Delfino Ortega Sotelo

Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
820/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Delfino Ortega Sotelo

Actuaciones

  1. Principal

    En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con una constancia de notificación personal realizada por la Actuaria Judicial, registrada bajo el número de folio 14971. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************RECURSO DE QUEJA Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase al quejoso Delfino Ortega Sotelo, interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo.********************En esa virtud, dese vista a María de los Ángeles Cortés Segundo, Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, con la notificación de cuenta y con el presente proveído, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, manifieste lo que a su interés legal convenga atendiendo a la solicitud hecha por el impetrante y, una vez que el presente se encuentre debidamente integrado, remítase a la Superioridad el informe a que refiere el artículo 101 de la Ley de Amparo, para el ulterior trámite del recurso de que se trata.********************NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A MARÍA DE LOS ÁNGELES CORTÉS SEGUNDO, DEFENSORA PÚBLICA FEDERAL.********************Así lo acordó y firma [electrónicamente] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  2. Principal

    En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 14815. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Téngase por recibido el oficio signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete, "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, mediante el cual, informa que ha realizado las gestiones conducentes a efectos de que el quejoso sea atendido de acuerdo a los padecimientos y patologías de las que se ha dolido al momento de las revisiones médicas.********************Asimismo, señala que el impetrante el cinco de octubre pasado, fue trasladado al Hospital General "Dr. Miguel Silva", en Morelia, Michoacán de Ocampo, en la especialidad de oftalmología, de la cual, resultó la solicitud de estudios de cálculo de lente intra-ocular ambos ojos con la constante 118.4, así como interconsulta con medicina interna.********************Aduciendo, que se ha otorgado al quejoso la atención médica necesaria, atendiendo sus padecimientos; y, que las manifestaciones señaladas por éste en su demanda de amparo son falsos, ya en ningún momento se ha obstruido su derecho al acceso a la salud, ni se ha negado la atención médica. ******************** De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo acordó y firma [electrónicamente] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  3. Principal

    En veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio recibido electrónicamente, registrado bajo el número de folio 14704. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.********************SE RECIBE OFICIO. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual, informa que requirió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Diecisiete "CPS-MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, para que realice las gestiones conducentes para que el quejoso reciba la atención requerida e intervención quirúrgica que necesita; lo anterior, en atención a la suspensión de plano decretada por este Juzgado de Distrito en favor de ********************.********************De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo acordó y firma [electrónicamente] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María De Los Ángeles Cortés Segundo Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo, en favor del quejo directo Delfino Ortega Sotelo, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades. REGISTRO Fórmese expediente, captúrese su ingreso y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el juicio de amparo número 820/2023. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO A LA PARTE QUEJOSA para cumplirse de inmediato y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, para el efecto de que se le proporcione la atención médica integral, medicamentos y tratamiento que requiere, para el padecimiento a que refiere en su escrito de marras ("CATARATA AO, PTERIGION NASAL OI" en ambos ojos); a fin de que se le realice la valoración médica e intervención quirúrgica que necesita; además deberán realizar las gestiones necesarias para que se lleve a cabo. Lo anterior, atendiendo a que de los antecedentes narrados por la promovente del amparo en su demanda, se advierte que presenta ese padecimiento; lo que permite establecer, con base en una ponderación de la apariencia del derecho y el peligro en la demora, que la falta de valoración general por los especialistas que requiere y la omisión de autorizar su traslado a un hospital en que pueda practicarse dicho tratamiento, compromete gravemente la integridad personal del impetrante de amparo. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, posteriores a que proporcionen la atención médica al quejoso, informen el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida, una vez recepcionado el oficio correspondiente. Lo que deberán hacer del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (JUICIO EN LÍNEA), o bien, a través del correo institucional [6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.]. En la inteligencia de que, en caso, de realizar dicha remisión físicamente, vía mensajería acelerada, lo deberán hacer del conocimiento de este tribunal con la debida anticipación, a fin de estar en condiciones de acordar lo que conforme a derecho proceda. Apercibidas que, en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora, en el caso, se aprecia que el quejoso directo hace consistir su reclamo en: "(.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: Se reclaman las múltiples omisiones de proporcionar al C. DELFINO ORTEGA SOTELO, el acceso al derecho y protección a la salud, en términos del artículo 4° Constitucional, para recibir el tratamiento médico especializado completo que requiere, a saber la INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA que demanda su padecimiento de "CATARATA AO, PTERIGION NASAL OI" en ambos ojos, que fue diagnosticado por el Hospital General Dr. Miguel Silva. (.)". No obstante la presunción de la certeza del acto reclamado, este Órgano de Control Constitucional, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicho precepto alude al principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, cuando: A. Deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, B. Proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido de que la última hipótesis opera siempre y cuando conforme a las leyes que rijan los actos tildados de inconstitucionales, se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que hagan valer los quejosos, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la invocada normatividad. Al respecto, el mecanismo establecido en la legislación aplicable al particular, dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, como se precisará párrafos posteriores e incluso, si la parte quejosa desea que su acto sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, a fin de que cese la omisión, por lo que dicha suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la regulada por la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que ésta requiere, ni tampoco mayor plazo para su otorgamiento. Ahora, los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. (.) Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. (.) Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". De los preceptos recién transcritos se advierte que, dicha legislación prevé el Procedimiento Administrativo mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Además, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento -como es la omisión de brindar atención médica- que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, inclusive en casos urgentes cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física de la persona privada de la libertad, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Asimismo, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, en el caso en particular, de la demanda de amparo, se evidencia que el directo quejoso, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, y reclama la omisión de proveerle atención médica, por parte de las autoridades penitenciarias. Lo cual se identifica plenamente con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, de conformidad con los artículos 2, 9 y 30, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con lo anterior, se pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, diseñado para atender las solicitudes de todas aquellas personas que se encuentren privadas de su libertad, y que consideren que se vulneran sus condiciones de internamiento, como lo es, la omisión de recibir atención médica, el cual se estima ágil y eficaz para que los internos pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de dicha prerrogativa, incluso de carácter urgente. Por tanto, se concluye que este juicio es improcedente, porque el promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de los actos reclamados analizados en este apartado y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues no se actualiza algún caso de excepción al citado principio de definitividad. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230. De rubro y texto: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". En consecuencia, es evidente que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que lo procedente es DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Sirve de sustento el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al resolver el recurso de queja 37/2022. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia número I.13o.A. J/6, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". VIGENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se precisa que la suspensión de plano decretada en esta determinación continuará vigente hasta en tanto quede firme la misma, o bien, se resuelva algún medio de defensa que se haga valer en su contra. Comuníquese lo anterior, a las responsables, para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Con lo solicita la parte quejosa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través del usuario que para tal efecto proporciona; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción darle de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y habilitarse la consulta del expediente electrónico en que se actúa. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · 3,119 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano