Delfina Rios Luviano
Expediente 372/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2018
Partes del expediente
- Delfina Rios Luviano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre únicamente para efecto de control el oficio de cuenta, toda vez que en auto de veinticuatro de julio del presente año, se acordó respecto a su contenido.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, y anexo, mediante los cuales informa que admitió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, lo anterior con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado, radicándola bajo el número de amparo 876/2018. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción en términos del numeral vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 372/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, así como la ejecución del citado acuerdo. Asimismo, de la presente demanda de amparo se advierte la manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la directa quejosa Delfina Ríos Luviano, afirma que la ejecución del acto reclamado se llevará fuera de nuestra jurisdicción. En consecuencia, este Juzgado carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo en razón de territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 y 48 ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para corroborar dicho aserto, debe tenerse presente que la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal de orden público que, por imperativo constitucional contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, debe de analizarse de oficio a fin de no transgredir las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia I.2o.P.J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, agosto de 1992, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Por otra parte, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar lo juzgado en las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, desde luego, en el ámbito de su respectiva competencia. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa restricción de sus atribuciones, como medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón del territorio se distribuye entre diversos Circuitos, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los que se les asigna una especialización o materia mixta, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, mixtos, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad o en su caso en todas las materias. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia por territorio es el criterio que determina la circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional que deberá dirimir la controversia; es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio, por tanto, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes dentro de una determinada zona geográfica. En el caso concreto, se dice que este Juzgado carece de competencia territorial y como consecuencia legal, dado que se actualiza lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. El primero de los numerales en cita es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)--- VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia" (Énfasis añadido). Dicho precepto constitucional es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el precepto 37 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.--- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.--- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" (Énfasis añadido). Del numeral que antecede, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: 1) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el citado dispositivo, más que una regla diversa constituye un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, se tiene que la ejecución es el criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera, que no la requiere. Resulta ilustrativa al respecto, la tesis 3a. XLIX/93, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, septiembre de 1993, página 13, que a la letra dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto, del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión 'a prevención' que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en el que pretenden cumplimentar materialmente por conducto de la autoridad responsable ejecutora, la privación de la propiedad del bien inmueble identificado como Lote con clave catastral KE010554 del Poblado La Rumurosa del municipio de Tecate, Baja California, ubicado en Carretera Mexicali- kilómetro 70+042. No obstante, cabe precisar que de los conceptos de violación vertidos en la demanda inicial, se advierte que de lo que la parte quejosa en esencia, se duele es lo relativo a la ejecución material de la desposesión del bien inmueble que refiere en su demanda. Pues bien, de lo antes expuesto podemos obtener claramente, en primer lugar, que los actos de que se trata y de los que substancialmente ahora se duele la parte gestora del amparo, llevan inmersa una ejecución material en la ciudad de Tecate, Baja California; de tal forma, este juzgado federal considera que nos encontramos ante el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo. Así, de todo lo anterior resulta evidente que la ejecución de los actos de que se trata, y que por esta vía se reclaman, en esencia, tendrán o tuvieron verificativo en el área geográfica correspondiente a municipalidad de Tecate, Baja California, donde aparentemente reside la quejosa y, además, es el lugar donde se encuentra ubicado el bien inmueble que se le pretende desposeer; ciudad que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve; máxime, que como se anticipó, será en aquél lugar en donde se seguirán ejecutando los actos relativos al remate del condominio que ahora defiende la quejosa. Es de aplicarse a lo antes determinado, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." (Época: Séptima Época, Registro: 237105, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 73). En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado Federal, donde tendrá lugar la ejecución de los actos derivados del acto que ahora se reclama; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto. Consecuentemente, se procede a remitir los autos originales del presente expediente a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal, tanto del juicio principal, como los autos incidentales derivados del mismo; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Suspensión del acto reclamado. Lo anterior, sin proveer respecto a la solicitud de la suspensión del acto reclamado, acorde a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que además de carecer de competencia legal, en el asunto que nos ocupa los actos de autoridad impugnados no se tratan de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tampoco de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. SE PROVEE SOBRE Autorizados... Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ********, NO ATENDIO EL CITATORIO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL ACTUAL AÑO QUE REZA: Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 372/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, así como la ejecución del citado acuerdo. Asimismo, de la presente demanda de amparo se advierte la manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que la directa quejosa ********, afirma que la ejecución del acto reclamado se llevará fuera de nuestra jurisdicción. En consecuencia, este Juzgado carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo en razón de territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 y 48 ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para corroborar dicho aserto, debe tenerse presente que la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal de orden público que, por imperativo constitucional contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, debe de analizarse de oficio a fin de no transgredir las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo. Por otra parte, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar lo juzgado en las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, desde luego, en el ámbito de su respectiva competencia. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa restricción de sus atribuciones, como medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en el que pretenden cumplimentar materialmente por conducto de la autoridad responsable ejecutora, la privación de la propiedad del bien inmueble identificado como Lote con clave catastral KE010554 del Poblado La Rumurosa del municipio de Tecate, Baja California, ubicado en Carretera Mexicali- kilómetro 70+042. No obstante, cabe precisar que de los conceptos de violación vertidos en la demanda inicial, se advierte que de lo que la parte quejosa en esencia, se duele es lo relativo a la ejecución material de la desposesión del bien inmueble que refiere en su demanda. Pues bien, de lo antes expuesto podemos obtener claramente, en primer lugar, que los actos de que se trata y de los que substancialmente ahora se duele la parte gestora del amparo, llevan inmersa una ejecución material en la ciudad de Tecate, Baja California; de tal forma, este juzgado federal considera que nos encontramos ante el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo. Así, de todo lo anterior resulta evidente que la ejecución de los actos de que se trata, y que por esta vía se reclaman, en esencia, tendrán o tuvieron verificativo en el área geográfica correspondiente a municipalidad de Tecate, Baja California, donde aparentemente reside la quejosa y, además, es el lugar donde se encuentra ubicado el bien inmueble que se le pretende desposeer; ciudad que se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve; máxime, que como se anticipó, será en aquél lugar en donde se seguirán ejecutando los actos relativos al remate del condominio que ahora defiende la quejosa. En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con sede en Tijuana, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado Federal, donde tendrá lugar la ejecución de los actos derivados del acto que ahora se reclama; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto. Suspensión del acto reclamado. Lo anterior, sin proveer respecto a la solicitud de la suspensión del acto reclamado, acorde a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que además de carecer de competencia legal, en el asunto que nos ocupa los actos de autoridad impugnados no se tratan de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como tampoco de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Notifíquese y personalmente.
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