Delia Beatriz Rodríguez Espinoza
Expediente 806/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Delia Beatriz Rodríguez Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo *** de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el siete de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.
- Principal
EN RAZÓN DE NO HABER ACUDIDO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE DEJÓ EL CITATORIO EN SU DOMICILIO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. I. Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 806/2023, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, 108, 115, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda. III. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa en calle *****, en esta ciudad, y como autorizados a *****, en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia laboral en donde la quejosa es parte trabajadora. IV. Tramitación del juicio de amparo mediante el esquema de "juicio en línea". Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. V. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto, se advierte que en este asunto se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII1 , en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sentido. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación - para la procedencia del juicio de amparo-, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, indicó que era menester establecer un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral incurrió en una demora que, prácticamente, constituyera una verdadera interrupción arbitraria del proceso, es decir, una abierta dilación en la prosecución del juicio. Resolución en la que se aprobó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO, PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.". En ese tenor, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral se concluyó que, contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, el amparo indirecto será procedente cuando hubieren transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Ahora bien, sentado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que esencialmente el acto reclamado consiste en: La omisión de la autoridad responsable de dictar laudo en el juicio 1072/2018, de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Conviene indicar que en el escrito inicial de demanda, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la junta responsable ordenó turnar los autos para la elaboración de resolución en forma de laudo. Como se ve, la omisión anotada no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos en este momento, ya que en términos del criterio jurisprudencial mencionado con antelación, aún no se actualiza una abierta dilación o paralización del procedimiento, motivo por el cual el juicio de amparo que se promueve es improcedente. En ese sentido, el plazo para la emisión del laudo lo establecen los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, el referido numeral 885 dispone que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Por su parte, el precepto 886 de la citada legislación prevé que del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta; quienes, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad; en este último caso, dispone el numeral, con citación de las partes se señalará día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. En el mismo orden, el artículo 887 señala que transcurrido el término concedido a los integrantes de la Junta -cinco días-, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este plazo se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los demás integrantes para la discusión y votación del asunto, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Asimismo, como lo prevé el dispositivo 889 de la citada legislación laboral, si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta; en caso de que se hicieren tales adecuaciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado. Finalmente, en términos del artículo 890 de la normatividad en comento, engrosado el laudo, el secretario recabará las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. En suma, de los preceptos aludidos se tiene que las Juntas de Conciliación y Arbitraje para emitir los laudos tienen por lo menos veinticinco días a partir de la certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, si es que no se estima necesario el desahogo de alguna prueba o la práctica de alguna diligencia, caso en el cual tendrán hasta ocho días hábiles más. Conforme a ello, a juicio del suscrito juzgador, la omisión reclamada encuadra en la regla de improcedencia del juicio de amparo en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha en que se turnaron los autos a proyecto de resolución -veintiocho de abril de dos mil veintitrés-, es posible inferir que a la fecha de la presentación de la demanda -seis de julio de dos mil veintitrés-, aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, en la inteligencia de que el acto reclamado debe existir y acreditarse fehacientemente a la fecha de presentación de aquélla, en tanto que existe la posibilidad para que en un "plazo razonable", no mayor a cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, que se estima un término prudente para que el personal adscrito a la autoridad solvente sus circunstancias técnicas, jurídicas y materiales, se dé la atención que requiera al dictado de la resolución correspondiente. Lo anterior, ya que dicho plazo para dictar el laudo transcurrió (tomando en consideración los treinta y tres días antes precisados) del dos de mayo al dieciséis de junio de dos mil veintitrés, ello, descontando los días inhábiles que fueron los sábados y domingos, uno y cinco de mayo por ser días feriados conforme lo rige la Ley Federal del Trabajo. Y, el diverso plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos (que fue el dieciséis de junio del año en curso), transcurrirá del diecisiete de junio al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Determinación que no le irroga perjuicio alguno al justiciable, ya que el acto que reclama consiste en la omisión de dictar laudo, tiene la naturaleza de acto negativo, respecto del cual no corre término alguno, dado que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto de este tipo de actos, es oportuna en cualquier tiempo, en este caso, una vez transcurrido tanto el plazo para emitir el laudo, como el estándar mínimo de cuarenta y cinco días previamente aludido. De ahí que no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento, ni su paralización total, en virtud de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no habían transcurrido los cuarenta y cinco días naturales antes referidos, de lo que se deduce que la junta responsable no ha incurrido en una dilación excesiva en la tramitación del expediente 1072/2018. Por ende, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, precisamente porque no se afectan derechos sustantivos de la parte promovente, sino que la violación reprochada sólo implica la afectación de derechos adjetivos o procesales. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicada esta última a contrario sentido, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. VI. Se autoriza la utilización de medios electrónicos. Se autoriza a las partes la utilización de celular, lector óptico, fotográfico o cualquier otro medio electrónico o tecnológico a fin de que fotocopien todo lo actuado en el presente juicio, ello de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. VII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VIII. Transparencia y acceso a la información. En términos de los artículos 8, 73,113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, y 5, 6, 7, 8 y 9, del Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. IX. Digitalización de actuaciones e integración del expediente electrónico. Se comisiona al Secretario actuante, a los oficiales administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, para efectos de supervisar y/o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, y la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Capítulo Cuarto, Sección Primera del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión, así como los sistemas electrónicos necesarios para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Carlos Reyes Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, ante Norma Elena Madrid Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe.
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