Delfino Brovantsky Martínez Gómez

Expediente 298/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
298/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • Delfino Brovantsky Martínez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    A sus autos el oficio de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de lo que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Luego, al haberse sobreseído el amparo y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "UNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte, que el término concedido a la pate quejosa Delfino Bravantsky Martínez Gómez, en proveído de veinticinco de febrero de la presente anualidad, transcurrió del dos al cuatro de los corrientes, sin mediar días inhábiles en ese periodo, sin que haya realizado manifestación alguna, en consecuencia, y actuando términos del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia; como está ordenado en acuerdo de veinticinco de febrero de la presente anualidad, devuélvase el presente expediente al Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, para la formulación del proyecto de resolución que corresponda.

  4. Juicio de Amparo Directo

    V I S T O el proyecto de resolución presentado en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, en el cual se propone sobreseer en el juicio de amparo directo 298/2020, promovido por Delfino Bravantsky Martínez Gómez, por propio derecho, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, por actualizarse la causa de improcedencia que surge de la interpretación conjunta de los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, mismos que al efecto disponen: Lo anterior al estimarse esencialmente: "En la especie, se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación conjunta de los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, mismos que al efecto disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De la intelección de los preceptos legales transcritos, se advirte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente; asimismo, que dicho consentimiento se actualiza cuando no se promueve el amparo en su contra dentro del plazo previsto para ello, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la Ley que lo rige, al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso concreto, el término legal previsto para promover la presente demanda de garantías es el genérico de quince días, ya que el reclamo no versa sobre normas generales autoaplicativas o algún procedimiento de extradición, ni se trata de una sentencia condenatoria en materia penal que imponga pena de prisión, ni se promueve contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Así como tampoco el acto reclamado implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, el plazo general de quince días previsto en la Ley de Amparo, comenzará a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto impugnado conforme a la ley del acto, que es la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado en el caso concreto es la sentencia de veinte de julio de dos mil veinte, pronunciada por Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el recurso de revisión 72/2019, mediante la cual confirmó la diversa de dos de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada por el Magistrado de la Tercera Sala de ese órgano, en el expediente administrativo 181/2019, que a su vez sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 33, fracción VIII, de la invocada legislación. Entonces, si la referida sentencia fue notificada por lista a la parte actora el veintisiete de julio de dos mil veinte (como se advierte de la foja 30 del juicio de origen), dicha notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente en que fue practicada, según establece el artículo 22 de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, es decir el veintiocho subsecuente, pues tal precepto a la letra prevé: "Artículo 22. Las notificaciones surten sus efectos: I. Las personales, por oficio y por lista, al día hábil siguiente del día en que se realicen; y II. Las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo, al día hábil siguiente al de la fecha en que conste que fueron recibidas. Así, el aludido plazo de quince días para presentar la demanda transcurrió del veintinueve de julio al dieciocho de agosto de dos mil veinte, siendo inhábiles dentro de dicho lapso los días uno, dos, ocho, nueve, quince, y dieciséis de este último mes y año, ya que corresponden a sábados y domingos, y por tanto, inhábiles de conformidad con lo que establece el precepto 28, fracción II, de la referida legislación: "Artículo 28. El cómputo de los términos se ajustará a las reglas siguientes: I. Empezarán a correr desde el día siguiente a que surta sus efectos la notificación; serán improrrogables y se incluirán en ellos el día del vencimiento; y II. Los términos se contarán por días hábiles. Son días hábiles todos los de la semana con excepción de sábados y domingos, los días feriados que marca el Calendario Oficial y los que se suspendan por causas de fuerza mayor. Luego, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la misma fue presentada ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, el veintiuno de agosto de dos mil veinte , esto es, tres días hábiles después de que venció el plazo para ello, lo cual se corrobora con la certificación levantada por la autoridad señalada como responsable, en cumplimiento a lo que ordena el artículo 178 de la Ley de Amparo ; según se ilustra a continuación: (Se suprime calendario) Es necesario precisar que si bien, durante la anualidad de dos mil veinte, en diversos momentos los plazos y términos judiciales fueron suspendidos de manera extraordinaria a fin de salvaguardar la salud de los usuarios y funcionarios del sistema de justicia local es decir, como medida para evitar el contagio del virus SARS-COV2, lo cierto es que en el lapso que transcurrió el plazo legal antes analizado, estuvieron vigentes, es decir, no fueron suspendidos como se corrobora con el contenido del Acuerdo General 33/2020, de catorce de julio de dos mil veinte, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por el cual se ordenó la reanudación de labores bajo y por consiguiente la reanudación de plazos y términos ordinarios en todas las materias a partir del