Delfino Peñaloza González

Expediente 531/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
531/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Delfino Peñaloza González

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa III. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído veintiséis de diciembre pasado (fojas 10 a 14), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Comisariado Ejidal del "Ejido de Valle de Bravo", Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa III. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Comisariado Ejidal del "****", municipio de ****; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 531/2017-III. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La cesión de derechos del Sistema de Agua Potable y su Red Hidráulica por parte del Comisariado Ejidal del "****", del municipio de ****, en favor del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (O.D.A.P.A.S), del municipio de ****, así como la recepción de dichos derechos por parte del citado organismo. Luego por lo que hace a los actos reclamados, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa previo a comparecer a la presente instancia constitucional debió acudir ante los Tribunales Unitarios Agrarios a pedir la nulidad del acto reclamado. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." La porción normativa transcrita establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra los actos reclamados proceda un recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a que no deben exigirse mayores requisitos, lo cual significa que si la Ley reglamentaria del recurso o medio de defensa ordinario, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley que rige el juicio constitucional para conceder la suspensión definitiva; el principio de definitividad debe prevalecer en ese caso y, en consecuencia, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios en su defensa. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le causen afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de Leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 447, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394403, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Es aplicable la jurisprudencia 451 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 300, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, Quinta Época, con número de registro 394407, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, es importante destacar que además de los anteriores extremos, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también alude a que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto a los que requiere la Ley de Amparo como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como las de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que los particulares estén en la aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Resulta ilustrativa a las consideraciones precedentes, la jurisprudencia 2ª./J. 115/99, que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1999, Novena Época, con número de registro 193142, cuyo rubro y texto son los siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una 'ley', y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Por consiguiente, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) La legislación ordinaria prevea la suspensión del acto reclamados sin mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo para su procedencia. d) El caso concreto no se ubique dentro de algunas de las excepciones contempladas en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en su artículo 18, fracción VI, establece: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: . VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; ." De la norma transcrita se desprende que el Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer de las controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí y como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población. En ese sentido, el juicio seguido ante el Tribunal Unitario Agrario es un medio ordinario de impugnación que la parte quejosa debe agotar antes de acudir ante esta instancia constitucional, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado. De ahí, que contra el acto que se combate, consistente en la cesión de derechos del agua que pretende ejecutar el Comisariado Ejidal del "****", municipio de *****; la parte quejosa tiene la obligación de promover juicio agrario ante el Tribunal correspondiente. Por tanto, al tratarse de la afectación de un derecho de agrario, su impugnación tiene la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada entre la quejosa y el Comisariado Ejidal de *****, respecto de la cesión de derechos del Sistema de Agua Potable y su Red Hidráulica en favor del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (O.D.A.P.A.S) de Valle de Bravo, Estado de México; lo que evidencia que se trata del supuesto que contempla la fracción VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, esto es, de controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí y como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población, lo cual da origen a la tramitación de un juicio cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Unitario Agrario competente. Además, el contenido del artículo 166 de la Ley Agraria se desprende que podrá decretarse la suspensión de los actos reclamados, para cuya substanciación se remite al trámite previsto en la Ley de Amparo, de ahí que no se exigen mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en virtud de que ambos juicios se regulan por igual ordenamiento legal y requisitos para proveer sobre la medida cautelar; por tanto, se cumple con ese requisito, contemplando lo dispuesto en la Ley de Amparo en materia de suspensión, pues, se constituyen los mismos requisitos con lo que se refuerza que el acto que se combate carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por último, también se cumple con el último requisito para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, toda vez que el caso concreto no se ubica dentro de las excepciones previstas en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XX de la Ley de Amparo, y además con fundamento en lo dispuesto en el diverso artículo 113 de la misma legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Delfino Peñaloza González, contra actos del Comisariado Ejidal del "****", municipio de ****, por notoriamente improcedente. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas señaladas en la demanda de cuenta. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente al quejoso.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano