Delfino San Martín González
Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Delfino San Martín González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 20, fracciones II y III, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y un incidente de suspensión en que se negó la medida. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Sin que pase inadvertido que en el sumario no obran las constancias de notificación de los oficios con los que se hizo del conocimiento de la autoridad responsable y la fiscal tercera, la determinación de treinta de agosto de al presente anualidad; empero, en el caso, aquéllas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, al haberse sobreseído en el juicio fuera de audiencia. De lo que se colige que no les ocasiona ningún agravio, pues es inconcuso que dicha resolución únicamente es desfavorable para el impetrante del amparo, quien es el que tiene el agravio personal y directo, al verse afectado por el sobreseimiento decretado. Se citan, por analogía, las jurisprudencias siguientes: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Registro digital: 2013630 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio 1121/2023-II de la jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Papantla de Olarte, Veracruz, por el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiuno de agosto de la presente anualidad, remite copia de la factura donde se advierte que remitió su informe de ley con las constancias que justifican sus actos mediante el oficio 1081/2021-II, de siete de los actuales; en esas condiciones, estese en espera de su recepción física. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Incidental
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito remitido vía electrónica por la defensora particular del aquí quejoso; con apoyo en el artículo 4° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual desahoga la vista ordenada en auto de veintiuno de agosto del año en curso y solicita que se tramite el incidente de modificación de la suspensión definitiva prevista en el artículo 154 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, al efecto se provee: Primeramente, se considera necesario invocar lo previsto en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTICULO 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo." El numeral en comento establece que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que por malicia debe entenderse cuando en las promociones se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice. Mientras que, la notoria improcedencia refirió que se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego. Sirve de apoyo la tesis siguiente: Registro digital: 2005535 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXXIV/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 665 Tipo: Aislada INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, el artículo 154 de la Ley de Amparo refiere textualmente lo siguiente: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Como se desprende de lo transcrito la suspensión resuelta en definitiva será modificable en el supuesto de acontecer hechos supervenientes que así lo justifiquen, siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoria. En ese tenor, de la incidencia propuesta no se advierte el acontecimiento de algún hecho acontecido con posterioridad que varíe las condiciones planteadas originalmente al resolver sobre la suspensión, de ahí que resulte notoria su improcedencia. En efecto, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de la jueza de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral de Papantla de Olarte, Veracruz, de acordar la solicitud realizada por el quejoso el uno de junio del año en curso, en el proceso penal 181/2021 de su índice; acto que se presumió cierto ante la omisión de dicha responsable de rendir su informe de ley y respecto del cual se negó al suspensión solicitada en audiencia de cuatro de agosto de este año, al considerar que de concederse se le darían efectos restitutorios plenos. Por su parte, de lo manifestado por la defensora se advierte que la solicitud de modificación a la suspensión definitiva no se sustenta en algún hecho superveniente, sino que se encuentra encaminada a que se conceda la suspensión para el efecto que el quejoso continúe su proceso penal en resguardo domiciliario hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo principal del que deriva el incidente en que se actúa. Lo anterior evidencia que lejos de una modificación a la suspensión por el acontecimiento de un hecho superveniente, su solicitud entraña en sí una solicitud para conceder la suspensión para un efecto diverso al concedido, lo cual no es materia de la incidencia propuesta. De ahí que, si la pretensión de modificar la suspensión definitiva se basa únicamente en la intención de la promovente de que se conceda el resguardo domiciliario de su representado, ello conlleva al desechamiento de plano de este incidente, al advertirse de manera notoria y manifiesta la inexistencia de algún hecho superveniente estrictamente relacionado con la omisión reclamada en su demanda. En virtud de lo expuesto, se desecha por notoriamente improcedente el incidente de modificación a la suspensión negada en resolución interlocutoria de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese vía electrónica al quejoso. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio 1100/2023-II de la jueza de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Papantla de Olarte, Veracruz, por el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de nueve de agosto de la presente anualidad, informa que por diverso oficio 1081/2021-II, de siete de los actuales, remitió su informe de ley con las constancias que justifican sus actos. En ese contexto, reitéresele que, hasta la fecha, no se ha recibido su informe justificado; por lo que, se estará en espera de su recepción física, sin perjuicio de que la citada juzgadora realice los trámites correspondientes para su debida remisión. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
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