Delfina Yolanda López Mendoza
Expediente 501/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Delfina Yolanda López Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... se indicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, solicitó que se le remitiera el juicio ejecutivo mercantil... dicha solicitud fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad... procede regularizar el procedimiento en el juicio de amparo indirecto en que se actúa para el efecto de comunicar de manera respetuosa al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que este órgano jurisdiccional no cuenta con el juicio ejecutivo mercantil solicitado... pues todas las constancias... le fueron remitidas...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: De las constancias que integran este expediente se advierte que mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, se indicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, solicitó que se le remitiera el juicio ejecutivo mercantil ***, a fin de proveer lo conducente en el amparo directo ***, de su índice. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este expediente se advierte que dicha solicitud fue formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad. Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procede regularizar el procedimiento en el juicio de amparo indirecto en que se actúa para el efecto de comunicar de manera respetuosa al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que este órgano jurisdiccional no cuenta con el juicio ejecutivo mercantil solicitado (***), pues todas las constancias que conforman el juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado de Distrito, le fueron remitidas mediante oficio *** de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, solicita que se le remita el juicio ejecutivo mercantil... a fin de proveer lo conducente en el expediente... dígase respetuosamente... que... todas las constancias que conforman el juicio de amparo... le fueron remitidas...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: El Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto *** de su índice, del que se advierte la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, por medio de la cual dicho juzgado se declaró incompetente, por razón de turno, para conocer de la demanda de amparo presentada por *** contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz; al respecto, se emite el siguiente pronunciamiento: ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis integral del escrito de demanda que se provee se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de este asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA De los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte en esencia, que cuando un Juez de Distrito estime que los actos reclamados sean materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y remitirá los autos al Tribunal Colegiado que corresponda; también se advierte la procedencia del juicio de amparo directo en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; en la inteligencia de que por resoluciones que ponen fin al juicio, se entienden aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en lo siguiente: a. El auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, en el juicio ejecutivo mercantil ***, por medio del cual se decretó la caducidad de la instancia. b. La resolución de tres de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, en el juicio ejecutivo mercantil ***, por medio del cual se desechó por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto contra el auto referido en el inciso anterior. CONCLUSIÓN Al respecto, se concluye respetuosamente que los actos reclamados, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, por lo que se considera que son materia de análisis en el juicio de amparo directo, cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil del Séptimo Circuito. Tienen aplicación las tesis siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2008791 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95 Tipo: Jurisprudencia TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 184694 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: III.5o.C.30 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 1697 Tipo: Aislada CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DECRETADA POR EL JUEZ AL RESOLVER EL RECURSO DE REVOCACIÓN. CASO EN QUE LA RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO, SIN QUE IMPLIQUE INOBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 bis, fracción IX, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el proveído que decreta la caducidad de la instancia es impugnable a través de apelación, mientras que el auto que la niega no es recurrible. Empero, la primera hipótesis admite una excepción a la regla en cuanto a su impugnación, la que se surte cuando el acuerdo que decreta la caducidad se contenga en la resolución que decida un recurso, como el de revocación, que en términos de los artículos 428 y específicamente el 433 del propio ordenamiento es irrecurrible. Así, la regla general de impugnación de los acuerdos que decretan la caducidad no debe regir porque parte de la base de que la caducidad no va a decidirse a través de un recurso, sino mediante un acuerdo autónomo, pues lo lógico es, desde el punto de vista del derecho procesal, que el órgano jurisdiccional la declare en forma oficiosa o a petición de parte, pero no con motivo de la interposición de un recurso, tan es así que el legislador previó la apelación para el caso en que se decrete y proscribió cualquier otro recurso cuando se niegue. Por tanto, si se consideró operante esa figura jurídica en la resolución que decidió un recurso de revocación, que se hizo valer contra el acuerdo del Juez que omitió decretarla de oficio, tal resolución debe tenerse como definitiva para los efectos del juicio de amparo directo. En esas condiciones, en términos de lo que establecen los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo General 49/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y Boca del Río, Veracruz, este juzgado de Distrito declara carecer de competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo indirecto. Acorde con lo anterior, envíese el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común; asimismo solicítese atentamente al Tribunal Colegiado que corresponda su conocimiento que, en su oportunidad remita el acuse de recibo respectivo. Con copia del escrito de demanda, así como de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la parte promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza a *** y ***, para que actúen en representación de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión de licenciados en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: " AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. De igual manera, se tiene como autorizado de la parte quejosa, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a ***, por así haberlo solicitado expresamente. SE EXHORTA AL PROMOVENTE AL USO DE MEDIOS DIGITALES Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde con dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, debido a que las listas de acuerdos se publican tanto electrónicamente como en los estrados del juzgado, se considera innecesario realizar la certificación respectiva en los expedientes físicos, por lo que únicamente se hará constar en el expediente electrónico cuando algún acuerdo se notifique por lista a cualquiera de las partes, para su conocimiento.
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