Delia Leija Salas

Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
724/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Delia Leija Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de julio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el cuatro de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese por medio de lista y mediante oficio que se remita a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte la documental que remitió en vía de justificación, así como la presuncional en su doble aspecto (legal y humana) y la instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe de ley. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. De conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Publicación de datos. Téngasele manifestando que en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no tiene inconveniente para que se publique el presente juicio, así como los nombres de los involucrados. Estado de autos Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del informe justificado, así como los anexos remitidos por la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del anexo que acompañó la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a su oficio de cuenta, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable el veinte de junio del año en curso, dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de mayo de dos mil veintidós, la cual le fue notificada a Eduardo Zamarripa Leija, apoderado general para pleitos y cobranzas de Delia Leija Salas (aquí quejosa) el veintiuno de junio siguiente. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró haber dado respuesta favorable a la petición formulada por la parte agraviada, y haber notificado posteriormente a su apoderado general para pleitos y cobranzas dicha contestación, cuya omisión se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto omisivo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobre lo expresado es aplicable, por las razones que la informan, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, del tomo LXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE.- Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el doce de julio de dos mil veintidós.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de junio de dos mil veintidós. Recepción de pedimento. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos el pedimento de cuenta, toda vez que mediante acuerdo de trece de junio del presente año, se tuvo por recibido el mismo.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de junio de dos mil veintidós. Recepción de pedimento Con fundamento en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Se expide copia. Asimismo, como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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