DELFINO LARA CASARRUBIAS y Otros.
Expediente 1300/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1300/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Knulp Pavel Chávez Sánchez
- DELFINO LARA CASARRUBIAS y Otros.
- Delfino Lara Casarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1300/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual rinde el informe justificado, con el mismo y las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de las autoridades oficiantes los que designan. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; El precepto transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica, en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado, sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto de autoridad no reclamado en la instancia constitucional. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos, a su caso en particular. Así, el cambio de situación jurídica, para elevarse como causa de improcedencia, debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo, o en uno seguido en forma de juicio. En ese contexto, es necesario establecer los elementos que determinan la actualización de la causal de improcedencia analizada: 1) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, del rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL". Ahora, para demostrar que en el caso ha sobrevenido la causa de improcedencia en estudio, es necesario tener presente que el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo constituye la omisión de pronunciarse respecto a los escritos presentados con fecha nueve de marzo del dos mil diecisiete y ocho de enero de dos mil dieciocho, con número de folio 002485 y 00020, respectivamente, en el juicio laboral 01/124/05, en el que los quejosos Delfino Lara Casarrubias y Knulp Pavel Chávez Sánchez son la parte actora, por los cuales, solicitaron el requerimiento de pago para que la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, Morelos (tercero interesado) dé cumplimiento al convenio celebrado en el juicio natural a favor de los actores. En el caso se actualiza el primero de los elementos en comento, pues el acto reclamado deriva del juicio laboral 01/124/05, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Respecto al segundo elemento de la causa de improcedencia que nos ocupa, esto es, si con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronunció una determinación que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, se cumple, ya que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, emitió un acuerdo (diecisiete de agosto de dos mil dieciocho) por el cual declaró la prescripción de la acción de ejecutar los convenios elevados a categoría de laudo de veintidós de noviembre de dos mil seis y cuatro de diciembre de dos mil seis en contra del ayuntamiento demandado, y a su vez, ordenó el archivo del expediente 01/124/05 por carecer de materia para su continuación. Se afirma lo anterior, pues si se emitió acuerdo por el que ordenó el archivo del juicio natural, es indefectible que cambió la situación jurídica bajo la que se encontraba el promovente del amparo, ya que esa determinación superó jurídicamente el acto que por esta vía impugnó la parte quejosa, al haber concluido el procedimiento de origen en el cual aducía se generaba la violación de derechos y sus garantías. De la misma manera, se cumple con el tercer requisito, consistente en que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Lo anterior es así, pues no es posible analizar la constitucionalidad de la omisión de pronunciarse respecto de los escritos presentados el nueve de marzo del dos mil diecisiete y ocho de enero de dos mil dieciocho, con número de folio 002485 y 00020, respectivamente, en el juicio laboral 01/124/05, sin afectar lo determinado el diecisiete de agosto del año actual, que constituye nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que reclama la parte quejosa. Finalmente, también se cumple con la cuarta exigencia, relativa a que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclama en esta instancia constitucional, y el acuerdo dictado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho en el juicio laboral 01/124/05, de modo que ésta última subsiste jurídica y materialmente, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional, puesto que con su dictado las irregularidades que aquí se combaten, pueden ser subsanadas e incluso no trascender a la esfera jurídica del quejoso y, de hacerlo, será ésta determinación la que las genere. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de los escritos presentados el nueve de marzo del dos mil diecisiete y ocho de enero de dos mil dieciocho, con número de folio 002485 y 00020, respectivamente, en el expediente 01/124/05; emana de procedimiento laboral seguido en forma de juicio; además, con posterioridad a la presentación de la demanda mediante acuerdo se ordenó el archivo del juicio de origen, creando una nueva situación jurídica, lo que no permite decidir sin que aquél sea afectado, por lo que es inconcuso que se actualiza un cambio de situación jurídica, considerándose consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en conformidad con la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1300/2018-IV y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda María Antonieta Rayo Jiménez como apoderada legal de los quejosos Delfino Lara Casarrubias y Knulp Pavel Chávez Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclama: "la denegación de justicia por la responsable al no emitir el acuerdo de requerimiento de pago para que el H. Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, Morelos; de cumplimiento al convenio que fue celebrado en el juicio laboral 01/124/05, mismo que tiene el carácter de cosa juzgada, solicitud que se ha realizado en forma verbal y por escrito como consta en la promoción con sello de recibido de la responsable de fecha 09 de marzo del dos mil 2017, con número de folio 002485, 08 de enero de 2018, 00020. (sic)" II.- CERTEZA DEL ACTO. La autoridad responsable, aceptó el acto reclamado, señalando que los escritos presentados el nueve de marzo de dos mil diecisiete y ocho de enero del año actual presentados por la parte actora en el juicio natural 01/124/05, no habían sido acordados. Sin soslayar las manifestaciones del Tribunal responsable en el sentido de que por auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho dictado en el citado expediente, acordó las promociones, en virtud de que dichas aseveraciones no se encuentran acreditadas en autos. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1300/2018-IV, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 138, fracción I, de la Ley de la Materia, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en omisión de emitir el acuerdo respecto de las promociones con sello de recibo de la responsable de nueve de marzo del dos mil diecisiete y ocho de enero de dos mil dieciocho, con número de folio 002485 y 00020, respectivamente, por los que solicita el requerimiento de pago en contra del demandado Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, Morelos (tercero interesado), en cumplimiento al convenio que fue celebrado en el juicio laboral 01/124/05; esto, en virtud de que el acto reclamado constituye un acto negativo, pues implica la omisión de la autoridad responsable de actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. Por lo expuesto, se reitera, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, ya que por su naturaleza es de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica una abstención de la autoridad que se genera al no actuar de determinada manera, por tanto, conceder la medida suspensiva no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que otorgaría efectos restitutorios, al obligar a las autoridades responsables a actuar en la forma que los quejosos pretenden. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.", emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y su Gaceta Volumen: Tomo XV, Pagina 1468 de la Novena Época. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por María Antonieta Rayo Jiménez como apoderada legal de los quejosos Delfino Lara Casarrubias y Knulp Pavel Chávez Sánchez, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Vista la comparecencia de ratificación que antecede y el escrito de demanda presentado por María Antonieta Rayo Jiménez como apoderada legal de los quejosos Delfino Lara Casarrubias y Knulp Pavel Chávez Sánchez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Antonieta Rayo Jiménez como apoderada legal de los quejosos Delfino Lara Casarrubias y Knulp Pavel Chávez Sánchez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Determinación sobre el incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, por duplicado y cuerda separada se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que fue solicitado. Solicitud de informe a la autoridad responsable. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. Pruebas. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo establece el artículo 124 de la Ley de Amparo. Obligación de las partes. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Obligaciones de las autoridades responsables. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Determinación sobre la parte tercera interesada. De conformidad con lo establecido en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Amacuzac, Morelos, en ese sentido, con fundamento en el inciso b), de la fracción II, del artículo 26, de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo por oficio; corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, escrito aclaratorio y copia simple del presente proveído, haciéndole de su conocimiento, que si así lo estima pertinente, con tal carácter puede comparecer en el presente juicio de garantías en defensa de sus derechos. Publicación de datos personales. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. Notificación del auto admisorio. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Delfina Jaimez Dominguez499/2019
- Delfina Sánchez Landeros812/2017
- Delfina Tapia Montes1720/2018
- Delfino Antonio Bello Gamboa2235/2014
- Delfino Avelar Martínez1503/2017
- Delfino Diaz Trejo1252/2021
- Delfino Maldonado Beltrán1815/2015
- Delfino Marcelo Merino Hidalgo554/2015
- Delfino Mendoza Aragón1706/2018
- Delfino Mendoza Aragón382/2016
- Delfino Noriega Corona209/2021
- Delfino Parral Ramírez2026/2014