Delia Margarita Herrera Carballo

Expediente 745/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
745/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Delia Margarita Herrera Carballo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Del estado procesal del expediente y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por las autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 177-184 de autos), se concedió a ******, el amparo solicitado para el efecto que la Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente ******. 2. Y, en su lugar, emitiera una nueva determinación en la que resolviera conforme a derecho proceda el recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa, contra el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, pero atendiendo a los razonamientos establecidos en la sentencia de amparo; en el entendido que debía subsanar las deficiencias de motivación destacadas en la ejecutoria de amparo. II) Por auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 191 de autos). III) Mediante oficio 1616 recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 196-198 de autos), la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, remitió inserto en dicho oficio el acuerdo de trece de marzo del año en curso, emitido en el expediente ****** , con el cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) En acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable (foja 200 de autos); y mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo del año en curso (fojas 206-209 de autos), la parte quejosa desahogó dicha vista. V) Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 213-215 de autos), se determinó que la sentencia de amparo se encontraba en vías de cumplimiento, por tanto, se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. VI) En consecuencia, por oficio 2245 recibido en este órgano jurisdiccional el cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 223-226 de autos), el Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, remitió inserto el acuerdo de cuatro de abril del año en curso, emitido en el expediente *****, con el cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VII) En acuerdo dictado el ocho de abril de dos mil diecinueve (foja 229 de autos), se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector; y mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de abril del año en curso (fojas 236-240 de autos), la parte quejosa desahogó dicha vista. VIII) Por auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 243-247 de autos), se determinó que la sentencia de amparo se encontraba en vías de cumplimiento, por tanto, se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. IX) En consecuencia, por oficio 2655/19 recibido en este órgano jurisdiccional el ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 258 de autos), el Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al respecto remitió copia certificada del acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, emitido en el expediente ***** (fojas 259-262 de autos), con el que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. X) En acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 263 de autos), se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector; sin que hubieran realizado manifestación alguna. Precisado lo anterior, del análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve emitido en el expediente ***** (fojas 259-262 de autos), dejó insubsistente el diverso de diez de julio de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; así como los proveídos de trece de marzo y cuatro de abril de dos mil diecinueve, con los cuales previamente pretendió dar cumplimiento al fallo protector. 2. Asimismo, al resolver de nueva cuenta el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, determinó que eran infundados los agravios, por los siguientes motivos: - Si bien el auto recurrido de nueve de mayo de dos mil dieciocho era consecuencia de los acuerdos de ocho de noviembre de dos mil dieciséis y doce de mayo de dos mil diecisiete, los cuales no tienen relevancia jurídica en la emisión del acuerdo impugnado; sin embargo, la negativa de nombrar interventor sin fijar fianza obedece a lo dispuesto por el artículo 576, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tal como se advierte del auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. - Por ello la autoridad responsable no está facultada para eximir de dicha fianza al interventor aun cuando éste no cuente con los recursos para poder otorgarla, ya que la única excepción a dicha disposición de otorgar fianza es en relación con los herederos de conformidad con el artículo 586 del referido código, pero no existe disposición que permita dispensar de esa obligación al interventor, por lo que las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la ley les permite, por ende, no está en condiciones de nombrar interventor sin que otorgue la fianza correspondiente para el buen manejo de la administración de la sucesión. De ahí que resulten infundados los agravios de la recurrente, ya que por auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, a petición de la aquí quejosa, se designó como interventor a *****, habiéndose fijado una fianza de $*****(**** moneda nacional), por lo que con independencia de la firmeza de los autos dictados con antelación a la designación del referido interventor, lo cierto es que si la quejosa consideraba que le deparaba perjuicio la designación del citado interventor y la fijación de la fianza respectiva, debió impugnar el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete oportunamente a través del recurso idóneo, lo cual no aconteció, por lo que al ser un acto consentido no recurrido por la aquí quejosa, resulta improcedente el recurso de revocación. - Asimismo, no se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 584 del Código Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque en el caso no existen herederos ausentes, ni menores de edad o incapacitados sin representante, por lo que no cobra aplicación el referido precepto; aunado a que el Ministerio Público o Fiscal soló representa los intereses de las partes que fallecen durante el juicio, pero no puede tener representación si muere antes de iniciado el juicio. - Finalmente, el derecho precluido de la parte quejosa es que no se puede eximir de la fianza al interventor; sin embargo, eso no implicaba que hubiera expirado el derecho a nombrar otro interventor con un fianza igual o inferior a la que se fijó en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, "es decir, la sucesión de **** no puede quedarse sin un representante que en el caso sería cualquiera de los herederos o en caso de la negativa de éstos, de un interventor y si bien en el caso justiciable ninguno de los herederos aceptó el cargo de albacea tampoco lo hizo el licenciado ****, interventor designado, no deja de ser cierto también que esta autoridad a petición de parte interesada puede designar un nuevo interventor, el cual, como