dieciséis de julio de dos mil veinte. En dicho acuerdo se sustenta la circular 06/2020, de dieciséis de julio de dos mil veinte, del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa que aprobó los lineamientos y medidas internas, ante la reanudación de sus labores, plazos y términos judiciales, a partir de esa data, decretada por el mismo órgano. De tal circular se advierte la reanudación de los plazos y términos judiciales a partir del dieciséis de julio de dos mil veinte, que rigen el proceso administrativo en el Estado de Hidalgo. Incluso en la diversa circular 07/2020, de uno de septiembre de la misma anualidad, el propio órgano invocado, aprobó lineamientos internos, manteniendo los plazos y términos judiciales con motivo del cambio de semáforo en la entidad de color rojo a naranja; es decir, se establece el regreso a la aplicación de los lineamientos del Acuerdo General 33/2020, a los servidores públicos en sus actividades laborales, en la atención que prestan al público en general y en el control de acceso a las instalaciones de cada área del Poder Judicial, tomando las medidas de salubridad necesarias para evitar la dispersión y transmisión del virus SARSCoV2 (COVID 19), a partir de esa data. Documentales consultables en la página web del aludido tribunal: http://www.pjhidalgo.gob.mx/tja/index.html, que constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 130/2018 (10a.) , localizable con el número de registro 2019001, que dice: "CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN MEDIOS DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON OBJETO DE PRUEBA. Un hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera duda o discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, de suerte que la norma exime de su prueba en el momento en que se pronuncie la decisión judicial; por su parte, los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 70, fracción XVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que el acceso a la información es un derecho fundamental que debe garantizarse y que, dentro de éste, se encuentra el deber de los sujetos obligados de hacer públicas las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales con su personal de base o de confianza; en consecuencia, si éstas están disponibles en la página web del demandado, en su doble calidad de patrón y de sujeto obligado por la ley mencionada, aquéllas constituyen un hecho notorio y no son objeto de prueba, aun cuando no se hayan exhibido en juicio; sin perjuicio de que las partes puedan aportar pruebas para objetar su validez total o parcial." Tampoco es óbice que este órgano de control constitucional haya gozado del primer período vacacional del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veinte, ya que para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo del plazo respectivo los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicha demanda haya suspendido sus labores. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 36/2018 (10a.) , localizable con el número de registro 2016696, que dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE CORRESPONDA CONOCER DE AQUÉLLA HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES. Para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo del plazo respectivo los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicha demanda haya suspendido sus labores, pues por disposición del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto reclamado y no ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que inicia el trámite del juicio de amparo directo, con la presentación de la demanda respectiva, y por ello para el cómputo del plazo relativo deben excluirse los días inhábiles de la responsable, sin que deban excluirse los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito haya dejado de laborar, pues esa circunstancia no incide para el cómputo del plazo, ni ocasiona inseguridad o falta de certeza al particular. Ahora, si bien el artículo 19 de la Ley de Amparo establece una excepción en favor del promovente, al disponer que se omitan en el cómputo del plazo mencionado los días en los que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, esta excepción debe entenderse en amparo directo relacionada con la autoridad responsable pues -se insiste- la presentación de la demanda de amparo en la vía directa se hace ante la autoridad que emitió el acto reclamado y es ahí en donde empieza a tramitarse, realizando la certificación correspondiente y los demás deberes que le impone la ley." Por tales condiciones, es inconcusa la extemporaneidad en la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; de ahí que se actualizó el motivo de improcedencia previsto en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la referida legislación. No es obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que el Presidente de este Tribunal Colegiado hubiera admitido a trámite la demanda de que se trata, toda vez que corresponde al órgano colegiado determinar su procedencia. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 19/98 , localizable con el número de registro 196731, que dice: "REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento.". Consecuentemente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la posible actualización de la causa de improcedencia anunciada, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste al respecto lo que a su derecho convenga. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J5/2015 (10a) , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Por lo que, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Consideración que tiene apoyo, en la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el registro 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, y toda vez que el expediente en que se actúa, se encuentra en estado de resolución final, dese vista a Delfino Bravantsky Martínez Gómez, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica, y las manifestaciones que considere pertinentes, podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito (OPC), buzón judicial; o bien, mediante el Portal de Servicios en línea. Hecho lo citado, devuélvanse los presentes autos al Ponente, para formular el proyecto de resolución correspondiente.

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