Delia Cedillo Espinosa

Expediente 1289/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 35 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1289/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Delia Cedillo Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el proveído dictado en este juicio el uno de marzo de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase al Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, las copias certificadas del juicio ordinario civil reinvindicatorio ********************, de su índice, que remitió, como justificación de su informe, las cuales obran por separado. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el uno de marzo de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de la audiencia constitucional y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. En virtud de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además en acatamiento a lo ordenado por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Capítulo Séptimo del mencionado Acuerdo General, debido a que, por una parte se negó y, por la otra, se concedió la suspensión definitiva solicitada deberá depurarse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de tres años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrieron los plazos de tres y veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó emplazar a los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, a efecto de que: (1) recogiera los edictos, (2) entregarlos para su publicación y (3) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Asimismo, para que manifestara la imposibilidad que tuviese para no cumplir con la publicación ordenada, indicando si cuenta con los recursos económicos necesarios para proceder a cubrir los gastos de su publicación o en caso negativo, justificara dicha insolvencia. Sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, ordenándose su emplazamiento en los domicilios respectivos. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no los pudo emplazar en dichas direcciones, por los motivos expuestos en las razones levantadas el diecisiete y diecinueve de octubre de dos mil veintidós; por lo que en autos de diecinueve y veintiuno del referido mes y año, se ordenó al Actuario emplazarlos en los domicilios que se advirtieron en las copias certificadas del juicio de origen, sin que pudiera emplazarlos por las razones apuntadas en las diligencias de veinte de octubre y uno de noviembre del año próximo pasado; por tanto, en autos de veinticuatro de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los nombrados terceros interesados, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación de los mismos y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a los tercero interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Toda vez que la parte quejosa no desahogo los referidos requerimiento, mediante proveído de veinticuatro de noviembre del mencionado año, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran los domicilios que tuvieran registrados de los terceros interesados de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin lograr el emplazamiento de los terceros interesados, en acuerdo de veintitrés de enero del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si los domicilios de los terceros interesados resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investiguen aquéllos y si a pesar de la investigación se desconocen los domicilios, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrieron los plazos de tres y veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó emplazar a los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, a efecto de que: (1) recogiera los edictos, (2) entregarlos para su publicación y (3) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Asimismo, para que manifestara la imposibilidad que tuviese para no cumplir con la publicación ordenada, indicando si cuenta con los recursos económicos necesarios para proceder a cubrir los gastos de su publicación o en caso negativo, justificara dicha insolvencia. Sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, ordenándose su emplazamiento en los domicilios respectivos. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no los pudo emplazar en dichas direcciones, por los motivos expuestos en las razones levantadas el diecisiete y diecinueve de octubre de dos mil veintidós; por lo que en autos de diecinueve y veintiuno del referido mes y año, se ordenó al Actuario emplazarlos en los domicilios que se advirtieron en las copias certificadas del juicio de origen, sin que pudiera emplazarlos por las razones apuntadas en las diligencias de veinte de octubre y uno de noviembre del año próximo pasado; por tanto, en autos de veinticuatro de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los nombrados terceros interesados, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación de los mismos y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a los tercero interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Toda vez que la parte quejosa no desahogo los referidos requerimiento, mediante proveído de veinticuatro de noviembre del mencionado año, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran los domicilios que tuvieran registrados de los terceros interesados de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin lograr el emplazamiento de los terceros interesados, en acuerdo de veintitrés de enero del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si los domicilios de los terceros interesados resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investiguen aquéllos y si a pesar de la investigación se desconocen los domicilios, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 1 DE MARZO DE 2023 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrieron los plazos de tres y veinte días concedido a la parte quejosa en el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó emplazar a los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, por medio de edictos que a costa de la parte quejosa se publiquen, a efecto de que: (1) recogiera los edictos, (2) entregarlos para su publicación y (3) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Asimismo, para que manifestara la imposibilidad que tuviese para no cumplir con la publicación ordenada, indicando si cuenta con los recursos económicos necesarios para proceder a cubrir los gastos de su publicación o en caso negativo, justificara dicha insolvencia. Sin que lo hubiese hecho, ni tampoco acreditó la publicación de los mismos. Al respecto, por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, ordenándose su emplazamiento en los domicilios respectivos. Sin embargo, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional no los pudo emplazar en dichas direcciones, por los motivos expuestos en las razones levantadas el diecisiete y diecinueve de octubre de dos mil veintidós; por lo que en autos de diecinueve y veintiuno del referido mes y año, se ordenó al Actuario emplazarlos en los domicilios que se advirtieron en las copias certificadas del juicio de origen, sin que pudiera emplazarlos por las razones apuntadas en las diligencias de veinte de octubre y uno de noviembre del año próximo pasado; por tanto, en autos de veinticuatro de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de los nombrados terceros interesados, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se ordenaría la investigación de los mismos y en caso de no encontrar dirección alguna para emplazar a los tercero interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, se ordenaría dicho emplazamiento por edictos. Toda vez que la parte quejosa no desahogo los referidos requerimiento, mediante proveído de veinticuatro de noviembre del mencionado año, se giraron oficios a diversas dependencias para que proporcionaran los domicilios que tuvieran registrados de los terceros interesados de donde se obtuvo diversas direcciones. Sin lograr el emplazamiento de los terceros interesados, en acuerdo de veintitrés de enero del presente año, con fundamento en la fracción III, inciso b), segundo párrafo, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordenó realizar su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, requiriendo a esta última para que compareciera ante este juzgado a recoger los edictos a fin de realizar el emplazamiento de que se trata, sin que hasta la fecha haya dado cumplimiento o hubiese acreditado la insolvencia económica. En efecto, la fracción III, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo dispone que si los domicilios de los terceros interesados resulta inexacto, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investiguen aquéllos y si a pesar de la investigación se desconocen los domicilios, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados. En esta hipótesis, se advierte que en el presente asunto se han realizado las gestiones necesarias a fin de emplazar a los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa. Resulta evidente que el emplazamiento de la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, se condicionó a que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos. Así, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda los terceros interesados en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo que, en atención a la contumacia en que incurrió la parte quejosa al no recoger los edictos a efecto de realizar el emplazamiento de los terceros interesados Francisco Cortés Martínez y María Elfrida Cedillo Espinosa, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza tal causa de sobreseimiento. Por todo lo expuesto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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