delfino mendoza garcia

Expediente 313/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
313/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/10/2021

Partes del expediente

  • delfino mendoza garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, del que se advierte que está dirigido al presente juicio; sin embargo, del estado procesal se advierte que las partes ni el contenido del mismo corresponden a alguna diligencia o quejoso relacionado con el presente expediente; por tanto, regrésese a su lugar de origen para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************** contra el acto de la autoridad responsable señalada en dicho escrito. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 313/2021-V. Improcedencia En primer lugar, debe analizarse la procedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Ahora bien, cabe apuntar que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra actos de naturaleza intraprocesales y que sólo por excepción procederá dicha instancia constitucional, cuando por sí mismo implique un acto de imposible reparación. Así, en relación con los actos de imposible reparación, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...).". De ese precepto se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose como tales aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de dicho dispositivo se llega a la conclusión que la Ley de Amparo establece, en su artículo 107, fracción V, como hipótesis general de procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, que el acto de autoridad que se reclama tenga una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tal los que producen una afectación material, real y actual de los derechos sustantivos del quejoso, tutelados por la constitución y por Tratados Internacionales firmados por el Estado Mexicano. Por lo que, de acuerdo con el texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto está reservada únicamente para los actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten derechos sustantivos. Así, es menester ponderar si el acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Control, mediante la cual determinó improcedente el incidente no especificado a efecto de declarar como ilícitas diversas "pruebas" y en consecuencia su exclusión, tiene o no una ejecución que sea de imposible reparación en la causa penal de origen. Para tal efecto, es importante conocer si es posible impugnar vía juicio de amparo indirecto las violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral, por lo que, es necesario mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las etapas del procedimiento penal son las siguientes: I. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia, por regla general, con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el Juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio. Es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el Juez de Control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora bien, los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación;1 de modo que en los juiciostramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Ello, porque la Ley de Amparo vigente fue construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos que permite al gobernado controvertir, en la vía indirecta, violaciones a derechos sustantivos, dejando para la vía directa los actos que impliquen violaciones procesales, con el fin de evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso en el dictado de la resolución de fondo. Así, tomando en cuenta las premisas previamente establecidas, se concluye que el acto reclamado no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues "la determinación de veintiuno de abril de dos mil veintiuno", únicamente define cuestiones meramente procesales, ya que el Juez responsable decretó improcedente incidente promovido por el quejoso, en la que solicitó que se excluyeran diversos medios de prueba, por lo que no se involucran derechos de naturaleza sustantiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de debate en la trascurso de la fase oral de la misma audiencia intermedia, en donde se puede cumplir con la totalidad de los principios que rige el sistema penal acusatorio. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas u ofendidos y de los propios procesados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar estasituación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado.".2 (lo destacado es nuestro) Máxime que de manera excepcional procederá el juicio de amparo contra la no exclusión de medios de prueba, siempre y cuando se hayan sometido a debate los argumentos relacionados respecto de si una prueba es o no "ilícita"; es decir, que el medio de prueba que se pretende excluir haya sido sometido al principio de contradicción, lo cual, en la especie, no acontece, ya que el Juez de Control mediante su resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, decretó como improcedente el incidente no especificado a efecto de excluir pruebas y, por ende, no hubo debate alguno entre las partes relativo a ese incidente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LOS ACTOS RELACIONADOS CON SU ADMISIÓN, INADMISIÓN, EXCLUSIÓN O NO EXCLUSIÓN, EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN O INTERMEDIA, POR VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDE POR EXCEPCIÓN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE PREVIAMENTE SE HAYAN SOMETIDO A DEBATE LOS ARGUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRUEBA ILÍCITA Y AGOTADO, DE SER NECESARIO, EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." estableció, como regla general, que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, consiste exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa; por tal razón, habrá casos en los que por excepción sea procedente el juicio de amparo indirecto, en contra de los actos relacionados con la admisión, inadmisión, exclusión o no exclusión de pruebas por violación a derechos fundamentales, en las etapas de investigación o intermedia, condicionados a que previamente se hayan sometido a debate los argumentos relacionados con la prueba ilícita (principio contradictorio) y agotados los medios de defensa al alcance de la parte inconforme (principio de definitividad), en los supuestos que sea necesario.".3 Así las cosas, el promovente pretende instar el presente juicio de amparo contra la decisión del Juez de Control señalado como responsable de veintiuno de abril de la presente anualidad, que decretó como improcedente el incidente de mérito, dentro de la propia audiencia intermedia, cuyo propósito se analizó en la presente determinación. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Domicilio del quejoso y autorizados Téngase como domicilio de la parte quejosa el que menciona en su demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizada a la personas que designa siempre y cuando sea licenciada en derecho y pueda legalmente ejercer dicha profesión en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al Actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Datos de contacto Se tiene por recibido el número telefónico y el correo electrónico del quejoso a efecto de entablar comunicación, en su caso. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese.

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