Delfino Ruiz Lara

Expediente 1956/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1956/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Delfino Ruiz Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes no interpusieron dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de treinta de enero del año en curso (fojas 45 a 50), por la que se sobreseyó el juicio de amparo a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues, mediante sentencia de treinta de enero del año en curso (fojas 45 a 50), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia, y; 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la medida provisional y se negó la definitiva (punto vigésimo primero, inciso III). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III). Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Gladys Oriana Castañeda Jardón, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1956/2017-VI, promovido por Delfino Ruiz Lara contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos contra Fraccionadores y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada el veintiuno siguiente a este órgano jurisdiccional, Delfino Ruiz Lara, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER COMO ORDENADORAS: Se señala como autoridad responsable de ordenar, el C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía especializada de delitos contra fraccionadores con residencia en Lerma, Estado de México. Se señala como autoridad responsable de ordenar el C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR, al C. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. Se señala como autoridad responsable de EJECUTAR, al Coordinador General de la Policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México." IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. B) De la autoridad señalada como C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Especializada de delitos contra fraccionadores; además del acto señalado anteriormente de orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, también se reclama la omisión de acordar la peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más delante" SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 06 a 08), se previno a la parte quejosa, quien dio cumplimiento mediante escrito presentado el cuatro de enero del año en curso (fojas 15 y 16). CUARTO. Por auto de cuatro de enero del año en curso (fojas 17 a 20), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitaron los respectivos informes justificados; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito; y se fijó fecha para la audiencia constitucional. CUARTO. Esta resolución no se ocupará del acto reclamado a la autoridad Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra Fraccionadores con Residencia en Lerma, Estado de México, toda vez que mediante auto de once de enero de dos mil dieciocho (foja 30), se dejó de tener como autoridad responsable. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado puede tener ejecución en el lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis aislada VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la Litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. Ahora bien, las autoridades responsables: JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ (FOJA 23). FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (FOJA 25). COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACION DEL ESTADO DE MÉXICO (FOJA 31). Al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso Delfino Ruiz Lara, el cual hizo consistir en la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis asilada VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyo rubro y cuyo texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación del quejoso de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1956/2017-VI, promovido por Delfino Ruiz Lara, por el acto, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Tania Rosalinda Méndez López, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Toluca, México; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse en esta fecha, sin embargo, toda vez que está transcurriendo el plazo que estipula el artículo 117 de la Ley de Amparo a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público habilitada, adscrita a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Coordinador General de la Policía de Investigación, el cual se recibió en este juzgado y acordó mediante auto de doce de enero de dos mil dieciocho (foja 32), poniéndose a la vista de las partes el quince de enero siguiente; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las doce horas con cinco minutos del treinta de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Tania Rosalinda Mendez López, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    IV.- Visto el comunicado de cuenta mediante el cual la Administradora Postal del Módulo de Servicios Postales de Palacio de Justicia Federal, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante proveído de diez de los corrientes (foja 2538), hace del conocimiento que las piezas postales referentes a los oficios 38347/2016-IV y 38350/2016-IV, fueron entregadas a la oficialía de este juzgado el once y quince de enero del año en curso; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes para que obre como en derecho corresponda, tomando en consideración que dichas piezas ya obran en autos.

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