se dijo, no se le puede relevar de la fianza pero puede esta autoridad, en su caso, tomando las consideraciones expresadas por la quejosa nombrar un interventor que garantice el buen manejo de los bienes objeto de la sucesión con una fianza más accesible a la persona que se nombre como interventor". De ahí que ante las razones expuestas debía confirmarse el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho. Lo anteriormente señalado demuestra que el Juez responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que si bien dijo que el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho era consecuencia de los diversos de ocho de noviembre de dos mil dieciséis y doce de mayo de dos mil diecisiete, agregó que ello no tiene relevancia jurídica; además precisó que la negativa de nombrar interventor sin fijarle fianza obedece a que por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el nombramiento del interventor con la respectiva fianza en términos de lo dispuesto por el artículo 576, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que no existía disposición que permitiera eximir de esa obligación a dicho interventor. Asimismo, señaló que el derecho precluido de la parte quejosa es que no se le puede eximir de la fianza al interventor; destacando que eso no implicaba que hubiera expirado el derecho a nombrar otro interventor con un fianza igual o inferior a la que se fijó en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en la carátula del presente juicio, así como en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, las copias certificadas del expediente *****, que obran en un tomo de pruebas; en virtud que ya no resultan necesarias por haberse dictado la sentencia correspondiente en este juicio...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable remite copia certificada de la resolución con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a las partes para que por escrito y dentro del término de tres días, computado legalmente, manifiesten lo que a su interés legal convenga; apercibidas que, de no hacerlo, este juzgado proveerá respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los datos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad responsable. Se instruye a los actuarios adscritos para que al momento de la notificación de este acuerdo, entreguen a las partes copia del oficio relacionado y su anexo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, mediante el cual anexa la constancia con la que pretende dar cumplimiento al fallo protector, sin embargo, se observa que la misma carece de firma en la certificación respectiva, por lo tanto, devuélvase tal documento a efecto que la autoridad responsable subsane tal irregularidad y hecho que sea la remita a la brevedad.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa y en atención su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en relación con la vista otorgada el ocho de abril del año en curso, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, del estado procesal del expediente y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, habiéndolo hecho la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de abril del año en curso; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por las autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 177-184 de autos), se concedió a *****, el amparo solicitado para el efecto que la Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente ***** 2. Y, en su lugar, emitiera una nueva determinación en la que resolviera conforme a derecho proceda el recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa, contra el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, pero atendiendo a los razonamientos establecidos en la sentencia de amparo; en el entendido que debía subsanar las deficiencias de motivación destacadas en la ejecutoria de amparo. II) Por auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (foja 191 de autos). III) Mediante oficio 1616 recibido en este órgano jurisdiccional el catorce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 196-198 de autos), la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, remitió inserto en dicho oficio el acuerdo de trece de marzo del año en curso, emitido en el expediente *****, con el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) En acuerdo de quince de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable (foja 200 de autos); y mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo del año en curso (fojas 206-209 de autos), la parte quejosa desahogó dicha vista. V) Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 213-215 de autos), se determinó que la sentencia de amparo se encontraba en vías de cumplimiento, por tanto, se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. VI) En consecuencia, por oficio 2245 recibido en este órgano jurisdiccional el cinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 223-226 de autos), el Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, remitió inserto el acuerdo de cuatro de abril del año en curso, emitido en el expediente ****, con el cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VII) En acuerdo dictado el ocho de abril de dos mil diecinueve (foja 229 de autos), se dio vista a las partes con las constancias que remitió la autoridad responsable, en cumplimiento al fallo protector; sin que hubieran realizado manifestación alguna. Precisado lo anterior, del análisis de las constancias de autos, se concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO. Lo anterior es así, ya que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, realizó lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 223-226 de autos), dejó insubsistente el diverso de diez de julio de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; así como el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, con el cual previamente pretendió dar cumplimiento al fallo protector. 2. Asimismo, al resolver de nueva cuenta el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, determinó que eran infundados los agravios, toda vez que: - Si bien el auto recurrido de nueve de mayo de dos mil dieciocho, era consecuencia de los acuerdos de ocho de noviembre de dos mil dieciséis y doce de mayo de dos mil diecisiete, los cuales no tienen relevancia jurídica en la emisión del acuerdo impugnado; sin embargo, la negativa de nombrar interventor sin fijarle fianza obedecía a que por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el nombramiento del interventor con la respectiva fianza en términos de lo dispuesto por el artículo 576, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. - La autoridad responsable no está facultada para eximir de dicha fianza al interventor aun cuando éste no cuente con los recursos para poder otorgarla, ya que la única excepción a dicha disposición de otorgar fianza es en relación con los herederos de conformidad con el artículo 586 del referido código, pero no existe disposición que permita dispensar de esa obligación al