Delia Flores Hernández
Expediente 69/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Delia Flores Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 15/octubre/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; quince de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de dos de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: "[.] Consecuentemente, a fin de resarcir a la agraviada en el goce de su derecho violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, procede conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para los efectos de que: a)La autoridad Director General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dé respuesta a la petición de veinte de noviembre de dos mil diecinueve. b)Provea lo conducente para notificar esa determinación a la quejosa, en términos de la ley que rija su actuar. Lo que deberá hacer dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se notifique el auto por el cual cause ejecutoria esta sentencia, conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, se debe acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? Dar respuesta a la petición de veinte de noviembre de dos mil diecinueve. ? Provea lo conducente para notificar esa determinación a la quejosa, en términos de la ley que rija su actuar. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el uno de octubre de dos mil veinte, la Apoderada General para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió el siguiente documento: 1. Oficio SSC/OM/DGAP/DPPL/SPC/1499/2020 de catorce de abril de dos mil veinte. Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte que la autoridad responsable acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, pues, dio respuesta a la petición de veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Así, con dicha documental en proveído de dos de octubre de dos veinte, este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo; notificación que fue realizada personalmente el siete de octubre de la presente anualidad. Así, mediante el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el trece de octubre de dos mil veinte, la quejosa manifestó su inconformidad con el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, pues sustancialmente aduce que si bien es cierto exhibe una hoja de servicios expedida a su favor, también lo es que no exhibe su baja, por lo que solicita se le requiera a la responsable el total y cabal cumplimiento al fallo protector. Sobre esa base, respecto a las manifestaciones sintetizadas en líneas que anteceden, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, puesto que las mismas se encuentran dirigidas a combatir cuestiones que no fueron materia de análisis en la sentencia de amparo y, por tanto, éstas no forman parte de la concesión del amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Enero de 2001 Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Además, no pasa por alto para este órgano jurisdiccional que no existe obligación por parte de la autoridad responsable de resolver en determinado sentido, ya que, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por la parte promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Resulta aplicable la tesis XXI.1o.P.A.36 A, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Agosto de 2005, materia administrativa, consultable en su página 1897, de rubro y tenor siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS.- El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Ma. Esther Prado Olvera, que autoriza y da fe. Doy fe.".
- Principal
* SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
...agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José Armando Aguirre Aguilar, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual desahoga la vista que se le otorgó en proveído de dos del mes y año en curso, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de realizar el pronunciamiento respectivo, en términos de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
* ...agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa. Se apercibe.
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