Delfino López Romero

Expediente 1071/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1071/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Delfino López Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en razón de que se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el artículo 21, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 79/2020-V, promovido por Eduardo Peña Lorenzana, por derecho propio, contra actos de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de otras autoridades; y, .... En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO respecto de los actos reclamados y autoridades citadas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Eduardo Peña Lorenzana, respecto del acto y autoridad citados en el considerando cuarto y en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy diez de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica de la firma electrónica de Joel Salvador Rico González, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado a la sentencia; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, se procede a proveer lo conducente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243) Se impone destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal, se otorgaron para los efectos siguientes: "Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto del artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en el citado medio de difusión oficial, para el efecto de que: Se determine el impuesto predial correspondiente a los seis bimestres del ejercicio fiscal dos mil veinte, a cargo de la quejosa, KEAQ, sociedad anónima de capital variable, respecto del inmueble del que es propietaria, que tributa bajo el número de cuenta predial 03316001031-1, aplicando la cuota reducida prevista en el rango D del inciso a), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte." De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de las autoridades responsables, consistente en: ?Determinar el impuesto predial correspondiente a los seis bimestres del ejercicio fiscal dos mil veinte, a cargo de la quejosa, KEAQ, sociedad anónima de capital variable, respecto del inmueble con número de cuenta predial 03316001031-1, aplicando la cuota reducida prevista en el rango D del inciso a), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, a efecto de dar cumplimiento con el fallo protector dictado en autos, la Administración Tributaria en Anáhuac, realizó el cálculo del impuesto predial aplicando la mecánica señalada en la ejecutoria de amparo; en ese sentido, mediante oficios de cuenta, signados por el Director de Pagos y Custodia de Valores, en suplencia por ausencia del Director General de Administración Financiera; y por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Anáhuac, remitieron copia certificada de Acta de Notificación y Entrega de Documentos, en el que se advierte que el apoderado legal de la quejosa KEAQ, sociedad anónima de capital variable, recibió el contra recibo número 102087 y el cheque 0014986 de nueve de julio de dos mil veintiuno, por el importe de $8,453.15 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 15/100 moneda nacional). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio de garantías, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que determinó el impuesto predial correspondiente a los seis bimestres del ejercicio fiscal dos mil veinte, a cargo de la quejosa, calcular el impuesto predial aplicando aplicando la cuota reducida prevista en el rango D del inciso a), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, y toda vez que resultaron diferencias entre la cantidad que resultó de aplicar la tarifa referida y lo pagado por la quejosa, se le devolvió la cantidad pagada en exceso, por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese personalmente a la moral quejosa Keaq, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal, en el domicilio ubicado en paseo de las palmas, número mil trescientos noventa y siete (1397), colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por la Administradora de Asuntos Penales y Especiales "1", de la Administración General Jurídica, en representación del Central de Asuntos Penales y Especiales, ambos del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual, rinde su informe justificado en relación con la ampliación de demanda promovida en autos. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con este se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte las documentales exhibidas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, atento al escrito de cuenta, recibido en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a través del cual, Francisco Álvarez Morphy Alarcón, quejoso en el presente juicio, promueve ampliación de demanda. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, fracción III, 111, 115, 116 y 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda promovida por Francisco Álvarez Morphy Alarcón, contra la autoridad y acto siguientes: (.) "III. AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS QUE SE LE RECLAMAN EN LA PRESENTE AMPLIACIÓN En adición a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda y en las anteriores ampliaciones de demanda, a través de la presente ampliación se señalan como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1. La C. Amairany Brenda Moreno Chávez, en su calidad de Suboficial de la Policía Federal Ministerial dependiente de la Fiscalía General de la República, a quien se le reclama la emisión del Oficio No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/10003/2019 de fecha 11 de julio de 2019 dirigido hacia la Jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se solicitó información financiera del quejoso. Además, se le reclama que carece de facultades para emitir el Oficio No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/10003/2019 de fecha 11 de julio de 2019 dirigido hacia la Jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se solicitó información del quejoso. Asimismo, de dicha autoridad se reclama que el referido oficio no fue emitido bajo una autorización de control judicial, toda vez que en la carpeta de investigación FED/SEIDF/GCI- CDMX/00000696/2020, no existen constancias que acrediten la existencia de dicho control judicial en esa temporalidad, sino hasta febrero de 2020. También se le reclama cualquier otra solicitud de información financiera, bancaria o fiscal del quejoso que haya realizado a otras autoridades, adicionales a las realizadas en julio y agosto de 2019, a las que me referiré más adelante, y en caso de que existan acredite y provea las autorizaciones, o en su caso negativas, que hayan sido emitidas por el Juez de Control en turno. 