DELFINO LOPEZ PEREZ y Otros.
Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- DELFINO LOPEZ PEREZ y Otros.
- OSCAR FLORES RIVERA y Otros.
Actuaciones
- Principal
CAUSO EJECUTORIA Y SE ORDENA REMITIR AL ARCHIVO DEFINITIVO
- Principal
Se tiene por recibido el ocurso de demanda presentado por *****y otros, por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 20/2021-III-C, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROCEDENCIA De la lectura íntegra de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el que ahora provee estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que señalada en el artículo 61, fracción XX, de la propia legislación. El numeral en cita establece la improcedencia del juicio de amparo contra los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Con lo cual, se pone de manifiesto los motivos que actualizan la causa de improcedencia, esto es: 1) que en la ley ordinaria se prevé un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa [en principio], en los términos reclamados por el quejoso, pueda ser impugnada; y, 2) que ese recurso o medio de defensa suspende los efectos de dicho acto, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin que exija mayores requisitos que los que consigna para el otorgamiento de la suspensión provisional. Resta por corroborar, que no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación; no implique una violación directa a la Constitución; y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia, están previstas en dicha ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que la Primera Sala del máximo tribunal del país, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012, determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Finalmente, al haberse demostrado que en torno a la orden de traslado urgente o excepcional, existe un procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual culmina con una resolución impugnable a través del recurso de apelación regulado en la propia ley, se llega a la conclusión de que en el caso a estudio, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Consecuentemente, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; y por tanto, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Sobre la misma base, ante la información vertida en la demanda de amparo, en el extremo de que el cambio de celda se produjo en razón de una sanción, también se debería agotar el medio de defensa que señala el artículo 48 de la propia legislación.Por lo anterior, se considera que el juicio de amparo que se analiza resulta notorio, manifiesto e indudablemente improcedente; en consecuencia, por las razones expuestas, de conformidad con el ordinal 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda que se trata. DOMICILIO Y REPRESENTANTE COMUN Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el centro de reinserción en que se encuentran privados de la libertad. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de la parte quejosa a Oscar Flores Rivera, sin menoscabo que con posterioridad los propios quejosos designen a uno diverso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
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