Delfina Jiménez Barriga

Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
87/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Delfina Jiménez Barriga
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. 1.1. Cumplimiento de prevención. Visto el escrito de cuenta, se tiene a Antonio Lozano Cuevas, cumpliendo con la prevención formulada en autos, dado que acredita ser apoderado de la quejosa directa Delfina Jiménez Barriga, con la documental que adjunta a su escrito de cuenta, la que tiene valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 1.2. Improcedencia. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de once de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, en la etapa de ejecución de sentencia del expediente 648/2017, mediante el cual se niega la admisión del recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa contra el diverso auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, así como la negativa de ordenar al actor que decida sobre el inmueble de su preferencia y la omisión de determinar el precio de los inmuebles con base a los dictámenes que obran en autos. Una vez precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Dicha fracción en concomitancia con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del ordenamiento legal antes invocado establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". De lo anterior tenemos que tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo biinstancial contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, otorgando la oportunidad a la parte quejosa de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esa etapa que hubieren dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución. En esa línea de pensamiento, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la procedencia de la acción constitucional indirecta, contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido; asimismo, distinguir los supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido; y 2. Los supuestos específicos, siguientes: a) Actos de ejecución de sentencia; y, b) Actos en la etapa de remate. Sin embargo, toda vez que el acto reclamado no se emitió dentro del procedimiento de ejecución a través del remate, ni goza de autonomía procesal, en el presente caso únicamente abordaremos la hipótesis plasmada en el inciso a), consistente en los actos dictados en ejecución de sentencia ?virtud a que la resolución que constituye el acto reclamado se emitió en dicho procedimiento en esa fase- en la que se destacan tres situaciones que hacen procedente la acción constitucional, las cuales se enumeran a continuación: I. La resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; II. Aquella que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, III. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Es decir, para los actos dictados después de concluido el juicio, pero en ejecución de la sentencia, la procedencia del amparo en su contra se posterga hasta que se dicta la resolución final del procedimiento relativo. Dicha regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto tiene como finalidad el evitar abusos, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal. Lo anterior, derivado de que la sociedad está interesada en la ejecución de sentencias firmes, sin que múltiples amparos las obstaculicen; motivo por el cual el constituyente permanente limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se emitiera la resolución que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante esa fase ejecutiva que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En consecuencia, contra las resoluciones dictadas durante el procedimiento de ejecución no procede el juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pues será hasta que se dicte la resolución terminal, con la que culmine el procedimiento de ejecución, esto es, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente, el momento en el que la parte quejosa estarán en condiciones de promover demanda de amparo indirecto, en la cual podrá reclamar todas las violaciones que estimen se le dejaron sin defensa. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 230, de rubro y texto: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.", la cual continúa en vigor en tanto que no se opone a lo establecido en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con lo previsto en el artículo sexto transitorio del invocado ordenamiento legal. En el caso, si la parte quejosa manifiesta que los actos reclamados se dictaron en ejecución de sentencia, resulta inconcuso que los actos reclamados se ubican en el procedimiento de ejecución de sentencia. Luego, es inconcuso que se reclama en esta vía violaciones intermedias generadas en el procedimiento de ejecución, que no son la última resolución que pone fin a dicho procedimiento, pues no se impugna un auto que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara le imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo del expediente. En esas condiciones, es innegable que en el caso particular, cobra vigencia la causa de improcedencia invocada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. 1.1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Lozano Cuevas, quien se ostenta apoderado de la quejosa directa Delfina Jiménez Barriga; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 87/2022. 1.2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, realice lo siguiente: a) Acredite con documento idóneo la calidad de apoderado jurídico de la quejosa, dado que si bien adjunta diversas constancias del juicio de origen, se trata de copias simples que resultan insuficientes para tal efecto. 1.3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con las prevenciones que anteceden en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. 1.8. Domicilio y autorizados. No obstante que no indica la población a la que pertenece el domicilio que señala para recibir notificaciones el ubicado en Francisco Ortiz, número 40, Fraccionamiento "Agustín Arriaga Rivera", para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena al actuario de la adscripción indagar si existe tal finca en esta ciudad, y una vez cerciorado de que ahí puede ser localizada la quejosa directa, proceda a notificarle de este acuerdo en dicho lugar; lo anterior, bajo apercibimiento que de no ser localizable tal inmueble, las notificaciones derivadas de este cuaderno se le harán por medio de lista que publique este juzgado.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. 1.1. Recepción y registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Lozano Cuevas, quien se ostenta apoderado de la quejosa directa Delfina Jiménez Barriga; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 87/2022. 1.2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, realice lo siguiente: a) Acredite con documento idóneo la calidad de apoderado jurídico de la quejosa, dado que si bien adjunta diversas constancias del juicio de origen, se trata de copias simples que resultan insuficientes para tal efecto. 1.3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir con las prevenciones que anteceden en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. 1.8. Domicilio y autorizados. No obstante que no indica la población a la que pertenece el domicilio que señala para recibir notificaciones el ubicado en Francisco Ortiz, número 40, Fraccionamiento "Agustín Arriaga Rivera", para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena al actuario de la adscripción indagar si existe tal finca en esta ciudad, y una vez cerciorado de que ahí puede ser localizada la quejosa directa, proceda a notificarle de este acuerdo en dicho lugar; lo anterior, bajo apercibimiento que de no ser localizable tal inmueble, las notificaciones derivadas de este cuaderno se le harán por medio de lista que publique este juzgado.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano