Delia Mesta Villegas
Expediente 876/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Delia Mesta Villegas
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Flores Gándara, quien aduce ser abogado patrono de la quejosa Delia Mesta Villegas, contra actos del Tribunal Superior Agrario en Ciudad de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 876/2019-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Ahora bien, debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Improcedencia. En el caso, este juzgado advierte que con relación a la demanda que se presenta, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 5°, fracción I, 6° y 11 de la ley de la materia, ya que el abogado patrono, como en el caso lo es Juan Francisco Flores Gándara, carece de legitimación para interponer la demanda de amparo; es decir, no está facultado para instar la litis constitucional. Los citados preceptos de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." En términos de las disposiciones legales transcritas, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. Lo anterior significa que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo; es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8°, 15, y 16, de la Ley de Amparo, ya que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo, en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los quejosos o diversas a quienes legalmente los representen. Ahora bien, los artículos 119 y 120, del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 119. Asistencia técnica profesional. Las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho. La intervención de los abogados o licenciados en derecho para la asistencia técnica de las partes podrá llevarse a cabo en dos formas: I. Como patronos de los interesados. II. Como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo. Las partes podrán revocar con causa justificada la designación de abogados patronos y de procuradores, y los poderes que tuvieren otorgados, y a su vez, los abogados patronos y los procuradores, tendrán siempre el derecho de renunciar al patrocinio o mandato; casos en los cuales, la renuncia sólo surtirá efectos una vez que se haya notificado a la parte, a quien patrocinan y haya transcurrido un término razonable, que fijará el juzgador, para que designe sustituto. Cuando la parte nombre varios abogados patronos, o si en el mandato figuran varios procuradores, se determinará cual es el principal y quienes los sustitutos. En caso de omisión, el juzgador determinará dicho orden. Si las partes no se hacen asistir por un abogado o licenciado en derecho, el juzgador les nombrará uno, seleccionándolo dentro del cuerpo de defensores de oficio de la localidad de que se trate. El abogado defensor de oficio que actúe en patrocinio gratuito, comparecerá como patrono, expresando ese carácter. El patrono, defensor de oficio, no puede renunciar, pero el juzgador podrá sustituirlo cuando advierta deficiencias o falta de actividad, comunicando esta circunstancia al titular de la dependencia. Solo será dispensado del deber de patrocinio la parte que cuente con título de abogado o de licenciado en derecho. Los abogados o licenciados en derecho deberán de tener su título inscrito en el Tribunal Superior de Justicia y contar con cédula profesional expedida en los términos de la Ley de Profesiones del Estado." ARTÍCULO 120. Designación de abogados patronos y procuradores. La designación de procurador, se efectuará mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil, con las facultades y limitaciones que expresamente se determinen. Las partes podrán también otorgar el mandato, mediante escrito que dirigirán al juzgador y que ratificarán en su presencia, en el que fijarán las facultades que desean conferirle al procurador. Los abogados patronos y defensores de oficio, serán designados por la parte, mediante ocurso presentado al juzgador; entendiéndose que por el solo hecho de su designación, están autorizados para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado. La parte podrá comparecer a las audiencias asistido de un abogado, autorizándolo para intervenir únicamente en ese acto, en cuyo caso, se hará constar esta circunstancia en el acta respectiva. Cuando intervengan varios abogados patronos o procuradores, autorizados para actuar indistintamente, la carga comunicada por conducto de cualquiera de ellos, se entenderá impuesta a la parte. Así mismo, cualquiera de ellos, podrá promover a nombre de la parte el acto que a ésta le corresponda." En estos numerales, en lo que interesa, se prevé la posibilidad de que las partes en el procedimiento civil autoricen a un abogado patrono, para que, con el sólo hecho de su designación, estén facultados para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado Ahora bien, el contenido de estos numerales, debe interpretarse apegándose a las reglas del juicio de amparo, especialmente, al principio de instancia de parte agraviada y, bajo esa premisa, el abogado patrono, si bien es cierto que puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses de la quejosa, también lo es que esa amplitud no puede llegar a la facultad de realizar cualquier acto en su nombre como ocurre en la vía ordinaria ya que, tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar conforme a las disposiciones de la ley de la materia, en el sentido