DELIA ALTAMIRANO ZURITA O DELIA ALTAMIRANO SURITA y Otros.
Expediente 836/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Delia Altamirano Zurita O Delia Altamirano Surita
- DELIA ALTAMIRANO ZURITA O DELIA ALTAMIRANO SURITA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
"... NOTIFICACION POR LISTA MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Con la demanda de amparo promovida por ..., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 836/2019. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable, Integrantes de la Junta Especial número 2 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la parte quejosa reclama la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral promovido por la quejosa en contra de Joel Josué Gonzalez Altamirano, y de la ejecutora las consecuencias que derivan de la referida audiencia. Contra esos reclamos, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado del laudo o sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando se alega que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, no se llevó acabo conforme a la ley (en contravención al principio de legalidad) porque la parte quejosa no estuvo asesorada de un profesional del derecho constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción XI en relación con la diversa XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, pues en los términos genéricos en que está redactado el referido precepto legal, resulta que cuando se desahogan las diligencias en forma distinta a la prevista por la ley, indefectiblemente se trata de una actuación procesal en juicio. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado consiste en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral promovido por la quejosa en contra de Joel Josué González Altamirano, en la que se alega que se celebró en contravención a la ley, la misma debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra del laudo, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo ; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con el desahogo de la referida audiencia, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra del laudo que ponga fin al juicio, si el mismo resulta adverso a sus intereses. Ello es así, porque no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse el laudo, el cual no se ha dictado, ya que así lo pone de manifiesto la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado; así, si el laudo es favorable a los intereses de la aquí quejosa, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracciones XI y XII, de la ley de la materia. Por tanto, los actos reclamados no producen una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa, pues el acuerdo reclamado no implica, per se, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y a las personas que precisa, por autorizadas con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de la materia laboral y ser la promovente, de la parte trabajadora. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V A Notifíquese personalmente.
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