límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y la tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior, dado que ello permite cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante, ya que la tasa no se********************aplica sobre el total de la base, sino únicamente a la porción que excede de cada rango y al resultado se le suma la cuota fija, cuya cuantía debe corresponder a la del impuesto a pagar en el límite superior del rango inmediato anterior, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y********************otro.******************** En esas condiciones, las disposiciones que establecen tarifas progresivas en las que el aumento de la base gravable provoca un aumento en la tasa aplicable que eleva el monto de la totalidad del tributo en una proporción mayor a la que acontece en el rango inmediato inferior, son violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, por tratarse de tasas que no atienden a la capacidad contributiva de los gobernados, ni otorgan un trato equitativo, porque generan un aumento considerable del impuesto proporcionalmente mayor al incremento de la base gravable.******************** Ello, porque las tarifas gravan en mayor medida la totalidad de la base y no solamente la porción que excede en cada rango, lo que implica un trato desigual con los rangos anteriores de que se trate; es decir, la razón de la inconstitucionalidad de las tarifas progresivas********************radica en que gravan la totalidad de la base gravable de manera indiferenciada y no solamente la porción que exceda de cada rango establecido por dichas tarifas, lo que implica que el tipo de tasas en comento no toman en cuenta que los rangos mayores incluyen en parte a los menores, por lo que en esos segmentos deben tributar igual.******************** Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y contenido siguientes:******************** "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS. Las normas jurídicas que al establecer una tarifa para el pago de un impuesto prevén una estructura de rangos y tasas en la cual el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable, que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior, conlleva un incremento en la tasa aplicable, que eleva el monto a enterar de la contribución en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable, no atienden a la capacidad contributiva de los gobernados, ni otorgan un trato equivalente a los que realizan el mismo hecho imponible, pues al rebasar los contribuyentes en una unidad el límite superior de un rango y quedar comprendidos en el********************siguiente, les resulta un aumento considerable del impuesto a enterar, proporcionalmente mayor al incremento de la suma gravada, y si se toma en cuenta que la tarifa progresiva grava el hecho imponible en su totalidad y no solamente en la porción que exceda de cada rango, opera un salto cuantitativo en la tasa, lo que implica un trato desigual en relación con los contribuyentes que se ubiquen en el tope del rango inmediato inferior.".**************************************** Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa refiere que el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, es inconstitucional debido a que las tarifas del impuesto reclamado, señaladas en el cuadro insertado anteriormente, resultan desproporcionales e inequitativas, lo que resulta acertado.******************** Es así, pues el artículo reclamado contempla tasas diferenciadas en las fracciones II a VI que no inciden sobre el excedente del límite inferior, sino que afectan la********************totalidad de la base gravable; lo que implica un salto desproporcional en la tasa, porque el contribuyente que supera un límite pagará más que los que se ubiquen en el tope del rango inmediato anterior, por el mismo monto de base gravable.******************** De manera que todos los sujetos que adquieran un bien inmueble no se encuentran en igual situación, aun cuando realizaran el mismo hecho generador, situación que resulta incongruente con el principio de proporcionalidad y equidad tributarias, ya que, como se precisó con anterioridad, las tasas progresivas son constitucionales si atienden la estructura de distintos rangos o parámetros de la base gravable definidos entre un límite mínimo y uno máximo, con la cuota fija y la tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior; ello, pues de dicha manera se estaría en posibilidad de cuantificar el gravamen en atención a la verdadera capacidad contributiva del causante. Se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 270, Tomo XXVI, Julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y texto:******************** "RENTA. EL MECANISMO DE PROGRESIVIDAD APLICADO EN LA TARIFA DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE MEDIRSE CONFORME AL INCREMENTO DE LA ALÍCUOTA AL CAMBIAR DE RENGLÓN, Y SU AUMENTO DEBE SER PROPORCIONAL CON EL INGRESO. Una mejor adaptación de la carga tributaria a la capacidad contributiva de las personas físicas obligadas a su pago, tratándose de un gravamen directo como el impuesto sobre la renta, que grava una manifestación inmediata de dicha capacidad, se cumple a través de las tarifas progresivas. Ahora bien, para que exista un mecanismo de progresividad es necesario que además de establecerse una estructura de rangos, con cuotas y tasas aplicables sobre el límite inferior, se analice su efectividad con la aplicación de la tarifa, ya que una ruptura con la proporcionalidad de la tarifa implicaría no expresar la real capacidad contributiva apreciada por el legislador para imponer un tributo. Así, la progresividad de la tarifa no se traduce solamente en el incremento en la alícuota al cambiar al renglón siguiente, sino también en que el aumento de aquélla sea proporcional con el ingreso, lo cual significa que para analizar la efectiva progresividad de la tarifa debe atenderse al mecanismo que la establece, relacionándolo con la cantidad comprendida entre un límite inferior y uno superior, además de valorarse que el aumento de la alícuota entre un renglón y otro sea proporcional al del ingreso que conduce al cambio de renglón, de manera que la medición se haga con el comparativo del renglón superior, que es el parámetro para determinar el ascenso en el impacto tributario ante la aplicación de una tarifa progresiva.".**************************************** Bajo esas consideraciones, las tasas progresivas contenidas en el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en relación al Impuesto de Traslado de Dominio, en específico en sus fracciones II a VI, violan las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al imponer una tasa a la totalidad de la base gravable y no solo a la porción que excede de cada rango.******************** En el caso particular, de la orden de pago municipal exhibida por la tesorería del municipio de Oaxaca de Juárez, se advierte que la base gravable del impuesto de que se trata es de $**************************************** Atendiendo a dicho monto, así como a la tabla prevista en el numeral 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se advierte dicha cantidad se ubica en su fracción III, la cual prevé como un límite mínimo la suma de $1,200,001.00 y como límite superior la cantidad de a $2,800,000.99 9 y cuya tasa aplicable es de 3.00%. ******************** Por tanto, los datos previstos en la aludida fracción III de la tabla que se analiza, no satisfacen el principio de proporcionalidad tributaria, razón por la cual, el resultado obtenido como Impuesto Sobre Traslación de Dominio no puede considerarse válido por provenir de una mecánica de cálculo que transgrede lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.