que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta de la quejosa o a su representante legal. Así, bajo el principio de instancia de parte agraviada, que es como deben interpretarse las reglas del juicio de amparo, el abogado patrono, queda subordinado a lo dispuesto en los artículos 107 Constitucional y 6 de la Ley de Amparo, en los cuales, en primer lugar, se precisa que el juicio de amparo sólo puede instarse por el titular de un derecho violado o su representante legal y, en segundo, se encomienda a ese representante a actuar como si éste hubiere recibido el agravio personal y directo, dando cabida únicamente a estos últimos la promoción del juicio de amparo, cuestión que no se configura tratándose del abogado patrono, pues sus atribuciones son similares a las de un autorizado, pero no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Las anteriores consideraciones, permiten concluir que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la quejosa o su representante legal; en consecuencia, tal medio de defensa no se encuentra disponible para los abogados patronos designados en términos de los artículos 119 y 120 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, pues éstos sólo están legitimados en la jurisdicción ordinaria. Ahora, en el caso, la demanda de amparo indirecto fue promovida por Juan Francisco Flores Gándara, en su carácter de abogado patrono de Delia Mesta Villegas. Por consiguiente, este juzgado federal, estima que Juan Francisco Flores Gándara, con el carácter que aduce comparecer, carece de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto, ya que sus facultades como tal, están limitadas al procedimiento de origen y no llega al extremo de que pueda realizar cualquier acto, incluyendo promover el juicio de amparo. Ello es así, debido a que el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta de la quejosa, pues atento a tal principio, la promoción del juicio de amparo se encuentra reservada a la persona física o moral a quien le afecte el acto, lo que puede hacer por sí o por medio de su representante, sin que el abogado patrono tenga tal carácter. Por su exacta aplicación, se cita la jurisprudencia VIII.2o.C.T. J/1 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1615, que dice lo siguiente: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE SU REPRESENTADO. Del artículo 119 citado, se advierte que las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho y que la intervención de los abogados puede realizarse de dos formas: a) como patronos de los interesados; y, b) como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo; por su parte, el artículo 120 indicado prevé la designación de abogados patronos y procuradores. En ese contexto, la designación de la figura del procurador se efectúa mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil o por escrito ratificado ante el Juez; mientras que la de abogado patrono y defensor de oficio, se hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado. De esta forma, su distinción estriba en que el procurador actúa mediante mandato y el abogado patrono o defensor de oficio únicamente con la designación mediante ocurso presentado al juzgador, por lo que el primero es un mandatario o representante legal y los segundos sólo tienen el carácter de autorizados para efectuar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, con la excepción mencionada; lo anterior permite concluir que un abogado patrono designado en términos de los citados artículos 119 y 120, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, porque la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al juicio civil; lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo, en la que, conforme al principio de parte agraviada y acorde con la porción conducente del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 6o. de la Ley de Amparo, la demanda en materia civil debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal." Igualmente, la diversa tesis VIII.2o.C.T. 1 C (10ª), del mismo Tribunal Colegiado y que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 8, julio de 2014, Tomo II, página 968, tesis aislada, con número de registro 2006898, cuyo texto es: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA). Del artículo 119 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se puede advertir que las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho y que la intervención de los abogados puede realizarse de dos formas, a saber: a) como patronos de los interesados y, b) como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo; por su parte, el artículo 120 del citado ordenamiento legal prevé la designación de abogados patronos y procuradores. En ese contexto, la designación de la figura del procurador se efectúa mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil o mediante escrito ratificado ante el Juez; mientras que la de abogado patrono y defensor de oficio, se hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado. De esta forma, su distinción estriba en que el procurador actúa mediante mandato y el abogado patrono o defensor de oficio únicamente con la designación mediante ocurso presentado al juzgador, por lo que el primero es un mandatario o representante legal y los segundos sólo tienen el carácter de autorizados para llevar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, con