Delfino Quintero Mozo

Expediente 1117/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1117/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2017

Partes del expediente

  • Delfino Quintero Mozo
  • Directora de Catastro y Receptoría de Rentas del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo Colegiado el once de octubre del dos mil diecisiete, dentro del recurso de queja 269/2017 de su índice, en la cual determino declarar infundado dicho medio de impugnación. Acúsese el recibo de estilo. Lo anterior, comuníquese a las partes, glosénse el cuaderno de antecedentes y con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se decretó desechar la demanda. Finalmente, dada la carga excesiva de trabajo de este Juzgado de Distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice la presente notificación personal inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la Ley de la Materia. Notifíquese.

  2. Principal

    el actuario adscrito al Segundo Tribunal cOLEGIADO en Materias Penal y administrativo del decimoctavo circuito, por el cual informa que admite a tramite el recurso de queja interpuesto por el impetrante de amaparo en este juicio.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los escritos de cuenta, signados por el quejoso, mediante los cuales interpone recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 12 y 97 fracción I, inciso a), se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de trece de julio del año en curso, por el que se desechó la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en turno, el original del escrito de agravios por el que interpone la parte quejosa recurso de queja, el informe sobre la materia de la queja y constancias necesarias para resolver lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso B) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el acuerdo y/o resolución que a continuación se cita:Cuernavaca, Morelos, a trece de julio de dos mil diecisiete. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por Delfino Quintero Mozo, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora de Catastro y Receptoría de Rentas del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1117/2017-G, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente.... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De lo anterior, se desprende que para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos, se obtiene que el quejoso señala como autoridade responsable y actos reclamados esencialmente lo siguiente: Directora de Catastro y Receptoría de Rentas del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. ? ".La negativa reiterada de expedirme copias certificadas de la totalidad del expediente catastral número 7200-04-002-025 misma cuenta que en vida perteneció al bien inmueble ubicado en Barranca Ahuehuetes sin número, en Axochiapan, Morelos." Por lo cual el acto esencialmente reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, o pueda ser revisado de oficio. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familia o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.": [ ARTÍCULO 2. Las autoridades de la Administración Pública estatal o municipal o de sus organismos descentralizados, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estimen que es contraria a la ley.";] [ARTÍCULO 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.]" Por su parte, el numeral 40 de la ley citada, dispone que el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: "Artículo 40. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; II. De las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen con actos vinculados con dichas responsabilidades; III. De la determinación de existencia de conflicto de intereses; IV. De los juicios sobre la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de los poderes públicos, los organismos públicos autónomos, los municipios y los organismos auxiliares de la administración pública estatal o municipal; V. De los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta recaída a una instancia o petición de un particular. Se entenderá que se configura la resolución negativa ficta cuando las autoridades estatales o municipales o sus organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la petición. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se produzca la resolución expresa; VI. De los juicios en que se pida la declaración de afirmativa ficta, en los casos en que así proceda conforme a la ley rectora del acto. En estos casos para que proceda la declaración, el actor deberá acompañar a su demanda, el escrito de solicitud de la pretensión deducida frente a la autoridad administrativa y el escrito en el que solicite la certificación de que se produjo la afirmativa ficta; VII. De los juicios en los que se reclame responsabilidad patrimonial objetiva y directa al Estado, a los Municipios o a sus organismos auxiliares conforme a la Ley de la materia. VIII. De las controversias que se susciten por la interpretación, cumplimiento, rescisión o terminación de los contratos de naturaleza administrativa o los que deriven de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Morelos, o de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, o de los Reglamentos Municipales en dichas materias; IX. Conforme a lo establecido en el apartado b fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá de las controversias derivadas de la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales; X. De las jurisdicciones voluntarias que se sometan a su consideración para la terminación de relaciones administrativas, de conflicto de intereses o compatibilidad de empleos, sin perjuicio de que estas sean materia de controversia y aquellas que deriven de la naturaleza de su competencia constitucional, conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto emita el pleno, y XI. De los asuntos cuya resolución este reservada al Tribunal conforme a la normativa aplicable." De la anterior trascripción, se evidencia con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama el quejoso, proveniente de la autoridade del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1º y 3º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citados, el cual puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado y consecuentemente el ahora peticionario de amparo podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. Lo anterior es así, en atención a que si una persona impugna en la vía constitucional un acto de autoridad como el que aquí se analiza, sin acudir previamente al juicio de nulidad, opera la causal de improcedencia aplicada en el caso, al no cumplirse con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Debe mencionarse además, que para que el gobernado esté obligado a agotarlo, sólo se requiere que exista una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, y que con su interposición se suspendan sus efectos en los términos y condiciones a que se refiere la fracción XX, del precepto 61, de la Ley de Amparo, es decir, que la suspensión que prevea dicho medio de defensa legal no debe exigir mayores requisitos que los que establece la Ley reglamentaria del juicio de amparo. En ese tenor, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "ARTÍCULO 142.- La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. ARTÍCULO 143. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento". Por su parte, la Ley de Amparo establece: "Artículo 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la confrontación de los anteriores dispositivos, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no solicita mayores requisitos que los exigidos por la Ley de la materia para decretar la suspensión de los actos que se impugnan, por lo cual, es evidente la improcedencia de la demanda de amparo en estudio. Aunado que el acto reclamado que se traduce en la negativa reiterada de expedirle copias del expediente catastral 7200-04-002-025, contenido en el oficio sin número del veinte de junio del dos mil diecisiete, se evidencia que no adolece de fundamentación, pues funda su proceder en el artículo 63 de la Ley de Catastro Muinicipal para el Estado de Morelos, de ahí, que actualice la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la ley de la materia. Resultan aplicables al caso, las tesis de jurisprudencia establecidas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 297 y 300 del Tomo VI Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, que literalmente dicen: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala del precisado Supremo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 12/99, visible en las páginas 316 y 317 del Tomo y Apéndice citados con antelación, pero de la Compilación 1917-2000, que es del rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISION DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 107, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION Y 73, FRACCION XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Por tanto, no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 113, en relación con el dispositivo 61, fracción XX, ambos de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Delfino Quintero Mozo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Finalmente se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado Federal, y por autorizados para tales efectos en término del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados propone. De igual forma, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con las documentales remitidas por el promovente, fórmese un anexo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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