interventor, por lo que las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la ley les permite, por ende, no se estaba en condiciones de nombrar interventor sin que otorgue la fianza correspondiente para el buen manejo de la administración de la sucesión. - Por auto de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, a petición de la aquí quejosa, se designó como interventor a *****, habiéndose fijado una fianza de $***** (*****), por lo que con independencia de la firmeza de los autos dictados con antelación en relación a la designación del referido interventor, lo cierto es que si la quejosa consideraba que le deparaba perjuicio el acuerdo de veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, a través del cual se designó el citado interventor, y se fijó la fianza respectiva, debió oportunamente a través del recurso idóneo, lo cual no aconteció. - El siete de mayo de dos mil dieciocho, la ahora quejosa presentó un escrito en el que solicitó "que en virtud de que el interventor no aceptó el cargo se nombrara una albacea o interventor con facultades para demanda y contestar demandas, entre otras cosas, adujo la signante de ese escrito, que su solicitud descansaba en el hecho de que el interventor designado no había aceptado el cargo conferido y que nadie aceptaría el cargo en virtud de que nadie desembolsaría la cantidad de dinero fijada como fianza y que en términos del artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles, debía tenerse como interventor al fiscal adscrito a este juzgado. A tal solicitud recayó el auto de fecha nueve de Mayo del año dos mil dieciocho en donde se le dijo a la promovente debía estar a lo acordado en el auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, el cual, dicho sea de paso, para ese entonces se encontraba firme para todos sus efectos legales procedentes en términos de lo previsto por los artículos 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles, al no haber sido recurrido oportunamente". - En contra del auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, la quejosa interpuso recurso de revocación, pero debe observarse que el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete no fue recurrido; aunado a que en el precitado recurso se hacen valer agravios como el haberse decretado una fianza para la función del interventor, siendo que tal argumento debió ser planteado como agravio en contra del auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y no contra el auto de nueve de mayo de año dos mil dieciocho; además que no se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 584 del Código Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, porque en el caso no existen herederos ausentes, ni menores de edad o incapacitados sin representante, por lo que no cobra aplicación el referido precepto. - En tal virtud, los agravios expuestos en el recurso de revocación debieron hacerse valer contra el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, pero éste no fue recurrido y a la fecha cuenta con firmeza jurídica, tratándose de un acto consentido por la impetrante del amparo, actualizándose las hipótesis contenidas en los artículos 95, 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por lo que no podría designarse un interventor o albacea con facultades para contestar demandas siendo que ya se encuentra designado uno en autos, a quien incluso se le notificó su designación, sin habérsele concedido un término específico para la aceptación del cargo. - De tal suerte que se actualizaba lo previsto por el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que señala "una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse; salvo los casos en que la ley disponga otra cosa", dado que si impetrante estimaba que le causaba agravio el hecho de haberse fijado una fianza para el ejercicio de la función del interventor, debió haber recurrido en su momento dicha determinación. De ahí que ante las razones expuestas debía confirmarse el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho. Sin embargo, este órgano jurisdiccional determina que la autoridad responsable no ha subsanado en su integridad las violaciones formales destacadas en la sentencia de amparo. Lo anterior, pues si bien en el nuevo proveído refiere que el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho era consecuencia de los diversos de ocho de noviembre de dos mil dieciséis y doce de mayo de dos mil diecisiete, pero que estos no tienen relevancia jurídica; y precisa que la negativa de nombrar interventor sin fijarle fianza obedece a que por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó el nombramiento del interventor con la respectiva fianza en términos de lo dispuesto por el artículo 576, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, además que no existía ninguna disposición que permitiera eximir de esa obligación a dicho interventor. Y agrega que los agravios hechos valer en el recurso de revocación debieron de formularse en su oportunidad contra el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y no contra el auto de nueve de mayo de año dos mil dieciocho, pero que aquél no fue recurrido y que a la fecha cuenta con firmeza jurídica, tratándose de un acto consentido por la impetrante del amparo. Sin embargo, lo cierto es que se reiteró que el caso se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, pero no se expresó con claridad a qué derecho de hacía referencia, es decir, qué derecho se estimó como perdido para la quejosa, y en su caso, por qué la falta de impugnación del acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete daba origen a la pérdida de ese derecho. Se destaca esto último, ya que en la nueve resolución se hace alusión a una relación de dependencia entre el citado auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete y el auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho que fue recurrido. En consecuencia, SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, por lo que, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada del presente proveído, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector, lo que implica que deberá dejar insubsistente el acto reclamado consistente en el acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, emitido en el expediente *****, así como los diversos de trece de marzo y cuatro de abril de dos mil diecinueve, con los cuales pretendió dar cumplimiento al fallo protector. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de no cumplir, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los párrafos segundo y tercero del artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, y se dará trámite al procedimiento establecido en el primero de los artículos mencionados. Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones formuladas por la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de abril del año en curso (fojas 236-240 de autos); dígasele que se deberá estar a lo acordado en líneas precedentes.

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