la excepción mencionada; lo anterior permite concluir que un abogado patrono designado en términos de los citados artículos 119 y 120, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, porque la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al juicio civil; lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo, en la que conforme al principio de parte agraviada y acorde con la porción conducente del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 6o. de la Ley de Amparo, la demanda en materia civil debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal." Sin que lo aquí determinado, entrañe una violación al derecho de acceso a la justicia, puesto que el derecho fundamental de acceso y tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17, párrafo segundo constitucional y en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido abordado e interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se entiende, sustancialmente, como la posibilidad o prerrogativa a favor de los gobernados de promover la actividad jurisdiccional y ser parte dentro de un proceso en el que, una vez satisfechos los requisitos procesales previstos por el legislador ordinario, permita obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas, observando siempre la satisfacción de los principios que integran este derecho, como son de justicia: 1) pronta; 2) completa; 3) imparcial; y 4) gratuita. Así, el derecho a la tutela judicial efectiva implica, en primer término, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, a que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales, en un segundo momento, el derecho a que en tal proceso se sigan las formalidades esenciales a fin de no dejar al justiciable en estado de indefensión y, en tercer lugar, el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución. En este contexto, el principio de tutela judicial efectiva no entraña un derecho humano ilimitado, desmedido o exento de un orden jurídico razonable, sino que se encuentra sujeto a límites y restricciones que forman parte de otro bien tutelado que es la seguridad jurídica que implica el cumplimiento de determinados requisitos, como la instauración de un juicio o procedimiento que colme las exigencias legales para su procedencia, pues de lo contrario, si no existe el ejercicio del derecho de acción para plantear una específica pretensión, se obligaría a las autoridades jurisdiccionales a resolver conflictos de manera oficiosa o se les facultaría para analizar asuntos cuyas exigencias sean jurídicamente inviables. Así, dentro de los límites de ese principio, está la procedencia del medio de defensa que inste el particular, para lo cual, verbigracia, tratándose del juicio de amparo, debe verificarse que resulte procedente contra los actos reclamados, para poder estudiar los conceptos de violación aducidos por parte la quejosa o, de lo contrario, deberá sobreseerse, al existir una justificación jurídica que impide analizar los planteamientos de fondo. Del mismo modo, la necesidad del establecimiento de causas de improcedencia, como límite al ejercicio del derecho humano y fundamental de acceso a la impartición de justicia, se justifica en virtud de la existencia de condiciones imprescindibles para el nacimiento, desarrollo y conclusión válida de un litigio, que doten de certeza, seguridad jurídica y legalidad al fallo que se emita, entre las cuales se encuentra la relativa a que la demanda se promueva por quien se encuentre legitimado para instar la litis constitucional, esto es, por la propia quejosa o por su representante o apoderado. Limitante que se fija normativamente para dotar de certeza a las situaciones jurídicas existentes, porque de este modo, si no se cuestionan, la presunción de legalidad de que gozan los actos de autoridad se consolida y los dota de firmeza, por la aceptación de su validez por parte del sujeto en contra de quien se dictó. Por consiguiente, si la autorización del abogado patrono, sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen, entonces, como ya se estableció, debe decretarse que la demanda que con ese carácter se promueva resulta notoriamente improcedente, lo cual no es violatorio del derecho humano de acceso a la justicia, porque los motivos de improcedencia que lo originan constituyen, por regla general, un límite razonable y proporcional para su ejercicio. Lo anterior, aun cuando el artículo 11 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la personalidad o representación que se tenga reconocida ante la autoridad responsable sea admitida en el juicio de amparo indirecto, ya se trate del quejoso o del tercero interesado; debe advertirse que la figura procesal del abogado patrono, únicamente revela un carácter procesal, quien por disposición de la ley, queda facultado para llevar a cabo las actuaciones procesales señaladas por cuenta y en defensa de los derechos del autorizante, pero se insiste, dentro del proceso de origen respectivo, y no en nombre, ni en representación, ni como extensión de la personalidad de su autorizante. En las relatadas consideraciones, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 5°, fracción I, 6° y 11, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo de leyes, se desecha la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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