DELFINA MORALES PÉREZ y Otros.
Expediente 671/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 26/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- DELFINA MORALES PÉREZ y Otros.
- Delfina Morales Pérez
- José Ramírez Silvia
- JOSÉ RAMÍREZ SILVIA y Otros.
- Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato Con Residencia En Celaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Vista la circular 28/2023 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el diecinueve de los corrientes, el órgano colegiado en mención declaró inhábil el periodo que comprende de ese día diecinueve al veinticuatro siguiente, inclusive. En razón de ello, no fue posible verificar la audiencia constitucional programada para el día veintitrés de octubre actual. Por tanto, se señala como nueva fecha para tal efecto, las diez horas con cuarenta minutos del trece de noviembre próximo.
- Incidental
ÚNICO. Se deja sin materia el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Téngase por recibida la copia del oficio suscrito por la encargada de la Subdirección Jurídica del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social Femenil de Valle de Santiago, Guanajuato, a través del cual remite copia certificada de la constancia de libertad de la quejosa *************; y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 75, y 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida dada su especial naturaleza la documental que se recibe, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se recibió el comunicado *************, remitido por el Director del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, al que adjuntó copia certificada de la boleta de libertad del quejoso ********************.********************Asimismo, a la fecha obra en autos copia certificada de la constancia de libertad de la quejosa *************; luego, toda vez que los solicitantes del amparo, señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en el que se encontraban recluidos, y a esta data se encuentran en libertad, ante la imposibilidad de notificar personalmente a los quejosos la determinación de quince de agosto del año en curso, en virtud de que ya no se encuentran recluidos, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíqueseles dicha determinación por medio de lista; así como las subsecuentes de carácter personal. Se nombra representante común ********************Por otra parte, del escrito de demanda se advierte la omisión de la parte quejosa en designar un representante común en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase con tal carácter a ********************, sin perjuicio de que sea sustituido durante la tramitación del juicio. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de amparo por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés que en su parte medular dice: Vista la demanda de amparo signada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 671/2023-4. Admisión Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º fracción I, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación, con el que deberán remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomaron en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberán hacer dentro del término de quince días. Apercibidas que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se les impondrá a la que incumpla una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien veces, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del catorce de septiembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por cuerda separada, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena la tramitación del incidente de suspensión respectivo, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Se reserva hacer el pronunciamiento correspondiente a la parte tercera interesada, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe de ley, con lo que esta potestad federal estará en aptitud de saber a quién o quiénes les resulta tal carácter, acorde con lo establecido por el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el lugar en el que se encuentran recluidos cada uno de los quejosos. Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentran privados de su libertad, se ordena que todas las notificaciones de carácter personal, o cualquier otra que así lo amerite, se les realicen en el centro de reclusión en que se encuentran internos; con independencia de que dichas determinaciones se notifiquen por lista a sus autorizados, en razón de que no proporcionaron domicilio físico para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), Del mismo modo, no pasa desapercibida la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Notificación al quejoso recluido en esta ciudad. Ahora bien, toda vez que el quejoso ******************** se encuentra recluido en el ******************** hágase la notificación del presente auto en los términos que dispone el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En ese sentido, se comisiona al actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en dicho centro de reclusión y notifique al nombrado en los términos indicados. Notificación a la quejosa recluida fuera de la jurisdicción de este juzgado. Por otra parte, dado que la quejosa ******************** se encuentra recluida en el ******************** esto es, fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en la fracción I, inciso a) del artículo 26 de la Ley de Amparo, en correlación con los numerales 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el estado de Guanajuato, en turno, residente en Irapuato, para que, en auxilio de las labores de este tribunal federal, comisione personal a su cargo para que notifique a la referida quejosa el presente proveído en el lugar de su reclusión. En el entendido que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad en comento pueda llevar a cabo la diligencia de que se trata. Solicítese a la autoridad exhortada para que, una vez que cuente con el resultado de la diligencia encomendada, remita las constancias respectiva o, en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello. Autorizado. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** quien como se advierte de la certificación de cuenta tienen inscrita su cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, toda vez que no se proporcionó dato alguno con el que se acredite que ********************, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación; y en los mismos términos a ********************, por así haberlo solicitado. Del mismo modo, se tiene a la parte quejosa proporcionando correo electrónico y número telefónico de contacto, como medio para establecer comunicación no procesal con dicha parte. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita, tal como lo solicitó expresamente la parte quejosa. Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.
