Delfina Aguilar Muñoz

Expediente 787/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
787/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Delfina Aguilar Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009 Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA:NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Quejoso cumple con requerimiento. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los presentes autos la diligencia que antecede, por medio de la cual la quejosa ********************, cumple con el requerimiento que se le formuló el nueve de octubre del año en curso (f.21-22), y para tal efecto, bajo protesta de decir verdad ratifica la firma que calza el escrito presentado el ocho de los corrientes ante este Juzgado, así como su contenido; y, en atención al mismo, se acuerda: II. Parte quejosa desahoga prevención. Visto el ocurso de ocho de octubre del año en curso (f.14-20) téngase a la impetrante, cumpliendo con el requerimiento efectuado en autos el veintiséis de septiembre del año en curso (f. 9-11); en consecuencia: III. Se desecha demanda de amparo. Ahora, de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil ******************** por el Juez Noveno Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en el cual decretó nombró perito en rebeldía a la parte demandada (oferente de la prueba) en virtud de que él había nombrado se negó aceptar el cargo que se le confirió. Atento a tal reclamación, se estima que el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Se justifica esta determinación en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En tal virtud, analizado el acto reclamado descrito en la demanda en forma clara y puntual, se resuelve que carece de la característica material y formal de imposible reparación, y por ello, no procede su estudio conforme al texto actual de nuestra Ley de Amparo. Para demostrar esta conclusión, véanse los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Son por tanto actos de imposible reparación, aquéllos que impliquen o afecten un derecho sustantivo del gobernado, previsto en el texto rector político de nuestro país, o en un instrumento internacional obligatorio para México. Esta conclusión es acorde con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, aquellos actos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional. Puede decirse entonces que la diferencia entre los actos de imposible reparación y los que no tienen esta cualidad, se reduce al tipo de implicación o afectación material respecto a los derechos fundamentales del gobernado (orden normativo primario) o bien, su afectación por infracción a normas reglamentarias procesales (orden normativo secundario o de desarrollo); sirviendo como guía para ubicar su categoría, en la reparabilidad al dictarse sentencia y su transitoriedad en el proceso donde se actualizan. En ese orden de ideas, el supuesto de los actos reparables se actualiza de manera esencial respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias (de los actos reclamados) se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, solo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En el caso particular, se considera que la determinación reclamada emitida el treinta y uno de agosto del año en curso, en que se nombró perito en rebeldía a la parte demanda (oferente de la prueba), en virtud de que el que había nombrado se negó aceptar el cargo que se le confirió, no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas por vía de amparo directo que promueva contra aquélla en la medida que trascienda a su resultado. Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 333, del Tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE." Cabe resaltar, que se tiene en cuenta, la tesis jurisprudencial VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). En este criterio, medularmente se sostiene que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las violaciones procesales relevantes, que son aquellas que afectan a las partes en grado predominante o superior, procediendo en su contra el juicio de amparo indirecto, bajo una interpretación amplia y más benéfica para los gobernados. Sin embargo, se comparte el diverso criterio contenido en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." En este otro criterio, sustancialmente se sostuvo que la ley de la materia precisa cuáles son los actos de imposible reparación en la fracción V de su artículo 107, lo que implica que una violación adjetiva, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, en virtud de que esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Sin embargo, esta juzgadora atiende al último criterio señalado, en razón de que es acorde a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que emitió al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En este criterio, se determinó que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que los actos de imposible reparación son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual constituye una aclaración del legislador secundario que genera una mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En consecuencia, el acto que reclama ante esta instancia constitucional la parte quejosa, de ninguna manera es reclamable a través del amparo indirecto, toda vez de que no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha determinación solo puede implicar una infracción que produce únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el impetrante obtiene resolución favorable. En efecto, de obtener una sentencia favorable, la violación procesal, de existir, no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, pero para el caso de que si le fuera desfavorable, podría combatirla en amparo directo como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.". Es aplicable la jurisprudencia P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, del Tomo 76, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con número de registro 205484, que establece: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." También, la tesis aislada IV.3o.111 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 489, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL". Asimismo, por analogía es aplicable la tesis aislada IV.2o.81 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 264, Tomo XIII, Febrero de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO QUE ORDENA SE ABRA EL JUICIO A PRUEBAS". Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. I. Se requiere ratificación de firma. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado presuntivamente por la quejosa Delfina Aguilar Muñoz, mediante el cual realiza diversas manifestaciones con las que pretende cumplir el requerimiento formulado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (f. 9-11); sin embargo, previo a proveer al respecto, se advierte que la firma que lo calza es notoriamente distinta a la que obra en el escrito inicial de demanda; consecuentemente, requiérasele para que dentro del término legal de tres días, comparezca ante la presencia judicial debidamente identificado para el efecto siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad si el ocurso con el que se da cuenta fue suscrito de su puño y letra, y de ser así, justifique la razón por la cual los rasgos de la firma que lo calzan son notoriamente distintos a los que obran en el escrito inicial de demanda. En el entendido que de reconocer como suyos los grafismos que obran en el escrito de cuenta y no justificar de manera convincente la razón de la discrepancia destacada, se tendrán por no hechas las manifestaciones a que se contrae dicho ocurso, con las consecuencias que ello acarreé. Apercíbase a la parte quejosa de las penas previstas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que señala una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente a quienes declaren con falsedad. La facultad de prevenir a la promovente del amparo tiene como finalidad contar con la certeza de que quien plasmó dicho grafismo efectivamente fue la quejosa, pues, como se precisó, diverge notoriamente con los rasgos plasmados en el escrito inicial de demanda y en la diligencia de notificación. Asimismo, es preciso destacar que la relevancia de la expresión "bajo protesta de decir verdad", implica que los señalamientos que la quejosa llegare a realizar, se harán con sujeción a la realidad, de modo que en caso de que no sea así, aquel podría hacerse acreedor a la sanción antes dicha. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, página 385, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En el entendido de que si este órgano jurisdiccional aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada durante la diligencia de ratificación, de oficio se practicará y desahogará prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad, con la salvedad de que se si acredita que dicha firma no fue plasmada de puño y letra por el directo quejoso, se tendrá como consecuencia por no presentado el escrito de mérito, y se dará vista al Agente Ministerio Público de la adscripción para que por su conducto se inicie una carpeta de investigación por el o delitos que resulten. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 338/2016, publicada el viernes nueve de julio de dos mil diecisiete a las diez horas con quince minutos correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2014436, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 787/2018-II. Prevención. Vista la demanda de amparo presentada por Delfina Aguilar Muñoz, contra actos del Juez Noveno Civil de Partido, con sede en esta ciudad, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, "bajo protesta de decir verdad", por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Manifieste si es parte en el juicio de origen, toda vez que de su escrito de demanda, no se advierte el carácter que tiene en el expediente del cual emana el acto reclamado o el interés que le asiste para acudir a esta instancia constitucional; precisión que resulta necesaria a efecto de fijar adecuadamente la litis. Relate bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente en el entendido de que dicha protesta deberá realizarla únicamente la directa quejosa, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". También sustenta lo precedente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/96, , visible en la página 347 del Tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Para lo anterior, es aplicable la tesis I.7o.A.100 Kvisible en la página 990, del Tomo XXIII, de Abril de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Indique el número correcto del expediente, ya que no se tiene certeza si es del año dos mil diecisiete o dos mil dieciocho, debido a que en algunas ocasiones refiere que el número de expediente lo es C-0093/2017 y en otras C-0093/2018. Señale el estado procesal de los autos del juicio del cual deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional, toda vez que de la demanda no se advierte dicha circunstancia. Asiste como apoyo a lo que precede la tesis número XX.57K, visible en la página 871, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". Precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que, si bien en el capítulo correspondiente aduce que el auto que reclama se le notificó el tres de septiembre de dos mil dieciocho; también lo es que en el proemio refiere que ello aconteció el cuatro de septiembre actual. En apoyo a lo anterior, acude la tesis III.3o.C.76 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos veintisiete, del Tomo XIII, Mayo de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro que dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO)". Asimismo, proporcione dos copias adicionales de su escrito de demanda, en virtud de que solo presentó tres y son necesarias cinco, ya que para correr traslado se requieren: una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, una para la parte tercera interesada y dos más para el incidente de suspensión. Se apercibe a la directa quejosa, que de acreditarse, con las constancias que remitan las autoridades responsables, que se aseveraron hechos falsos, se dará vista especial al fiscal de la federación, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que este escrito es parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibiéndole que de no cumplir lo requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 a y el correlativo 24 segundo párrafo, de la ley de la materia a Brenda Vanessa Mondragón Ramírez, en virtud de que la misma no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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