******************** Bajo esas consideraciones, al resultar FUNDADOS los conceptos de violación de la quejosa e inconstitucional el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitado por ********************contra actos del Congreso del Estado de Oaxaca, para el efecto de que:******************** I. En el ámbito de sus atribuciones, el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sin que con ello quede liberada de la obligación de pagar el tributo en su totalidad, pues no se aplicará la fracción III, sino la I, de la Tabla contenida en aquel numeral, por ser la inmediata anterior que no se encuentra viciada; y cuando la base de las operaciones que realice lleguen hasta el límite superior de esa tabla, paguen tan solo la tasa mínima.******************** II. El Tesorero Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, deberá devolver a la quejosa la cantidad enterada excedente, debidamente actualizada que haya pagado, según se advierta de las operaciones correspondientes que se realicen al ubicarlo en la fracción I de la tabla prevista en el citado artículo 47.******************** III.- De igual forma, deberá de devolver a la quejosa la cantidad enterada excedente que en su caso, derive del pago realizado por concepto de recargos, ya que éstos también deberán ser calculados tomando la tasa del 2% prevista en el artículo 47 de la citada ley.******************** Efectos que de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo, deberán concretarse dentro del plazo de tres días siguientes al en que cause ejecutoria la presente resolución.******************** Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 592, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que es del tenor siguiente:******************** "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, La autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada.".**************************************** La presente concesión no implica anular el cobro de los derechos restantes que se detallan en el recibo oficial que anexa a su demanda (por el cual se enteró el Impuesto de Traslación de Dominio), relativos a integración al padrón fiscal municipal, cédula anual de situación fiscal inmobiliaria, avalúo inmobiliario, solicitud de trámite de registro fiscal municipal y multa por presentación extemporánea, ya que éstos no fueron materia de estudio de esta resolución.**************************************** Es así, en la medida que los efectos de la concesión debe tener efectos limitados hacia los preceptos impugnados individual o conjuntamente, sin abarcar a todo el ordenamiento legal por virtud de un acto concreto de aplicación, pues la inconstitucionalidad del citado precepto en estudio es referente a un elemento variable, y el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, pues se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.**************************************** Por otra parte, la concesión del amparo no impone ninguna obligación de hacer o anular para el Congreso del Estado de Oaxaca, debido a que se trata de una autoridad que participó en el proceso creador de la norma, y por virtud del principio de relatividad de las sentencias, la concesión del amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente la norma jurídica, pues no afecta la vigencia del ordenamiento impugnado, ni lo priva de su eficacia general, sino que se inaplica únicamente en el caso concreto.******************** Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 135, Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:******************** "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general".**************************************** Así también, se precisa que el sobreseimiento decretado en este juicio de amparo respecto de los actos atribuidos al Municipio y Tesorero de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no les impide acatar lo señalado en los párrafos que preceden, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución; como lo sostiene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 470, Tomo XXI, Enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:******************** "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.".**************************************** Finalmente, se precisa que los criterios invocados en esta sentencia son aplicables al caso, en términos de los artículos décimo y décimo primero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en vigor al día siguiente de su publicación **************************************** Cabe precisar que resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que se sostuvieron similares consideraciones a las precisadas en esta determinación, en los siguientes juicios de amparo: ******************** del índice de este propio juzgado, - ********************del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca - ********************del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. - Amparo en revisión ********************del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, que desechó el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables municipales en el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al considerar esencialmente que:******************** ? Si en un juicio de amparo se controvierte la constitucionalidad de una norma general y se reclama la iniciativa de esa ley, al no participar en la emisión o su promulgación, las autoridades a quienes se atribuye la iniciativa no están legitimadas para interponer el medio de impugnación mencionado.******************** ? Por tanto, por regla general, tales autoridades carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concede el amparo contra una norma general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación; ya que tal determinación no les causa perjuicio, al no estudiarse la constitucionalidad del acto que se les atribuye.******************** ? Ello, con independencia de los argumentos que tales autoridades expresen en el recurso de revisión, aun cuando acudan a éste invocando causas de improcedencia, sin referirse al fondo del asunto, pues, en tales hipótesis, su falta de legitimación subsiste, por lo que no pueden recurrir la sentencia del juez de amparo cuando la protección constitucional respecto del acto reclamado a tales autoridades no fue por vicios propios, ni participaron en la emisión o promulgación.******************** ? En consecuencia, si el juez de Distrito concede el amparo solicitado en relación con una norma general y no por vicios propios del acto atribuido, solamente las autoridades que participaron en su proceso de creación cuentan con la legitimación requerida para acudir a la instancia revisora.******************** ? En la inteligencia que, precisamente conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo, tampoco podría considerarse que las autoridades municipales tengan "legitimación" por ser "autoridades vinculadas" al cumplimiento de la sentencia; porque, se insiste, no les afecta directamente el acto materia de la litis constitucional.******************** NOVENO.- Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis.********************Por lo expuesto y fundado, se ****************************************R E S U E L V E:******************** ******************** PRIMERO.- SE SOBRESEE en el juicio en términos del considerando tercero de este fallo. ******************** SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************en los términos y para los efectos fijados en el considerando octavo de esta resolución.********************NOTIFÍQUESE ****************************************
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