Delia Berruecos Lopez
Expediente 1094/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Delia Berruecos Lopez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1094/2021-IV. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído habrá de notificarse por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1094/2021-IV. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por la quejosa , por derecho propio, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículos, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo3 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la quejosa debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el capítulo de actos introducido en la demanda, pareciera contener el reclamo de tres omisiones, una determinación verbal y una inminente entrega de vehículo, en la carpeta de investigación * (denominada en lo subsecuente como la carpeta de investigación), donde aquella tiene el carácter de víctima. Sin embargo, el análisis integral efectuado a la solicitud de amparo, permitió esclarecer que la supuesta determinación verbal y la futura entrega del vehículo, derivan de las tres omisiones que también atribuye la quejosa al agente del Ministerio Público señalado como responsable. Esas tres omisiones comprenden: la falta de actos para esclarecer la identidad del vehículo asegurado en la carpeta de investigación; la omisión de poner ese vehículo a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (sic); y la falta de respuesta a un oficio dirigido al agente del Ministerio Público señalado como responsable, en el cual se solicitó a este que ponga a disposición de la citada procuraduría (sic), tanto la carpeta de investigación como el vehículo asegurado. Bajo este contexto, es válido afirmar que el reclamo de la quejosa en realidad comprende las mencionadas omisiones, porque la supuesta determinación verbal con la cual podría entregarse en el futuro el vehículo asegurado, a una persona distinta de aquella, sólo representan una consecuencia de las omisiones reclamadas como actos independientes y autónomos. Sin embargo, las omisiones relatadas y que se encuentran en la demanda con los números 5.2, 5.4 y 5.5, están relacionadas directamente con la falta de investigación del hecho con apariencia del delito de robo, en la carpeta de investigación donde la quejosa tiene el carácter de víctima, según lo manifestó en la demanda. De modo que las omisiones reclamadas por aquélla, convergen en forma directa a la falta de actividad en la carpeta de investigación, hasta en la respuesta a un oficio para que esta y el vehículo asegurado sean puestos a disposición de una fiscalía de otra entidad federativa, razón por la cual es válido imponer desde este momento una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque la supuesta falta de actividad de la responsable en la carpeta de investigación -iniciada bajo las reglas del sistema penal acusatorio-, tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación que debe agotar la quejosa antes de solicitar el control de legalidad extraordinario, en la vía de amparo indirecto. Así se obtiene del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales,5 porque ese precepto dispone que el impacto de omisiones o resoluciones del Ministerio Público, contra las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, son impugnables ante un juez de control. Esa ruta ordinaria de impugnación debe agotarse previo a la instauración del juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria -el juicio de amparo-. De esa forma lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 28/2018 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, que tiene el rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Por ello se afirma que las víctimas u ofendidos por hechos delictuosos, están obligados a acudir a la ruta ordinaria contra las omisiones del Ministerio Público, desde el inicio de la carpeta de investigación y hasta la eventual conclusión de la misma. En particular impugnarlas ante un juez de control para que este revise la legalidad de esas omisiones, entre las cuales deben subsumirse las reclamadas en la demanda de amparo, es decir, la falta de actividad en la carpeta de investigación que a decir de la quejosa impide el esclarecimiento del hecho con apariencia del delito de robo, y que al parecer debe continuar en una fiscalía del Estado de Tlaxcala. Sobre todo porque el juez de control, en términos del precepto citado, puede ordenar que cesen las supuestas omisiones de la responsable, e incluso disponer la emisión de los actos que sean pertinentes a la investigación, para una eventual determinación de la acción penal y entrega del vehículo asegurado, a su legítimo propietario. Todo ello se obtuvo de la contradicción de tesis 233/2017, que generó el criterio invocado en párrafos anteriores, pues la ejecutoria de la referida contradicción, determinó la obligación de las víctimas u ofendidos de impugnar cualquier omisión del Ministerio Público, a través de la ruta ordinaria establecida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, extendió a la falta de actos para integrar la carpeta de investigación, que comprende la supuesta inactividad de la responsable para esclarecer la identidad del vehículo asegurado, la omisión de remitir la carpeta de investigación a una fiscalía de otra entidad y la falta de respuesta a un oficio, que pretende combatir la quejosa. Por consiguiente, se afirma que el reclamo planteado por ésta, contra las omisiones de la autoridad responsable en el trámite relativo a la carpeta de investigación, debe llevarse primero a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el invocado artículo 258, a fin de cumplir el principio de definitividad. En efecto, la quejosa debe agotar la ruta ordinaria de impugnación, contra las omisiones reclamadas en la demanda de amparo -incluidas sus consecuencias-; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la conducta de la responsable, fuera adversa o pudiera transgredir derechos fundamentales previstos en la constitución federal, surgirá la posibilidad de instaurar juicio de amparo indirecto contra esa resolución (del juez de control). Bajo este contexto, se declara que las omisiones y consecuencias atribuidas a la única autoridad responsable, encuentran una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente, que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo. Máxime que los datos proporcionados en la demanda, reflejan las condiciones de la quejosa para acudir a la ruta ordinaria de impugnación: es la víctima por el hecho con apariencia del delito de robo, en la carpeta de investigación tramitada con las reglas del sistema penal acusatorio, de la cual derivan las omisiones que pretende reclamar como actos independientes y autónomos, esto es, la falta de actos para esclarecer la identidad del vehículo asegurado en la carpeta de investigación; la omisión de poner ese vehículo a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (sic); y la falta de respuesta a un oficio dirigido al agente del Ministerio Público señalado como responsable. Entonces, procede desechar la demanda de protección constitucional, pues las omisiones y consecuencias reclamadas por la quejosa a la única autoridad señalada como responsable, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la quejosa, porque las omisiones y consecuencias que pretende reclamar, encontraron una causal de improcedencia manifiesta e indudable. En particular la que opera con el principio de definitividad, pues las supuestas omisiones y consecuencias atribuidas a la responsable, deben impugnarse primero a través del recurso ordinario mencionado con antelación. Domicilio procesal, autorizados y expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito en la primera página de su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, con apoyo en el numeral 12 de la Ley de Amparo, queda autorizado en términos amplios el profesionista de nombre José Alfredo Tamayo Escobar, porque aquélla le otorgó facultades amplias y se encontró la cédula profesional de este, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, con fundamento en el numeral 24 de la Ley de Amparo, quedan autorizadas en términos restringidos las demás personas nombradas por aquélla en la primera página de la demanda, porque sólo las designó para recibir notificaciones e imponerse de autos (sic). Asimismo, se instruye al secretario encargado del presente asunto, que habilite el acceso al expediente electrónico para la quejosa, con el nombre de usuario que proporcionó en su demanda. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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