Delfina Costeño Hernández
Expediente 112/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Delfina Costeño Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo el presente expediente es susceptible de destrucción, y respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, también es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyanse este expediente y el incidente de suspensión; asimismo, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación, existen documentos que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de siete de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), consérvese el cuaderno incidental por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente junto con el incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Ahora, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo el presente expediente es susceptible de destrucción, y respecto al incidente de suspensión, tomando en consideración que se negó la suspensión definitiva, el asunto se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; en consecuencia, también es susceptible de destrucción, en el término de tres años. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyanse este expediente y el incidente de suspensión; asimismo, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con doce minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 112/2023-II, promovido por Delfina Costeño Hernández, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra 1. La demanda de amparo presentada por Delfina Costeño Hernández; 2. Auto admisorio de treinta y uno de enero de dos mil veintitré y 3. Informe justificado rendido por la autoridad responsable Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala remitió copia certificada de la resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revisión 56/2022, de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, y del oficio PM/TM/06/080/2022 de trece de junio de dos mil veintidós; asimismo, ofreció la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria da cuenta con los formulados por la autoridad responsable y hace constar que las demás partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud, se tienen por formulados los alegatos de cuenta y se cierra esta etapa, por lo que se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 112/2023-II, promovido por Delfina Costeño Hernández, por propio derecho, contra actos de la Coordinador de Fomento Económico, del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala y otras autoridades; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Delfina Costeño Hernández demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Coordinador de Fomento Económico, del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: a) El comunicado con número de folio: F.ECO.OFI/004/25/01/2023, dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. b) La orden de desalojo y por tanto la privación de la posesión que han dictado en contra de la suscrita, para despojarme de la zona ubicada en calle Loma Bonita, perteneciente a Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, correspondiente al espacio destinado para venta de gelatinas y flanes. Actos que considera violan los derechos contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo, así como las constancias que integran este juicio, se advierte que la quejosa reclama: a) El comunicado con número de folio: F.ECO.OFI/004/25/01/2023, dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. b) La orden de desalojo y por tanto la privación de la posesión que han dictado en contra de la suscrita, para despojarme de la zona ubicada en calle Loma Bonita, perteneciente a Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, correspondiente al espacio destinado para venta de gelatinas y flanes. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, al rendir su informe justificado, fue omisa en precisar si es cierto o no el acto reclamado; sin embargo, del contenido de su informe de mérito, hace manifestaciones que evidencian su existencia material; por tanto, se presume cierto el acto que se le atribuye (fojas 19 y 20). Lo que se justifica con las constancias que adjuntó la autoridad responsable Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, consistentes en copia certificada de la resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del recurso de revisión 56/2022, de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, y del oficio PM/TM/06/080/2022 de trece de junio de dos mil veintidós; y de las cuales se advierte la existencia del acto reclamado. Ahora bien, el Coordinador de Fomento Económico y el Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, omitieron rendir su informe con justificación, no obstante estar debidamente notificados para ello, como se advierte de los acuses de recibo correspondientes (fojas 14 y 15), por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que se les reclaman. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la de los actos reclamados, es pertinente examinar constitucionalidad las causas de improcedencia o de sobreseimiento que se hagan valer por las partes y las que se adviertan de oficio por este Juzgado Federal, dado que la improcedencia del amparo es una cuestión de orden público y, una institución por virtud de la cual el órgano de amparo se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. En el caso, de las constancias que se allegaron al presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, lo anterior en razón de que la aquí quejosa no acreditó fehacientemente tener interés jurídico para promover el presente juicio por el acto que señala como reclamado, de ahí que deba sobreseerse el juicio de amparo en que se actúa. De la lectura de los preceptos invocados, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés jurídico que se vea afectado por el acto de autoridad reclamado en la demanda de amparo. Así, de acuerdo con el numeral 5, fracción I, de la ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado sólo a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera personal y directa. En esos términos, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces se considera que éste no tiene legitimación para instaurar el juicio constitucional. Por otra parte, el interés para acudir al amparo requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En esa línea, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente, cuando promueve demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Dicho de otro modo, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés que le asiste en el juicio de amparo, el cual no puede inferirse con base en presunciones. Consecuentemente, el juzgador debe inevitablemente constatar que ésta demuestre fehacientemente que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarla de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. En ese contexto, se debe analizar las pruebas que se hayan ofrecido y exhibido, para así determinar la existencia del interés jurídico, pues no se puede partir de la sola afirmación de que el quejoso tiene un derecho, sino que tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro del juicio de amparo, por recaerle a este la carga de la prueba, de la que no libera por haberse acreditado la existencia del acto reclamado. Esto, de conformidad con la tesis 2a. LII/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Mayo de 1997, página 333, Materias(s): Común de rubro y texto siguientes: [.] INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." Expuesto lo anterior, se tiene que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso comparece reclamando al Coordinador de Fomento Económico y Presidente Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, consistente en: a) El comunicado con número de folio: F.ECO.OFI/004/25/01/2023, dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. b) La orden de desalojo y por tanto la privación de la posesión que han dictado en contra de la suscrita, para despojarme de la zona ubicada en calle Loma Bonita, perteneciente a Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, correspondiente al espacio destinado para venta de gelatinas y flanes. Sin embargo, omitió adjuntar documento alguno para acreditar su interés jurídico, lo que se corrobora con la documental que exhibió la autoridad responsable Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, relativa al oficio PM/TM/06/080/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, en el que la Tesorera Municipal del citado Ayuntamiento, el trece de junio de dos mil veintidós, le informa al Coordinador de Fomento Económico, que la ahora quejosa Delfina Costeño Hernández, no se encontró registrada como contribuyente de comercio establecido o ambulante en la citada Tesorería (foja 28). Por tanto, es evidente que para que quien ejerce el comercio ambulante demuestre interés jurídico en el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, no basta con afirmar que como expendedor de productos en los mercados que se establecen en la vía pública no basta con aducir que cuenta con la autorización del citado Municipio para ejercer dicha actividad, sino que tiene acreditarlo con alguna prueba, a fin de acreditar que se han cubierto los impuestos municipales por concepto de pago de piso, pues es lo único que justifica legalmente esa actividad y, por tanto, dicho interés jurídico, es la exhibición de la licencia, permiso o autorización municipal, expedido previo cumplimiento de las exigencias requeridas por la normatividad local aplicable, lo que no acontece en la especie, dado que la quejosa omitió adjuntar prueba alguna que así lo acredite. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis XIII.1o.37 A, visible a foja 978, del Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital: 168376, cuyo rubro y texto es el siguiente: [.] COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. PARA QUE QUIEN LO EJERCE ACREDITE EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE EXHIBIR LA LICENCIA, PERMISO O AUTORIZACIÓN EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL RESPECTIVO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS REQUERIDAS POR LA NORMATIVIDAD LOCAL APLICABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Aun cuando el comercio en la vía pública se encuentra permitido, sin embargo, para que pueda desarrollarse en el marco de la ley, el interesado, previamente a desempeñar esa actividad, de acuerdo con el artículo 48, fracción XVII, de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, debe tener la autorización del Cabildo Municipal y ajustarse a las normas sanitarias estatales, para que una vez satisfechos estos dos requisitos, pueda obtener el permiso correspondiente por parte del presidente municipal respectivo, a quien compete la expedición de licencias, permisos o autorizaciones para dicho funcionamiento. Por tanto, para que quien ejerce dicha actividad demuestre interés jurídico en el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, no basta con afirmar que como expendedor de productos en los mercados que se establecen en la vía pública o tianguista, se han cubierto los impuestos municipales por concepto de pago de piso, pues lo único que justifica legalmente esa actividad y, por tanto, dicho interés jurídico, es la exhibición de la licencia, permiso o autorización municipal, expedido previo cumplimiento de las exigencias requeridas por la normatividad local aplicable [.]. Por tanto, es de concluirse que en el caso concreto, la quejosa no demostró su interés jurídico en el presente juicio constitucional y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia antes analizada, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego entonces, al haberse actualizado la causal de improcedencia que originó el sobreseimiento de este juicio constitucional, la suscrita se encuentra jurídicamente imposibilitada para estudiar el fondo del amparo, según el criterio que enseguida se transcribe: [.] Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual forma, resulta innecesario el examen de las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa, con su escrito inicial de demanda, pues está encaminadas a poner en evidencia la ilegalidad del acto reclamado, lo cual no será motivo de análisis dado el sentido del presente fallo. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 61, 63 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Delfina Costeño Hernández, en términos de lo expuesto en el quinto considerando de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previa exhibición de las constancias impresas, dejando razón de su recibo en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se aprecia que aún transcurre el término de ocho días, a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Síndico Municipal y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, el cual se tuvo por exhibido en auto de dieciséis de febrero del año en curso. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
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