Delia Benítez Ávila

Expediente 911/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
911/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Delia Benítez Ávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintidós. Acceso al expediente electrónico. Agréguese a los autos el escrito presentado por la autorizada de la quejosa; en atención a su contenido, hágase del conocimiento que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se le tuvo a la quejosa por autorizado el usuario que refiere, para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónicas. No obstante lo anterior, advirtiéndose del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que no se efectuó la oportuna anotación para el acceso respectivo; en consecuencia, se comisiona a la encargada del referido sistema que realice el alta respectiva. Finalmente, en caso de que subsista tal irregularidad se pone a disposición de la parte quejosa el número de teléfono institucional 6621082100, extensión 1018, así como el diverso 800 836 95 25 correspondiente al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, a que se refiere el artículo 124 de la ley de Amparo; sin la presencia de las partes, ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes -quejoso, agente del Ministerio Público de la Federación y autoridades responsables-, así como con los informes con justificación rendidos por las responsables. Asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. El juez acuerda: se tiene por hecha la relación y certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que por lo que hace al tercero interesado, se reitera lo decretado en el auto admisorio, toda vez que no se actualizó alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con la prueba documental exhibida por quejosa anexa a su demanda de amparo, y las documentales exhibidas por el encargado de Despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), sin que las restantes partes hubieran ofertado pruebas. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. El juez acuerda. Se tiene por perdido el derecho de formular alegatos, de los que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; con lo anterior, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 911/2021; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el día hábil siguiente, por razón de turno a este juzgado, Delia Benítez Ávila solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: C o n s i d e r a n d o s : Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la aplicación del artículo 25, fracción I de la Ley 38 de dicho Instituto y como consecuencia el descuento del 7% (siete por ciento) a la pensión que percibe. Del Congreso del Estado de Sonora, la promulgación, aprobación y expedición del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Del Gobernador del Estado de Sonora, se reclama la autorización, publicación y puesta en vigor del boletín oficial Tomo CLXXV de la Edición Especial número tres de veintinueve de junio de dos mil cinco, en el que se autoriza la aplicación de las reformas adición y derogación de las diversas disposiciones de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora en el que dispone y norma la aprobación y autorización de la aplicación del artículo 25, de la Ley 38 del mencionado Instituto. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al gobernador y Congreso, ambos del Estado de Sonora e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, no obstante que la segunda haya admitido parcialmente y el instituto responsable haya negado su existencia; sin embargo, dicha certeza se advierte de la lectura integra de los informes con justificación rendidos por éstos . Asimismo, la existencia planteada se corrobora con la constancia exhibida por la parte quejosa, y las propias manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad, de lo que se desprende que se realiza la deducción de un porcentaje de su pensión mensual por concepto de servicio médico relativo a un 7% (siete por ciento). Es así, no obstante que el instituto responsable hace valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues refiere que no se encuentra dentro de sus atribuciones la aplicación del acto reclamado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la causa de sobreseimiento que refiere. Es así, pues el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) IV. Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien existe un Departamento encargado de realizar la deducción que reclama la parte quejosa, dicho instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión que se otorgue, deba contener las deducciones debidamente legitimadas, pues la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide. Causas de improcedencia -fundadas- Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso en particular, el gobernador del Estado de Sonora, hace valer la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de la norma controvertida. No obstante la existencia de los actos reclamados, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio es improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, debido a que se trata de actos consentidos tácitamente, como a continuación se verá. Del precepto legal invocado se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Ahora bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama la aplicación del artículo 25 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. La actualización de dicha causa las hace derivar de la circunstancia de que la parte quejosa tuvo conocimiento de la norma impugnada el tres de agosto de dos mil veintiuno, fecha en la que le hicieron del conocimiento que el descuento que le realizan en su pensión bajo el concepto 25, que aparece en el talón de pago de nómina de jubilado, se debe a la aplicación del artículo 25 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. En el caso, como se vio, lo reclamado en este amparo, consiste en la inconstitucionalidad y aplicación de la porción normativa reclamada, lo que se traduce en el descuento que se le ha estado efectuado por concepto de servicio médico que se identifica en su recibo de pago. Ahora, del contenido de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el conocimiento del descuento que reclama fue desde el tres de junio de dos mil dieciséis, fecha en que se le notificó el dictamen en relación a la solicitud de pensión tipo jubilatoria, del que se advierte la firma de conocimiento de la parte impetrante de amparo, así como la mención del descuento por servicio médico y la disposición en la que se funda la misma -artículo 25, fracción I- en el punto resolutivo primero del referido dictamen, que manifestó ignorar. En ese sentido, si la demanda de amparo por la cual se instó la presente contienda constitucional fue presentada el doce de agosto de dos mil veintiuno, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, evidentemente ha transcurrido en demasía, atendiendo a las constancias agregadas en autos, por lo que resulta inconcuso que desde el tres de junio de dos mil dieciséis, fecha en que le fue notificado el dictamen de pensión tipo jubilatoria, en la que se hizo de su conocimiento, entre otras cosas, la cantidad autorizada como pago de pensión mensual y el descuento por concepto de servicio médico a la misma, y su fundamento. Por consiguiente, resulta manifiesto el consentimiento tácito de la parte quejosa respecto del acto reclamado en trato, razón por la cual, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Así como también, la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, página 291, Novena Época, de rubro y texto siguientes "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Robustece también, la tesis IV.3o.78 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, página 202, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." V. Decisión Bajo esas circunstancias, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de Ley de Amparo. Finalmente, cabe mencionar que el sobreseimiento decretado, impide entrar al estudio del fondo del asunto, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Séptima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 24 Tercera Parte, página 49, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1°, 63, 73 y 74 de la Ley de Amparo se: VI. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Delia Benítez Ávila, respecto de los actos precisados en el apartado II, atribuidos a las autoridades señaladas y por las razones expuestas en los considerandos IV y V de este fallo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio firmado por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, a través del cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de catorce de octubre del año en curso. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña, sin perjuicio de relacionarla durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Proporciona número de teléfono. Téngase a la autoridad de referencia, indicando el número telefónico, para el caso de que este órgano jurisdiccional estime necesario contactarla; lo anterior, en apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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