Delfino del Angel Higadera

Expediente 327/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
327/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Delfino del Angel Higadera

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que la parte legitima no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa.- Se agrega a los autos el escrito signado por el quejoso *****, en atención a su contenido y analizado en su integridad el ocurso de que se trata, se determina que se satisface en su totalidad los puntos preventivos que le fueron requeridos en auto de diez de noviembre del año en curso, de ahí que proceda a proveer lo que en derecho corresponda. CONSIDERACIÓN PREVIA. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K2 , del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: ? La resolución de treinta de octubre del año en curso, dictada en autos del toca civil 390/2020, de la estadística de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en la que confirmó el auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio civil 168/2019-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, en el que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, el cual a su vez se promovió contra el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó a su vez el de revocación interpuesto contra el diverso proveído que admitió las pruebas confesional a cargo de ******, documentales públicas, instrumental pública y de actuaciones, documental privada, presuncional legal y humana y supervenientes. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En el caso a estudio, quien resuelve advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la interpretación de las porciones normativas reproducidas, se concluye que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan efectos que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, un acto con efectos de imposible reparación es aquél que vulnera de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución y en los tratados internacionales; en oposición a los actos intraprocesales que no reúnen estas características para por sí mismos afectar a los gobernados, puesto que sus consecuencias pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrán interponerse recursos e incluso recurrirlos en vía de amparo. Así, los actos procesales que tienen resultados sobre las personas o cosas, no tienen el carácter de irreparables mientras la transgresión no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el agraviado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las secuelas intraprocesales producidas por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen derivaciones de carácter formal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Además, cabe señalar que de la reciente interpretación realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto debe entenderse aquellos actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Por consiguiente, el legislador estableció que para que esos actos sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que esa afectación deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación de mérito se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, consiste en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho de forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006589, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el presente caso, la parte quejosa impugna a través de la vía de amparo indirecto, la resolución de treinta de octubre del año en curso, dictada en autos del toca civil 390/2020, de la estadística de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en la que confirmó el auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio civil 168/2019-II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Pánuco, Veracruz, en el que declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó el diverso de revocación, promovido para combatir la determinación de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se admitieron como medios de convicción la confesional, instrumental pública de actuaciones, documental privada, presuncional legal y humana, así como la superviniente, ofrecidas por la parte actora en autos del juicio natural. En ese tenor, quien esto resuelve estima que el presente juicio de amparo contra la resolución reclamada es improcedente, ya que no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues el hecho de que se hubiera declarado improcedente el recurso de apelación en contra del auto que confirmó el desechamiento del diverso de revocación, intentado en contra del auto que admitió los medios de prueba en comento, no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. Se afirma lo anterior, pues la afectación al interés jurídico que pudiera producir el acto reclamado está supeditado al resultado final del juicio, ya que la sentencia que se dicte en el mismo puede ser favorable a los intereses de la parte agraviada, y así, en caso de que hubiera existido alguna violación en la resolución quese reclama, ésta sería inocua ante ella. Además, en caso de obtener una sentencia no favorable a sus pretensiones, si la violación trascendió al resultado del fallo, podrá la inconforme reclamarla en el juicio de amparo directo que en su caso promueva contra dicho fallo. De ahí que no se puede concluir que el acto reclamado tenga efectos que sean imposibles de reparar y, por ende, no procede el amparo indirecto en su contra, pues los efectos que produce son solo procesales, en la medida en que únicamente tienen incidencia dentro del procedimiento en el que se originaron y, por ello, si la amparista logra una sentencia favorable, las violaciones de las que ahora se queja se extinguirán sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Apoya lo expuesto, por analogía, la siguiente tesis de la Octava Época, visible en la página 439 del Semanario Judicial de la Federación, VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, en materia civil común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento." De igual forma, la tesis visible en la página 280 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, en materia común, de la Octava Época, registro 216278 cuyo soma y texto son: "ACTOS DE EJECUCION IRREPARABLE, CASO EN QUE NO SE DA LA HIPOTESIS DE. Para que el acto de autoridad tenga las características de un acto de imposible reparación, es necesario que el acto reclamado tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose que los actos procesales tienen esa característica, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata; lo que no acontece cuando se ordena el desahogo de la prueba documental mediante el informe que deba rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros sobre las quejas presentadas contra el demandante del amparo, pues se trata de hechos que no afectan ningún derecho fundamental de este último." (Lo subrayado es propio) En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que es notoria y manifiesta, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 749, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro 394705, de epígrafe y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notificación por lista de acuerdos a la parte quejosa.- ...La demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa y otra autoridad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 327/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 114 fracción II, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, cumpla con lo siguiente: a) Con la expresión "bajo protesta de decir verdad" manifieste la narración de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, respecto del escrito de cuenta, pues si bien del capítulo denominado "conceptos de violación" se desprende que relata una serie de antecedentes, también lo es que se esgrimen sin el requisito formal que todo juicio de amparo debe contener, en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Punto preventivo que resulta importante aclarar para estar en posibilidad de fijar la litis en este juicio constitucional; ello, debido a que genera incertidumbre jurídica la circunstancia de que los hechos narrados en la demanda que nos ocupa, sean el fundamento de sus conceptos de violación. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 127/99, registro 192843, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo X, Noviembre de 1999, consultable en el Semanario Judicial de la Federación de rubro siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". En el entendido que la prevención decretada sólo la podrá cumplirla el promovente y no el autorizado, aun cuando éste lo fuera en términos amplios, debido a que la prevención entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, lo cual tiene implicaciones personales, para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261, de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.88/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, julio de 2006, página 348, registro 174745, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se apercibe al amparista, que en caso de no dar cumplimiento a la prevención realizada se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DOMICILIO. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 16, fracción II, último párrafo del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que la ley en cita, no contempla como tal los estrados. Asimismo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, téngase como medio de contacto a efecto de entablar comunicación no procesal con la parte quejosa, el correo electrónico que indica en el ocurso de cuenta. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tiene como autorizada únicamente para imponerse de las actuaciones a *********, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. De igual manera, en términos del artículo 21, del citado Acuerdo General 21/2020, modificado por el Acuerdo 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que las determinaciones que ordenen notificarse por lista se realizaran únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las trece horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. Asimismo, en ese micrositio, deberá gestionar su ingreso a este órgano jurisdiccional, para el caso de asistir a la audiencia constitucional al efecto programada. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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