2. La C. Jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a quien se dirigió el Oficio No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/10003/2019 de fecha 11 de julio de 2019 y a la que se le reclama cualquier oficio y/o documento mediante el cual haya girado la instrucción de solicitar la información financiera del quejoso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a cualquier otra autoridad. Es importante señalar desde este momento a su Señoría que en el informe justificado rendido por la Jefa del SAT a través del oficio 600-05-01-01-00-2021-902 dentro del juicio de amparo que nos ocupa, dicha autoridad responsable manifestó como supuestamente no ciertos los actos que le habían sido reclamados; sin embargo, a través del Oficio No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/10003/2019 de fecha 11 de julio de 2019 se hace evidente que la Jefa del SAT tenía conocimiento del requerimiento de información que nos ocupa y fue omisa en señalar tales circunstancias a ese H. Juez. 3. El C. Administrador Central de Asuntos Penales y Especiales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria a quien se le reclama la ilegal emisión del Oficio con No. De identificación de requerimiento 600-05-04-00-00-2019- 6299 y No. de Folio SIARA AGJACAPE/2019/000002 emitido el 27 de agosto de 2019, mediante el cual realizó un requerimiento de información y documentación bancaria y financiera del quejoso, indebidamente fundado y motivado, como se evidencia de lo dispuesto por el Oficio No. FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/10003/2019 de fecha 11 de julio de 2019. Se reclama cualquier acto que haya emitido, ordenado o atendido en relación con la Fiscalía General que estén relacionadas con las solicitudes de información bancaria que tuvieron, por mandato de ley, ser autorizadas previamente por un Juez de Control, e indique si la Fiscalía le proporcionó dichas autorizaciones. 4. La Lic. Lucila Saúl Hernández, Directora General Adjunta de Atención a Autoridades "C", dependiente de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Bancaria y de Valores, a quien se le reclama el acto consistente en el Oficio No. 214-3/YAT-1618319/2019 emitido el 10 de septiembre de 2019, dentro del expediente H/IN2-1908- 034158-DHL y que lleva por asunto "Se atiende requerimiento", dirigido a la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, el cual se encuentra indebidamente fundado y motivado. Se reclama cualquier acto que haya emitido, ordenado o atendido en relación con la Fiscalía General o el SAT, que estén relacionadas con las solicitudes de información bancaria que tuvieron, por mandato de ley, ser autorizadas previamente por un Juez de Control, e indique si la Fiscalía o el SAT le proporcionó dichas autorizaciones. 5. El C. Sandro García Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Bancaria y de Valores, a quien se le reclama cualquier acto mediante el cual haya proporcionado información y/o documentación bancaria o financiera del quejoso a petición de la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria o por cualquier otra autoridad, el cual se encuentra indebidamente fundado y motivado. Se reclama cualquier acto que haya emitido, ordenado o atendido en relación con la Fiscalía General o el SAT, que estén relacionadas con las solicitudes de información bancaria que tuvieron, por mandato de ley, ser autorizadas previamente por un Juez de Control, e indique si la Fiscalía o el SAT le proporcionó dichas autorizaciones." (.) Sin que se provea respecto a la suspensión del acto reclamado, por no haberse solicitado por la parte quejosa. Se da al Fiscal Ejecutivo adscrito la participación que legalmente le corresponde, y, por única vez, se le notifica el presente proveído a través de oficio; en la inteligencia de que las subsecuentes notificaciones se harán conforme a lo previsto en el artículo 26, fracción III, de la ley en cita. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el escrito de ampliación de demanda que se provee, para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; y, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO REMITIR LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS, O LO HAGA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, al resolver el fondo del asunto SE LES IMPONDRÁ UNA MULTA DE CINCUENTA A MIL VECES LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, según lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 del ordenamiento invocado, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se hace de su conocimiento que tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado deberán complementar en esos aspectos el acto reclamado. Asimismo, con apoyo en lo establecido en los artículos 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, se les requiere para que, en el supuesto de que existiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualice tal hipótesis no deberán hacer comunicación alguna. En relación con las manifestaciones del quejoso en el sentido de requerir a las autoridades responsables remitan diversas constancias relacionadas con la carpeta de investigación que refiere, dígasele que, el suscrito, como rector del procedimiento, en caso de estimarlo necesario, requerirá tales constancias en el momento procesal oportuno. Se les informa que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 22, del citado Acuerdo General 21/2020; se exhorta a todas la autoridad responsable, para que: 1) de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autoriza para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

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