Delia Hernández Gámez
Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Delia Hernández Gámez
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia emitida el veintiuno de junio del año en curso, en la que se sobreseyó este juicio, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que no obre el acuse de la autoridad responsable, y se encuentre transcurriendo el término de los diez días respecto de dicha responsable, que establece el precepto antes citado, lo anterior en virtud que la sentencia emitida en este asunto, no le causa ningún agravio, de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, no existen documentos originales y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el trece de julio de dos mil veinticinco. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, puesto que se negó en definitiva la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 7.5 y punto 3 del artículo 8.1.2, ambos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el trece de julio de dos mil veinticinco. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el trece de enero de dos mil veintitrés. Agréguese este acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 138/2022; y, R E S U L T A N D O Primero. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, y recibido el día quince siguiente en este órgano jurisdiccional, Delia Hernández Gámez, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, promovió juicio de amparo indirecto, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades detallados en su escrito de demanda. Segundo. El dieciséis de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito desechó parcialmente la demanda en contra de los actos atribuidos a la secretaria de acuerdos adscrita al juzgado responsable, al no ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, y se admitió por cuanto se refiere al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; de igual forma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde y se requirió el informe justificado a la citada responsable. Tercero. Previa sustanciación del juicio, una vez integrado este expediente, se celebró la audiencia constitucional con las formalidades debidas y con el resultado que aparece en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero (Competencia). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. Segundo (Precisión del acto reclamado). En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y analizando la demanda en su integridad, procede determinar cuál es el acto o actos que constituyen la materia de estudio del juicio de amparo. En mérito de lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de dictar proveído respecto al escrito que presentó el cinco de enero de dos mil veintidós, relativo al recurso de apelación que interpuso en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que presentó, en los autos del juicio ordinario civil 1270/2020 del índice de la responsable. Lo que, indica, se traduce en la una falta de aplicación del numeral 210, último párrafo, en relación con los artículos 61 y 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, así como del 41, fracciones II y XIV, 164, fracciones I, III, VI, XI y XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Tercero (Certeza del acto reclamado). La autoridad responsable, Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe con justificación, si bien reconoce parcialmente el acto reclamado, de su contenido se evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, existía la omisión en el juicio natural que ahora se reclama, lo cual se corrobora con las copias certificadas enviadas como apoyo de sus actos, valoradas de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, al tratarse de documentos públicos, cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas; de tal manera que se establece la certeza del acto reclamado. Cuarto (Causales de improcedencia). Las causas de improcedencia son de orden público, por tanto, de estudio preferente, tal como lo determina el artículo 62 de la Ley de Amparo, mismas que deberán estudiarse de oficio por el juzgador, sean alegadas o no por las partes. A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. Explicado lo anterior, tenemos que en el particular se configura la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)." De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Una vez explicado lo anterior, tenemos que en el particular, la aquí quejosa, mediante escrito y anexos recibidos el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, ante el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.D.L.H., demandó de Leonardo Daniel Lezama Rivera, en la vía ordinaria civil, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, a favor de ella y de su menor hija (fojas 2 a 27 del tomo de pruebas). Por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, dio trámite a la demanda, ordenó formar expediente, registrarlo con el número 1270/2020-VIII y correr traslado a la parte demandada; asimismo, decretó como medida cautelar una pensión alimenticia provisional a favor de la parte actora, consistente en el treinta por ciento (diez por ciento para la madre y veinte por ciento para la menor) del sueldo diario y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias y de todos los ingresos que percibe el deudor alimentario (fojas 28 a 34 del tomo de pruebas). Se emplazó a juicio al demandado (fojas 41 a 45 del tomo de pruebas) y, mediante escrito de doce de febrero de dos mil veintiuno, Leonardo Daniel Lezama Rivera dio contestación a la demanda e interpuso recurso de reclamación en contra de la medida provisional decretada a su cargo, entre otras cuestiones (fojas 49 a 80 del tomo de pruebas). Con motivo de lo anterior, en proveído de cinco de abril del citado año, el juzgado responsable tuvo al aquí tercero interesado dando contestación a la demanda e interponiendo el citado recurso, con lo cual ordenó dar vista de la parte actora por el término de tres días, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera (foja 48 del tomo de pruebas); vista que fue desahogada por ésta mediante escrito recibido en auto de mayo de dos mil veintiuno (fojas 82 a 87 del tomo de pruebas). En auto de tres de septiembre posterior, entre otras cosas, se fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia prevista en el artículo 219 del código procesal civil (fojas 88 a 93 del tomo de pruebas). El siete de octubre de dos mil veintiuno se celebró la "AUDIENCIA CIVIL 219 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL", en la que se certificó que "a la misma NO comparece ninguna de las partes, por lo que procédase a la recepción del material probatorio que fuera debidamente preparado" (fojas 97 a 100 del tomo de pruebas). El trece de octubre de dos mil veintiuno, se turnaron los autos para resolver la reclamación (foja 101 del tomo de pruebas). El veinticinco de octubre del mismo año, Delia Hernández Gámez interpuso incidente de nulidad en contra de las notificaciones de los autos de tres de septiembre y trece de octubre, así como en contra de la audiencia de siete de octubre, todas del año dos mil veintiuno (fojas 108 a 113 del tomo de pruebas). En resolución de seis de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, aquí responsable, declaró improcedente el recurso de reclamación interpuesto por Leonardo Daniel Lezama Rivera en contra de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de inicio, confirmando la pensión alimenticia asignada (fojas 102 a 106 del tomo de pruebas). En auto de ocho de diciembre del año anterior, la responsable desechó de plano el incidente planteado por la actora natural, "dado que la incidentista no exhibe copia de traslado del incidente, aunado a que no proporciona el domicilio del demandado incidental a fin de poder emplazarlo y correr traslado" (foja 107 del tomo de pruebas). Como resultado de lo anterior, mediante promoción de cinco de enero del año en curso, la ahora parte quejosa interpuso recurso de apelación en contra de dicho desechamiento (fojas 125 a 127 del tomo de pruebas) Es el caso que el dieciséis de febrero subsecuente, la responsable dio trámite al medio de impugnación en cita (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo) tal y como se advierte de las constancias remitidas como justificación de sus actos (foja 124 del tomo de pruebas), mismas que, como ya se anticipó, al tratarse de documentos públicos, cuentan con valor probatorio pleno. En consecuencia, si la litis constitucional en el presente juicio se constriñe a la omisión por parte de la autoridad responsable de proveer sobre el recurso de apelación interpuesto por la quejosa en el juicio civil, lo que ya atendió en auto de dieciséis de febrero anterior, al admitir el recurso y ordenar el trámite respectivo, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, no pasa desapercibido para este juzgador que la omisión de acordar el recurso que interpuso, la concatena la quejosa con una falta de aplicación del numeral 210, último párrafo, en relación con los artículos 61 y 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, así como 41, fracciones II y XIV, 164, fracciones I, III, VI, XI y XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Numerales que señalan: Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz "ARTÍCULO 210. . En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario. ARTICULO 61 Los decretos y autos deben ser dictados inmediatamente después del último trámite, o de la promoción respectiva; y sólo podrá disponerse de veinticuatro horas para los decretos y de tres días para los autos. ARTICULO 79 Es obligación de los Jueces, Secretarios y demás empleados a quienes la Ley encomiende hacer notificaciones, publicar todos los días, antes de las trece horas, en la puerta de sus oficinas o en las tablas de avisos, la lista numerada de los negocios acordados o resueltos, designándose en ella el número de expediente y el de registro de la promoción que se acuerda, nombre y apellido de los interesados y la naturaleza del procedimiento judicial. La lista se hará por triplicado, para que uno de los ejemplares se guarde en el archivo de la oficina para resolver cualquiera duda que se suscite, irá autorizada con el sello y la firma del juez o magistrado en todo caso y no contendrá entrerrenglonados ni repetición de números. El secretario deberá hacer constar al final de la misma, el número total de acuerdos o resoluciones que contiene; debiendo además, asentar razón en el expediente de haberse fijado. En esta lista no se inscribirán las resoluciones judiciales que tengan por objeto el depósito de personas, el requerimiento de pago, los embargos precautorios, el aseguramiento de bienes u otras diligencias semejantes de carácter reservado a juicio del juez." Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz "Artículo 164. Los servidores públicos del Poder Judicial tendrán las siguientes obligaciones, cuya inobservancia será causa de responsabilidad: I. Cumplir el servicio que les sea encomendado; II. III. Preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función Judicial;. VI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;. XI. Permitir o facilitar, en los procedimientos judiciales, que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;. XV. Custodiar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad, e impedir su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;." De lo transcrito y de lo señalado por la propia quejosa, resulta evidente que la falta de aplicación de tales numerales, en la que indica incurre la responsable, está vinculada con la omisión de emitir pronunciamiento respecto al recurso de apelación que interpuso, lo cual a la fecha ya se encuentra satisfecho. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cabe precisar que el que suscribe no desconoce la reforma constitucional que integró el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Norma Fundamental en el país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once; sin embargo, ello no significa que se soslayen los requisitos de procedencia previstos por la legislación que rige el juicio de amparo, lo anterior, debido a que las formalidades procesales son la vía que hace posible un correcto procedimiento que derive en una adecuada resolución; esto es, el estado de vulnerabilidad que pudiera presentar un quejoso no es obstáculo para ignorar las reglas y principios que rigen el juicio de control constitucional. De manera que, al operar la hipótesis de improcedencia abordada, no es factible que deba resolverse conforme con las pretensiones de la impetrante de derechos humanos, ya que previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada deben observarse las reglas procesales de la institución del amparo; ello, en virtud que en todo proceso o procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, como son las formalidades previstas por ley que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª,) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 487, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 104/2013 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Ahora, de conformidad con los artículos 62 y 65 de la ley de la materia, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo e impide el análisis de los conceptos de violación, pues estos constituyen planteamientos relacionados con análisis de fondo del asunto, al tratar de demostrarse la violación de los derechos de la parte quejosa por los actos reclamados; no obstante, el sobreseimiento decretado deriva de una causa de improcedencia, la cual es de estudio preferente, en términos del mencionado numeral 62 de la Ley de Amparo. Se invoca como sustento la jurisprudencia II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 70, Octubre de 1993, página 57, registro 214593: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Quinto (Forma de publicación). Por otra parte, en atención a que durante la integración del expediente, las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, publíquese la presente sentencia con supresión de datos sensibles, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Sexto (Expedición de copias). Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídase a costa de las partes una copia certificada o simple, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Delia Hernández Gámez, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, contra el acto de la autoridad responsable, Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, consistente en la omisión de dictar proveído respecto al escrito que presentó el cinco de enero de dos mil veintidós; por los motivos vertidos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la sentencia que ahora se dicta en términos del considerando quinto de la presente determinación. TERCERO. Expídase a costa de las partes copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el escrito signado por el tercero interesado Leonardo Daniel Lezama Rivera. Atento a su contenido, téngasele por apersonado al presente juicio, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que nos ocupa y como autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Pedro Lezama Gómez y Dorotea Guevara Corona, toda vez que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y/o ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la persona restante, puesto que no se encuentra registrada en el citado sistema. En tales condiciones, se deja a vista del aludido tercero las constancias que integran el expediente en que se actúa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del escrito remitido vía electrónica por Arturo Fernández Cruz, autorizado en términos amplios de la parte quejosa Delia Hernández Gámez, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de marzo del año en curso, al manifestar que desconocen el domicilio actual del tercero interesado Leonardo Daniel Lezama Rivera, ya que desde la separación física entre su representada y el tercero interesado, las convivencias con la menor hija, se llevan a cabo vía telefónica al número celular 2292082256, como único medio de comunicación; asimismo, refiere que el domicilio que señaló el tercero interesado en el escrito de contestación de demanda, para efecto de oír y recibir notificaciones, es el ubicado en avenida Lázaro Cárdenas número uno (1), esquina Agustín Lara, colonia Benito Juárez, en Boca del Río, Veracruz, siendo la única información con la que cuenta. En consecuencia, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, con copia del auto de 13/10/23 19:10:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.8e René Antonio Sorcia Galván JUICIO DE AMPARO 138/2022 2 admisión y escrito de demanda, se ordena emplazar al tercero interesado Leonardo Daniel Lezama Rivera, en el domicilio citado con antelación; asimismo, deberá informarle fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, para el caso de que el domicilio señalado no corresponda al del mencionado tercero interesado, el actuario deberá establecer contacto al número telefónico móvil señalado en el ocurso de cuenta, verificar a través de la llamada respectiva si dicha línea telefónica corresponde al medio de contacto que usa el citado tercero y, en caso afirmativo, le requiera que proporcione un domicilio en esta ciudad donde pueda ser emplazado al presente juicio; por lo que, en caso de obtener el dato requerido, se constituya -sin necesidad de previo acuerdo- en el domicilio que el citado tercero le proporcione vía telefónica y -únicamente en caso de que encuentre al nombrado y lo entienda directamente con él-, practique la diligencia de emplazamiento encomendada. En la inteligencia que deberá elaborar acta pormenorizada de todo lo anterior, y agregar al expediente las constancias respectivas. Por consiguiente, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos fundamentales, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala como nueva fecha para su verificativo las diez horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós. En la inteligencia que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos 13/10/23 19:10:55 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3b.8e René Antonio Sorcia Galván JUICIO DE AMPARO 138/2022 3 ??????????????? jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado hasta el uno de mayo de dos mil veintidós, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales; y de que existe una carga de trabajo importante generada, en parte, por el gran número de ingresos relacionados con los juicios de amparo en los que en esencia se ha reclamado la omisión de incluir a los menores de edad en el esquema de vacunación contra Covid-19. Se precisa lo anterior, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. Notifíquese, y personalmente al tercero interesado.
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