- Incidental
Téngase por recibido el oficio de la encargada de la Subdirección Jurídica del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social Femenil de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, pues al efecto informa que la quejosa Delfina Morales Pérez, egresó de dicho centro penitenciario el diecisiete de agosto pasado, al habérsele impuesto medida cautelar diversa a la prisión; asimismo, téngasele adjuntando la boleta de libertad correspondiente. Por lo anterior, se deja sin efectos el apercibimiento formulado en dicho proveído. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecida, admitida y desahogada la documental que se recibe, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia incidental. Con copia certificada del oficio en mención, provéase lo conducente en el juicio de amparo principal. Precisión de la vía de recepción del oficio de cuenta Se destaca que la misiva de cuenta fue recibida través del correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; no obstante, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto. Se ordena notificación por lista Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha obra en autos la constancia de libertad de la quejosa Delfina Morales Pérez; asimismo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el diverso quejoso José Ramírez Silva, también se encuentra en libertad, al obrar dentro del cuaderno principal copia certificada de la constancia correspondiente; en consecuencia, y ante la imposibilidad de notificar personalmente a los quejosos la determinación de quince de agosto del año en curso, en virtud de que ya no se encuentran recluidos, por haber sido puestos en libertad, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíqueseles dicha determinación por medio de lista; así como las subsecuentes de carácter personal. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de amparo por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés que en su parte medular dice: Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y del auto de admisión, tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 671/2023-4, promovido por ********************, en contra de actos del juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán informar, en su caso, si el hecho ilícito que se atribuye a los quejosos, es delito patrimonial y a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, para cuyo efecto remítaseles copia simple de la demanda. Asimismo, a fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 168 de la invocada legislación, requiérase a la autoridad judicial responsable para que en caso de que sea cierto el acto que se le reclama, en su informe previo señale: a) La naturaleza, modalidad es y características del hecho que la ley señale como delito que se impute a los quejosos. b) En forma expresa informe si el hecho que la ley señale como delito que se imputa a los agraviados es de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 de la constitución federal. c) Las características personales y situación económica de los accionantes; y La posibilidad de sustraerse a la acción de justicia. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, en la medida de lo posible, deberán realizar lo siguiente: 1. Rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx, el cual se confirmará por la misma vía. 2. Señalar un correo electrónico y un número telefónico, para que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicación y establecer una línea de coordinación relacionada con el presente asunto. Apercibidas que, de no hacerlo dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a que, con apego en el numeral 142 de la ley de la materia, la falta de su informe previo hará presumir ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés para el verificativo de la audiencia de este incidente. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/listaAcuerdos.htm. Materia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión de los actos reclamados deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que la suspensión sea solicitada por la parte quejosa. b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. c) Que se compruebe la apariencia del buen derecho; que no es otra cosa que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado; y d) Que se sopese el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. La suscrita advierte que se encuentran satisfechos los citados requisitos, dado que la suspensión la solicita la parte agraviada; además, se considera que con el otorgamiento de la medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De ahí que con la concesión de la medida no se afecte al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y con la ejecución del acto se le causarían daños o perjuicios de difícil reparación; sin que en el caso haya lugar a realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, en atención a la naturaleza de los actos que se reclaman, de conformidad con lo que dispone la fracción X del diverso numeral 107, de la Constitución Federal. En consecuencia, lo procedente es conceder la medida cautelar del acto reclamado. Previo a fijar los alcances de la suspensión provisional respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, resulta importante destacar que el artículo 166 de la Ley de Amparo, prevé las formas en que debe concederse la suspensión cuando, vía amparo, se reclame orden de aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad por autoridad competente. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, al resolver el caso García Rodríguez y otro Vs. México abordó el análisis de dos figuras establecidas en la normatividad mexicana, en lo que interesa, la de prisión preventiva. Respecto a dicha medida, realizó un análisis ponderado sobre su compatibilidad con la Convención Americana, y, dispuso, por unanimidad de votos, en su punto 14, que el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, en los términos de los párrafos 292 y 293, 295 a 299 y 301 a 303. En esa línea, atendiendo a que en términos del artículo 1 constitucional, corresponde a este órgano jurisdiccional realizar el estudio y análisis ex officio sobre la convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, en el caso particular, el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece el efecto que debe imprimirse a la suspensión cuando se reclame una medida cautelar que trae aparejada prisión preventiva oficiosa, supuesto en el cual los quejosos queden a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que estos señalen únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. No