Delia Josefina Gonzalez Loza.

Expediente 1408/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1408/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Delia Josefina Gonzalez Loza.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VIII.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la autoridad responsable Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual remite copia certificada de los acuerdos de veintiséis de octubre, diez y diecisiete de noviembre, todos de dos mil veintitrés, dictados en el expediente ********************. En ese sentido, tomando en consideración que en la sentencia dictada el tres de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo en que se actúa, se precisó que los efectos para los cuales se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, fueron a fin de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: ".procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé exacto y total cumplimiento a la sentencia de *** de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad ******************** del índice de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten el desahogo de los requerimientos formulados a las partes en el incidente de liquidación ordenados en autos de veintiséis de octubre y diecisiete de noviembre, ambos de dos mil veintitrés, dictados en el expediente ********************, relativo al pago de pensión a favor del quejoso ******************** Conforme a lo anterior, se apercibe a ********************, en su carácter de Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de ... Notifíquese. JRL

  2. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. En ese sentido, una vez notificado el presente proveído, y transcurrido el plazo indicado en el cuarto de los numerales invocados en el párrafo que antecede, ríndase el informe sobre la materia de la queja manifestando que ES CIERTO el acto que se impugna, ya que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; debiendo adjuntarse al citado informe el escrito original de agravios y copia certificada de las constancias pertinentes, a efecto de sustanciar el medio de impugnación. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VIII.- Agréguese a los autos el escrito de ***, por medio del cual desahoga la prevención de once de octubre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución interlocutoria de once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual declaró infundado el recurso de revocación que interpuso contra los autos de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en los que se indicó que, por el momento, no había lugar a continuar el procedimiento, hasta en tanto se resolviera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento, en los autos del juicio especial de desahucio ***. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [...] Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece -en vigor a la fecha- el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. [...] En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. Entonces, en el caso se afirma que el acto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, en la medida que únicamente tiene por efecto que el órgano jurisdiccional de primer grado evite continuar con el procedimiento (de facto, lo suspenda), hasta en tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, respecto del incidente de nulidad de emplazamiento; para que, una vez ocurrido esto, se continúe la secuela procesal, hasta el dictado de la sentencia definitiva que en derecho corresponda; condición que, en cualquier caso, se traduce en un aspecto puramente procesal, pero no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. [...] Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, dela Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES [...] HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    AVISO. MESA VIII.- Agréguese a los autos el escrito de ***, por medio del cual desahoga la prevención de once de octubre de dos mil veintitrés. DESECHAMIENTO [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La resolución interlocutoria de once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual declaró infundado el recurso de revocación que interpuso contra los autos de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en los que se indicó que, por el momento, no había lugar a continuar el procedimiento, hasta en tanto se resolviera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento, en los autos del juicio especial de desahucio ***. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: [...] Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece -en vigor a la fecha- el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. [...] En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. Entonces, en el caso se afirma que el acto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, en la medida que únicamente tiene por efecto que el órgano jurisdiccional de primer grado evite continuar con el procedimiento (de facto, lo suspenda), hasta en tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, respecto del incidente de nulidad de emplazamiento; para que, una vez ocurrido esto, se continúe la secuela procesal, hasta el dictado de la sentencia definitiva que en derecho corresponda; condición que, en cualquier caso, se traduce en un aspecto puramente procesal, pero no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. [...] Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Por tanto, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, dela Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES [...] HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA [...] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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