Delfino Reyes Sánchez

Expediente 1303/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1303/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Delfino Reyes Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio registrado con folio 9267, signado por el Director de Prestaciones y Bienestar Social y la Subdirectora Jurídica y Normativa, ambos de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual informan la imposibilidad que tienen para la celebración del convenio con el quejoso **************, por lo que solicitan la suspensión del término para dar cumplimiento, así como el apercibimiento decretado. En tales condiciones, y de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, dado que las sentencias están investidas de la autoridad de cosa juzgada y si en lo conducente el doce de agosto del año en curso, se ordenó expresamente: ".que el Director de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente y Subdirector Jurídico, ambos de la Caja de Previsión de Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, una vez que cause ejecutoria el presente fallo, de manera inmediata cumplan en su totalidad con las obligaciones que derivan de la sentencia de nulidad de once de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los autos del juicio de nulidad *************, modificada y confirmada por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo que se traduce en: - Dejar sin efecto el oficio CAPTRALIR/DG/SJN/0962/2019 de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, así como el oficio Concesión de Pensión por Jubilación, de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, con número de patente 20796. - Emitir un nuevo dictamen de pensión, en el que se tome el último sueldo íntegro percibido al momento de la baja definitiva, desglosándose los conceptos que integraron el salario del trabajador demandante consistentes en "SALARIO BASE; QUINQUENIO; COMP. INFECTO; DESPENSA; PREV. SOC. MÚLT; AYUDA P/SERVICIO; APOYO TRASL., y APOYO SOCIAL". - Pagar de manera retroactiva los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la demanda que originó el presente juicio y hasta la fecha en que se dé cumplimiento total a ése fallo. En caso de que las autoridades Director de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente y Subdirector Jurídico, ambos de la Caja de Previsión de Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, no cumplan con lo anterior, la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, deberá de apercibirles nuevamente, con una sanción de mayor severidad ante su actitud contumaz, y darle vista a su superior jerárquico con el objeto de que conmine a la autoridad renuente para realizar su cumplimiento. En su caso, deberá seguir el procedimiento previsto en el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, a fin de lograr el cumplimiento del fallo de nulidad; con la prevención que en caso de renuencia, le impondrá medidas de apremio más severas, lo que se informará a su superior jerárquico, entre otras actuaciones.". La autoridad responsable debe proceder, sin mayor dilación a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el interés que el Estado tiene en que se restituya de inmediato el orden constitucional violado. En ese orden, condicionar el requerimiento a la autoridad responsable para que ésta cumpla con el mandato constitucional hasta que la parte quejosa se presente en sus oficinas para que ".se lleve a cabo la celebración del convenio y una vez hecho ello, se le expida el respectivo cheque a favor del quejoso ***************, en razón de que se tiene que solicitar se autorice tanto el convenio como la expedición del citado cheque." (como lo informó la responsable en oficio CAPTRALIR/DG/DPBS/SJN/1749/2021), implica una dilación y pretender justificar su retardo en el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, imponiendo al mismo la obligación de presentarse ante ella, no coadyuva en su cumplimiento, sino que implica trastocar su finalidad y naturaleza, dado que su acatamiento debe ser impostergable. Apoya lo anterior, por similitud del caso, la tesis I.I3o.A.123 A, con registro digital 175610, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada a fojas mil novecientos noventa y uno, Tomo XXIII, marzo de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS LOCALES. SI DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA SOLICITUD RELATIVA, YA QUE ÉSTAS ESTÁN CONSTREÑIDAS A SU CUMPLIMIENTO SIN DILACIÓN ALGUNA". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Director de Prestaciones y Servicios al Derechohabiente y Subdirector Jurídico, ambos de la Caja de Previsión de Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades directamente obligadas a dar cumplimiento, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al que reciban el oficio que al efecto se envie, remitan las constancias con las que se acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector. Apercibidas que de no acatar lo ya ordenado:  Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, esto es, se les impondrá, de manera individual, una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del tercer transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.  