obstante, tal previsión deviene inconvencional, en tanto, como se precisó en la parte transcrita, la Corte Interamericana determinó que el artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa viola distintos derechos establecidos en la Convención Americana, como son los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). De ahí que atento a la obligación impuesta en el párrafo 303 de la citada resolución, se considera que dicho precepto debe inaplicarse; pues de conceder la suspensión para el efecto de que el quejoso, quede a disposición de este juzgado por lo que ve a su libertad personal, generaría una afectación a sus derechos humanos antes indicados, en franca violación al principio de igualdad que prevé el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, en acatamiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un ejercicio ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, se concede la suspensión provisional hasta en tanto se resuelve sobre la definitiva. Efectos de la suspensión La suspensión otorgada procede para el efecto de que los quejosos ******************** queden a disposición del Juez de Control para la continuación de la causa penal instruida en su contra, así como para que dentro de las cuarenta y ocho horas que prevé el artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contadas a partir de la legal notificación de este proveído, señale fecha para la celebración de audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se pronuncie respecto a la imposición de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero deberá abstenerse de decretar en contra del quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 167 del citado código adjetivo penal nacional, pues de lo contrario, se sometería a los quejosos a las consecuencias derivadas de su detención en franca violación a los derechos cuyo análisis desarrolló la Corte Interamericana en la sentencia de la cual se ha dado cuenta. Apoya tales consideraciones la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, página 7, de rubro siguiente: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)". Finalmente, no se pasa por el alto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 293/2011, sustentó la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, Materias(s): Constitucional de rubro siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". De la cual se desprende el reconocimiento por parte de ese Alto Tribunal de la prevalencia de las restricciones constitucionales expresas al ejercicio de los derechos humanos. No obstante, en la sentencia de la Corte Interamericana que se cita, sobre dicho tópico se establece: "[.] 176. Lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México en la contradicción de tesis 293/2011, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, según indicó el perito José Ramón Cossío Díaz, "los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y en el expediente varios 1396/2011, so pena de ser sancionados, sin que puedan plantear su desavenencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte". Además, según ese perito, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona. [.] Lo anterior, genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro-persona". En ese sentido y de conformidad con esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 177. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este Tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete de la Convención [...]. De tal manera, es evidente que la sentencia referida privilegia la observancia de los derechos humanos derivados de los tratados internacionales suscritos por México, como en el caso es la Convención Americana, respecto de la cual se ha confrontado el contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, resultando su inaplicabilidad al transgredir diversas normas de aquella. Finalmente se precisa que, quien aquí provee, considera que en el caso es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), porque, cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa como en el caso acontece, los efectos de la suspensión son para que quede a disposición del órgano de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal en el lugar donde esté recluido, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Sin embargo, estos efectos (tasados) no son ni podrían constituir un límite para que la suspensión pueda tener más y mejor eficacia en la protección -anticipada- de derechos fundamentales, o sea, para que el órgano de amparo pueda otorgar la suspensión con efectos restitutorios provisionales. Lo anterior, partiendo de la base de que la institución de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es la que instrumentaliza la efectividad del juicio de amparo como garantía jurisdiccional para la protección de los derechos humanos. Ello, pues de nada útil repercute en los derechos de los quejosos el hecho de que, con motivo de la suspensión, su libertad quede a disposición del órgano de amparo, si éste no tiene posibilidad de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, según el principio general relativo a que la necesidad del proceso para obtener la razón, no debe convertirse en un daño para quien la tiene. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 397/2016, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), no vedó la posibilidad de que los actos reclamados previstos en la parte especial de la suspensión en la Ley de Amparo "en materia penal", pudiesen ser suspendidos con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues incluso en la diversa contradicción de tesis 442/2016, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 15/2018 (10a.), estableció que la suspensión en materia penal es posible que tenga efectos restitutorios. Sin que la medida cautelar aquí concedida implique irrestrictamente dejar en libertad a los quejosos, dada la naturaleza de los derechos fundamentales en controversia, por ende, si en la audiencia de revisión de medida que se celebre en cumplimiento a la presente determinación, el Fiscal solicita una semejante medida cautelar de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto debe someterse a debate en observancia al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio y, resolverse lo que conforme a derecho corresponda. A su vez, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, determinó esencialmente, que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, según se advierte de la versión pública de dicha contradicción.
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