Delia Guzmán Rabadan

Expediente 1100/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1100/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Delia Guzmán Rabadan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1100/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, toda vez que en autos obran documentales que exhibió la impetrante de amparo a su escrito inicial de demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días que serán contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo acuda ante este Juzgado, para que se haga la devolución de aquellas, previa toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido que de no ser así, las mismas serán destruidas junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1100/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, toda vez que en autos obran documentales que exhibió la impetrante de amparo a su escrito inicial de demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días que serán contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo acuda ante este Juzgado, para que se haga la devolución de aquellas, previa toma de razón y recibo que quede en autos; en el entendido que de no ser así, las mismas serán destruidas junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1100/2019-V, promovido por DELIA GUZMAN RABADAN, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, DELIA GUZMAN RABADAN, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de agosto del año en curso (fojas 16 a 18), se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La falta de fundamentación y motivación de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la actualización y cálculo de incrementos a la pensión concedida a la parte quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la respuesta dada el uno de agosto de dos mil diecinueve, en atención al escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la misma fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue notificada del auto por el que se le requirió (foja 21); además, que la parte quejosa exhibió el original del acuse de recibo del escrito que constituye el acto reclamado y de la contestación dada (fojas 12 a 15); mismas que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, 217, y 113 de la ley de la materia, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República, así como, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para este Juzgado de Distrito, en ese tenor se estima pertinente señalar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ha resuelto con relación al acto que por esta vía se pretende impugnar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Ley de Amparo abrogada y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto reformado, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que, conforme al sistema de impugnación mencionado y a las reglas que lo rigen, la omisión, actualización y cálculo de incrementos a las pensiones concedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puede ser suspendida y reparada a través de las vías descritas. Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo y que el afectado puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. En ese tenor, si el acto reclamado en la demanda de amparo que se atiende, consiste en la falta de fundamentación y motivación a la respuesta dada el uno de agosto de dos mil diecinueve, respecto del escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso; sin embargo, de ésta se advierte que solicita le informe la autoridad responsable sobre la actualización y cálculo de incrementos a su pensión concedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; lo que entonces, resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional aplicar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así puesto que, como se advierte de lo narrado en su escrito de demanda, la parte promovente se duele de la falta de fundamentación y motivación de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la actualización y cálculo de incrementos a la pensión concedida a la parte quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la respuesta dada el uno de agosto de dos mil diecinueve, en atención al escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso, por lo que resulta aplicable lo señalado en la Jurisprudencia Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, Pág. 1168, con número de registro 2017360 y rubro siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD." En la que se dispone que el acto reclamado puede impugnarse en forma optativa a través del juicio de nulidad, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. En ese orden de ideas y toda vez que la parte promovente del amparo reclama la actualización y cálculo de incrementos a su pensión concedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a virtud de la respuesta dada el uno de agosto pasado, en atención al escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso, de ahí que, concurren los requisitos aludidos para que opere la causal de improcedencia en estudio. Premisa que se obtiene de los artículos 14 fracción VI de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15 fracciones III y IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La presente determinación, se corrobora en el contexto de que aun siendo el acto reclamado de imposible reparación, también debe ser agotado el medio de defensa ordinario. Asimismo, se entiende que si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, 217 y 113 de la Ley de amparo, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por DELIA GUZMAN RABADAN, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve en el juicio de amparo 1100/2019-V.Conste.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de dieciséis de octubre del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1100/2019-V, promovido por DELIA GUZMAN RABADAN, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, DELIA GUZMAN RABADAN, por propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de agosto del año en curso (fojas 16 a 18), se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La falta de fundamentación y motivación de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la actualización y cálculo de incrementos a la pensión concedida a la parte quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la respuesta dada el uno de agosto de dos mil diecinueve, en atención al escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que la misma fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que fue notificada del auto por el que se le requirió (foja 21); además, que la parte quejosa exhibió el original del acuse de recibo del escrito que constituye el acto reclamado y de la contestación dada (fojas 12 a 15); mismas que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, 217, y 113 de la ley de la materia, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República, así como, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para este Juzgado de Distrito, en ese tenor se estima pertinente señalar lo que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ha resuelto con relación al acto que por esta vía se pretende impugnar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la Ley de Amparo abrogada y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto reformado, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que, conforme al sistema de impugnación mencionado y a las reglas que lo rigen, la omisión, actualización y cálculo de incrementos a las pensiones concedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puede ser suspendida y reparada a través de las vías descritas. Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo y que el afectado puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. En ese tenor, si el acto reclamado en la demanda de amparo que se atiende, consiste en la falta de fundamentación y motivación a la respuesta dada el uno de agosto de dos mil diecinueve, respecto del escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso; sin embargo, de ésta se advierte que solicita le informe la autoridad responsable sobre la actualización y cálculo de incrementos a su pensión concedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; lo que entonces, resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional aplicar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así puesto que, como se advierte de lo narrado en su escrito de demanda, la parte promovente se duele de la falta de fundamentación y motivación de la autoridad responsable de pronunciarse sobre la actualización y cálculo de incrementos a la pensión concedida a la parte quejosa por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la respuesta dada el uno de agosto de dos mil diecinueve, en atención al escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso, por lo que resulta aplicable lo señalado en la Jurisprudencia Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Décima Época, Pág. 1168, con número de registro 2017360 y rubro siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR, DETERMINAR O CALCULAR SU MONTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES DENOMINADAS BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE, ESTÁ CONDICIONADA A UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE REVELE QUE SE TRATA DEL PRODUCTO FINAL O DE SU ÚLTIMA VOLUNTAD." En la que se dispone que el acto reclamado puede impugnarse en forma optativa a través del juicio de nulidad, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial. En ese orden de ideas y toda vez que la parte promovente del amparo reclama la actualización y cálculo de incrementos a su pensión concedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a virtud de la respuesta dada el uno de agosto pasado, en atención al escrito que presentó la parte quejosa a la autoridad responsable el veintiséis de julio del año en curso, de ahí que, concurren los requisitos aludidos para que opere la causal de improcedencia en estudio. Premisa que se obtiene de los artículos 14 fracción VI de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15 fracciones III y IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los que se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La presente determinación, se corrobora en el contexto de que aun siendo el acto reclamado de imposible reparación, también debe ser agotado el medio de defensa ordinario. Asimismo, se entiende que si bien el juicio de amparo materializa el derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, contra las violaciones a los derechos humanos, no implica que se desatiendan los requisitos formales y presupuestos necesarios previstos en el orden jurídico interno, como son dejar de analizar las causales de improcedencia. Tiene sustento lo antedicho en las tesis 1a./J. 22/2014(10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, libro 4, tomo I, Marzo de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61 fracción XXIII, 217 y 113 de la Ley de amparo, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se; ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por DELIA GUZMAN RABADAN, respecto del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, hasta hoy dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve en el juicio de amparo 1100/2019-V.Conste.

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