Se determinará porqué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y;  Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Por otra parte, intégrese al expediente el diverso escrito registrado con folio 9481, presentado vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual por los motivos que expone solicita se requiera a las autoridades responsables den cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo; al respecto, dígase a la parte quejosa que deberá estarse a lo ordenado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por *************, por propio derecho; contra actos del Comandante de la Guardia Nacional y otra. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1303/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por **************, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acto que implica una comunicación entre autoridades, que por sí solo no causa afectación a la parte quejosa. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y 61, fracción XII, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede siempre y cuando sea instado a petición de quien siendo titular de un interés jurídico o de un interés legítimo, aduzca una afectación en su esfera jurídica con motivo de la emisión del acto reclamado, ya sea de manera directa o derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe precisar que el interés jurídico es definido como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley, se dé una afectación, ofensa, daño o lesión en sus intereses, atentando en contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir, y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Para su configuración, el Máximo Tribunal del país ha considerado que deben reunirse los elementos siguientes: 1) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y 2) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Los elementos de referencia son concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos evidencia la ausencia del interés jurídico. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, página 225, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De igual forma, resulta aplicable la tesis 2a. LXXX/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo tres, página mil ochocientas cincuenta y cuatro, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En principio conviene tener presente que del estudio efectuado al ocurso que se provee, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "A) De la Autoridad Ordenadora:" 1.- COMANDANTE DE LA GUARDAI NACIONAL. Se le reclama la emisión del oficio *********** de fecha 30 de septiembre de 2021, en el cual se ordena privarme de mis servicios y de mis salarios y prestaciones inherentes al mismo a partir del 30 de septiembre de 2021. B) De la ejecutora: 1.- DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL a) La suspensión de servicios y salarios a partir del 30 de septiembre 2021 derivado de la ejecución del oficio *********** de fecha 30 de septiembre 2021." En el apartado de hechos, el quejoso argumenta lo siguiente: ".15.- Al llegar el día 04 de octubre de 2021 asistí a las instalaciones de Recursos Humanos de la Guardia Nacional ubicada en Calzada México-Xochimilco, número 4985, colonia Guadalupe, C.P. 14388, Alcaldía Tlalpan en esta Ciudad de México, a cobrar mi cheque quincenal, correspondiente a la segunda quince de septiembre del año en curso, de manera normal como lo venía haciendo, cuando personal de la Guardia nacional me entrega el oficio *********** de fecha 30 de septiembre 2021 emitido por el Comandante General de la Guardia Nacional y copia de la publicación en Diario Oficial de la Federación de la extinción de la Unidad de Transición que hoy se anexan. 16.- Adicionalmente se me informo verbalmente a un grupo de compañeros y a mi que estaban en la misma situación, debemos ir preparando acta entrega recepción de los asuntos bajo nuestro cargo, así como entrega de equipo de la Corporación ya que derivado del oficio ***********, se nos dejara de asignar servicios y debemos presentar hoja de no adeudo de equipo de la Corporación, es importante señalar que al día de hoy al suscrito no se me ha ejecutado el oficio ***********, sigo pasando lista y cobre mi segunda quincena de septiembre del año en curso, sin embargo la ejecución de dicho oficio en mi persona es inminente, pues el suscrito TENGO DERECHO A SEGUIR PRESTANDO MIS SERVICIOS Y RECIBIR EL PAGO RESPECTIVO hasta que se determine mi situación jurídica y se concluya mi trámite de alta en la Guardia Nacional como fue solicitado ante la Unidad de Transición de la S.S.P.C." Asimismo, la parte quejosa anexó a su escrito de demanda el oficio ************* de treinta de septiembre de este año, el cual, en la parte conducente, se lee lo siguiente: ".se instruye a los Titulares de las Unidades Administrativa y Direcciones Generales de la Guardia Nacional, que cuenten con personal administrado por la Unidad de Transición (UT), para que a partir del 30 de septiembre del presente año se deje de pasar lista y se le deje de asignar funciones al mismo, con motivo de la extinción de la UT, quienes deberán vigilar su debido cumplimiento conforme a lo siguiente: A. La presente disposición es de aplicación inmediata en todas las Unidades Administrativas de la Guardia Nacional. B. Las unidades administrativas que cuenten con personal con plazas administradas por la Unidad de Transición perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberán dejar de pasar lista y/o asignar funciones a este, a partir del 30 de septiembre del