Delia Karina Ayon Moreno

Expediente 351/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
351/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Delia Karina Ayon Moreno
  • Congreso del Estado de Sinaloa. Culiacán.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sentencia terminada de engrosar el trece de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Delia Karina Ayon Moreno, para los efectos que a continuación se transcriben: "(.) Desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracciones II y VII, y 111, fracción II, inciso d), dada su inconstitucionalidad, y no le sean aplicados en lo futuro hasta en tanto sea reformado. En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos el pago de las cantidades de $20,790.00 (veinte mil setecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,643.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) moneda nacional), consignadas mediante recibos oficiales con folios 0000642465 y 00006642464 (fojas 268 y 267), por concepto de derechos por la inscripción de una operación de compraventa y crédito simple con garantía hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, así como impuesto adicional. Sin que ello implique que la quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al veintidós de enero de dos mil veinte, por la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble y contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas, y Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que cancelen los recibos oficiales con folios 0000642465 y 0000642464 (fojas 268 y 267), y devuelvan al quejoso la cantidad debidamente actualizada que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, crédito simple con garantía hipotecaria e impuesto adicional, por las cantidades de $20,790.00 (veinte mil setecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,643.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional; previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, e impuesto adicional, en términos de lo previsto las fracciones II y VII del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.)" Determinación que causó ejecutoria el quince de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, y en cumplimiento al fallo protector mediante oficios SATES-DJ-DAAP-128/2021 y SATES-DJ-DAAP-296/2021 y SAF-PF-0569/2021, signados, los dos primeros, por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Mazatlán y el último memorial por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, comunicaron la forma en que procedieron a dar cumplimiento al fallo protector. Así las cosas, de lo expuesto por las autoridades responsables y de las constancias que allegaron al presente sumario, se desprende que EL FALLO PROTECTOR SE ENCUENTRA CUMPLIDO. Lo anterior, se considera así, en razón de que mediante oficios SATES-DJ-DAAP-128/2021, SATES-DJ-DAAP-296/2021 y SAF-PF-0569/2021, recibidos ante este juzgado el veintitrés de febrero y veintisiete de abril del año actual, y doce de marzo de este año, los dos primeros, suscritos por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Mazatlán, y el último signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, informaron esencialmente, y en el ámbito de sus funciones, que desincorporaron de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracciones II y VII, y 111, fracción II, inciso d), dada su inconstitucionalidad, y no le sean aplicados en lo futuro hasta en tanto sea reformado; y ordenaron cancelar los recibos oficiales con folios 0000642465 y 0000642464 y devolver, así como elaborar el cheque a la quejosa, respecto a la cantidad debidamente actualizada que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, crédito simple con garantía hipotecaria e impuesto adicional, por las cantidades de $20,790.00 (veinte mil setecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,643.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional; previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, e impuesto adicional, en términos de lo previsto las fracciones II y VII del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; y actualizada conforme a lo dispuesto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. En esa tesitura, del análisis comparativo del acto emitido por las autoridades responsables, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre constancia en autos de que el cheque expedido el tres de marzo del año en curso por parte de las autoridades responsables, no haya sido entregado a la quejosa, en razón de que por acuerdo de veintisiete de abril pasado, le fue notificado a la peticionaria de garantías a fin de que, dentro del plazo de tres días, contado legalmente, se presentara en las instalaciones que ocupa la Oficina de Recaudación de Mazatlán, dependiente de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, para que le sea entregado el referido cheque, o de ser el caso, manifestara si cuenta con alguna imposibilidad para ello, sin que transcurrido dicho plazo haya formulado manifestación al respecto, quedando así debidamente acatada la sentencia protectora. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 16/99, sustentada por la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, Marzo de 1999, Materia Común, Tomo XI, Novena Época, página 122, del texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa, y autoridades responsables, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, mediante el cual en síntesis se acordó: Visto el estado de los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista contenida en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno; por tanto, el suscrito procede a determinar con las constancias que obran en autos si la sentencia concesoria se encuentra cumplida en sus términos, o si hubo exceso o defecto en su cumplimiento, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sentencia terminada de engrosar el trece de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Delia Karina Ayon Moreno, para los efectos que a continuación se transcriben: "(.) Desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracciones II y VII, y 111, fracción II, inciso d), dada su inconstitucionalidad, y no le sean aplicados en lo futuro hasta en tanto sea reformado. En razón de lo expuesto, deberá dejarse sin efectos el pago de las cantidades de $20,790.00 (veinte mil setecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,643.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) moneda nacional), consignadas mediante recibos oficiales con folios 0000642465 y 00006642464 (fojas 268 y 267), por concepto de derechos por la inscripción de una operación de compraventa y crédito simple con garantía hipotecaria en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, así como impuesto adicional. Sin que ello implique que la quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados de los servicios prestados por el Estado, sino que solo deberá cubrir la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó al veintidós de enero de dos mil veinte, por la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble y contrato de crédito simple con garantía hipotecaria, pues ese es el costo de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tratándose de actos traslativos de dominio de bienes inmuebles De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas, y Director de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, ambos del Gobierno del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, a fin de que cancelen los recibos oficiales con folios 0000642465 y 0000642464 (fojas 268 y 267), y devuelvan al quejoso la cantidad debidamente actualizada que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, crédito simple con garantía hipotecaria e impuesto adicional, por las cantidades de $20,790.00 (veinte mil setecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,643.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional; previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, e impuesto adicional, en términos de lo previsto las fracciones II y VII del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.)" Determinación que causó ejecutoria el quince de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, y en cumplimiento al fallo protector mediante oficios SATES-DJ-DAAP-128/2021 y SATES-DJ-DAAP-296/2021 y SAF-PF-0569/2021, signados, los dos primeros, por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Mazatlán y el último memorial por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, comunicaron la forma en que procedieron a dar cumplimiento al fallo protector. Así las cosas, de lo expuesto por las autoridades responsables y de las constancias que allegaron al presente sumario, se desprende que EL FALLO PROTECTOR SE ENCUENTRA CUMPLIDO. Lo anterior, se considera así, en razón de que mediante oficios SATES-DJ-DAAP-128/2021, SATES-DJ-DAAP-296/2021 y SAF-PF-0569/2021, recibidos ante este juzgado el veintitrés de febrero y veintisiete de abril del año actual, y doce de marzo de este año, los dos primeros, suscritos por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Mazatlán, y el último signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, informaron esencialmente, y en el ámbito de sus funciones, que desincorporaron de la esfera jurídica del contribuyente la obligación de pagar los derechos registrales bajo las tarifas establecidas en el artículo 50, fracciones II y VII, y 111, fracción II, inciso d), dada su inconstitucionalidad, y no le sean aplicados en lo futuro hasta en tanto sea reformado; y ordenaron cancelar los recibos oficiales con folios 0000642465 y 0000642464 y devolver, así como elaborar el cheque a la quejosa, respecto a la cantidad debidamente actualizada que por concepto de derechos indebidamente pagó con motivo de la inscripción de derechos por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en esta ciudad, de la operación de compraventa de un bien inmueble, crédito simple con garantía hipotecaria e impuesto adicional, por las cantidades de $20,790.00 (veinte mil setecientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), y $5,643.00 (cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional; previo descuento a dicha suma del importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que se actualizó a la fecha de la operación, e impuesto adicional, en términos de lo previsto las fracciones II y VII del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa; y actualizada conforme a lo dispuesto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. En esa tesitura, del análisis comparativo del acto emitido por las autoridades responsables, con los efectos de la sentencia de amparo, se declara que esta última se encuentra CUMPLIDA, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no obre constancia en autos de que el cheque expedido el tres de marzo del año en curso por parte de las autoridades responsables, no haya sido entregado a la quejosa, en razón de que por acuerdo de veintisiete de abril pasado, le fue notificado a la peticionaria de garantías a fin de que, dentro del plazo de tres días, contado legalmente, se presentara en las instalaciones que ocupa la Oficina de Recaudación de Mazatlán, dependiente de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, para que le sea entregado el referido cheque, o de ser el caso, manifestara si cuenta con alguna imposibilidad para ello, sin que transcurrido dicho plazo haya formulado manifestación al respecto, quedando así debidamente acatada la sentencia protectora. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 16/99, sustentada por la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, Marzo de 1999, Materia Común, Tomo XI, Novena Época, página 122, del texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello."Consecuentemente, dado que no existe cuestión pendiente por determinar, acorde a lo establecido en el numeral antes indicado, SE ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Notifíquese el presente proveído a la parte quejosa, y autoridades responsables, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio SATES-DJ-DAAP-296/2021, enviado vía correo electrónico por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en representación del Jefe de Oficina de Recaudación de Mazatlán; en atención a su contenido, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, en razón de que por acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se recibió similar información.

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