Delfino Robles Pérez

Expediente 1779/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1779/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
05/01/2017

Partes del expediente

  • Delfino Robles Pérez
  • Junta Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra de la sentencia emitida el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (foja 27 a 32) en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías promovido por Delfino Robles Pérez. Dado lo anterior, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en la estadística. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó sobreseimiento carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; por ello, en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  2. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Delfino Robles Pérez, en contra de las autoridades y los actos referidos en el resultando segundo y tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO LO DE CUENTA..TENGASE A LA AUTORIDA RESPONSABLE...RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO...PONGASE A LA VISTA DE LA PARTES EL INFORME...SE TIENE POR OFRECIDA LA DOCUMENTAL QUE EXHIBE...

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de cuenta, se tiene ésta por recibida, promovida por Delfino Robles Pérez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, y VII de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110 y 112 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se admite a trámite en sus términos; regístrese en el libro de gobierno con el número 1779/2016-IX-J, y fórmese expediente. Acto reclamado Al realizar un análisis integral del libelo constitucional de referencia, y bajo la figura de la causa de pedir, se obtiene que el acto de reclamo puntualizado por el impetrante es el siguiente: ".La omisión de la responsable de dictar el acuerdo respectivo dentro de las veinticuatros horas después de la recepción de la demanda, en donde deberá de señalar fecha y hora para la audiencia bifásica La omisión de notificar y emplazar a juicio a los demandados en el juicio natural." Incidente. Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las diez horas con diecinueve minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, en caso de ser ciertos los actos reclamados y cinco en el supuesto de no serlo, computables a partir del día siguiente al de la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando lo haga antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado término, debiendo acompañar, en su caso, las constancias legibles, completas y ordenadas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía, so pena que de no hacerlo así, se impondrá al omiso una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo, pues tal actuar contumaz acarrearía un retraso en la pronta impartición de justicia por la que debe velar esta autoridad. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se comunica a la responsable que se sancionará con multa de cien días de salario mínimo general vigente, en términos del arábigo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se nieguen a recibir la notificación a que se refiere el numeral 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO. En la inteligencia que la mención al denominado "salario mínimo", se entenderá como la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior, conforme con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y su actualización será de conformidad con el transitorio Quinto del mismo decreto, esto es, una vez que se expida la legislación secundaria correspondiente. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo establecido por los numerales 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se impondrán al omiso las sanciones monetarias previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario; y, para que manifiesten oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado, o bien, la actualización de causas de sobreseimiento. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES. De conformidad con el numeral 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Por otra parte, se reserva proveer en cuanto al emplazamiento de la tercera interesada, hasta en tanto obren en autos las constancias que acompañe la autoridad responsable a su informe justificado. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO DE LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108 fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la normatividad en comento). Sin embargo, el suscrito considera que no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, sino que eso dependerá del contexto de cada asunto; puesto que algunas ocasiones el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares; por lo que de ser ese el caso, no es dable sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable. Esto en aras de una interpretación de la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y aun recurso efectivo, previsto en los artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta aplicable al caso la Tesis Aislada XXVII.3o.17 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1933 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Común; de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO POR LA PARTE QUEJOSA. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Rigoberto Pardo Jiménez, Cinthya Gabriella García Magaña, Ana Ruth Valencia García, Cristóbal Hernández López, José del Carmen Dionicio de la Cruz y Tanya Cristhel Baeza Pérez. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; por ello, en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese en términos de ley.

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