presente año, con motivo de la extinción de dicha unidad. C. Los recursos financieros y materiales que tenga asignados el personal citado en el punto que antecede, deberán ser entregados a las áreas donde se encuentren prestando sus servicios, por tal motivo, tendrán que realizar los trámites inherentes a la liberación de su hoja de no adeudo. D. Los trámites que cada Unidad Administrativa y Dirección General tengan a bien emitir para atender la presente disposición deberán informarlo marcando copia a la Dirección General de Recursos Humanos para los efectos que haya lugar. (.)" De lo anterior, se advierte que a través del oficio motivo del acto reclamado el Comandante de la Guardia Nacional, instruye a las Unidades Administrativas y Direcciones Generales que cuenten con personal administrado por la Unidad de Transición para que dejen de pasar lista a partir del treinta de septiembre del actual, dejando de asignar funciones al mismo. En tales condiciones, se advierte que tal actuación únicamente constituye una comunicación entre autoridades, la cual no implica la terminación de la relación jurídica de la parte quejosa con la dependencia en la que actualmente refiere encontrarse activo; por tanto no se advierte que se trasciendan sus derechos subjetivos. En efecto, el hecho de que la autoridad administrativa haya determinado el dejar de pasar lista a partir del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, y no asignar funciones al personal administrado por la Unidad de Transición, no se traduce en una afectación real y directa de un derecho subjetivo, máxime que del apartado relativo al señalamiento de los hechos el propio quejoso refiere "es importante señalar que al día de hoy al suscrito no se me ha ejecutado el oficio ***********, sigo pasando lista y cobre mi segunda quincena de septiembre del año en curso". Al respecto, es importante mencionar que la causa de improcedencia relativa a la falta de afectación al interés jurídico, contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consta de dos elementos: 1) un bien jurídico tutelado de forma específica en favor del justiciable y que es reconocido por el derecho objetivo, lo cual le da una facultad de exigencia frente a las demás personas, es decir, es un derecho reconocido en las normas aplicables, en favor del quejoso de manera concreta, y; 2) una transgresión a ese derecho verificada mediante la emisión de un acto de autoridad real y actual, esto es, un acto que esté dirigido al quejoso de forma personal y directa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/87, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, Página 364, en Materia Común, de la Octava Época, con registro 224803: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En esa tesitura, el acto que ahora reclama la parte quejosa únicamente implica una comunicación entre autoridades, la cual no implica una terminación de la relación jurídica del quejoso con la dependencia en la que refiere encontrase activo; pues se insiste, del contenido íntegro del oficio que constituye el acto reclamado no se advierte de forma alguna que las autoridades responsables hayan determinado suspender su quincena relativa al treinta de septiembre de dos mil veintiuno, tan es así, que en el escrito inicial de demanda el propio quejoso indicó: "es importante señalar que al día de hoy al suscrito no se me ha ejecutado el oficio ***********, sigo pasando lista y cobre mi segunda quincena de septiembre del año en curso". Por tanto, se colige que el oficio *********** de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, al ser un acto de comunicación entre autoridades no causa una afectación en la esfera jurídica del quejoso. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda, promovida por **************, por propio derecho. Determinación que debe hacerse extensiva respecto de la autoridad ejecutora señalada en la demanda, esto es, Dirección General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional. Cobra aplicación a lo antes referido, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Luego, al haberse desechado la demanda respecto de la norma y actos reclamados, tal determinación debe hacerse extensiva respecto de sus efectos y consecuencias, porque son inherentes a los mismos. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************ y a ************, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Acceso a expediente electrónico y notificaciones por dicho medio. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "************" que corresponde a ************. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que las autorizaciones de mérito son independientes de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Apercibimiento para las partes que intervendrán. Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo: "I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; --- II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; --- IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y --- V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Eduardo Vázquez Torres, Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en términos de la comunicación contenida en el oficio CCJ/ST/2238/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido de la secretaria Patricia Hernández Ávila, que autoriza y da fe.

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