Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez

Expediente 1485/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1485/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Delfa Thalía Rodríguez Rodríguez
  • 1. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remita el acuse de recibo relativo al oficio 14/2023 de uno de marzo del año en curso, por el cual remitió copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial número ********************; en consecuencia, en atención a lo requerido, acúsese el recibo de estilo del oficio que menciona, a efecto de que esté en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial número 10/2022; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Ahora bien, toda vez que de la ejecutoria de cuenta se advierte que el Tribunal Colegiado resolvió que, es el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, el legalmente competente para conocer del juicio de amparo ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el Secretario Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual admite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Iguala de la Independencia y este Juzgado Federal, al que le fue asignado el número 10/2022. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio número 10432/2022, signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 182/2022 de su índice, así como un tomo de pruebas. Ahora bien, tomando en consideración que en auto de veintiocho de octubre del año en curso, se acordó que una vez que se recibieran los autos originales del expediente 182/2022, se acordaría respecto de la competencia planteada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, lo que ya aconteció, por tanto se provee: En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado no acepta la competencia planteada, por los motivos siguientes. Del juicio de amparo se advierte los actos reclamados en el juicio de amparo 182/2022-II, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, son los siguientes: "Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo: 1).La multa impuesta en acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 594/2013. Del Secretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 2).El mandamiento de ejecución SI/DGCCV/DEF/TCA/0453/2022, de once de mayo de dos mil veintidós, por el que se ordenó el requerimiento de pago de la referida multa y los gastos de ejecución, por un importe de $29,443.32 (veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 32/100 moneda nacional). Del Director General de Cobro Coactivo y del Notificador-ejecutor Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos, adscrito a la Dirección General de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero: La ejecución del cobro coactivo del mandamiento de ejecución SI/DGCCV/DEF/TCA/0453/2022, de once de mayo de dos mil veintidós." Ahora bien, se advierte que en sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el mencionado homologo resolvió declinar competencia a favor de los Juzgados de Distrito de esta Entidad, con residencia en Chilpancingo, al considerar que los actos reclamados en el juicio de amparo 182/2022-II, que los actos de ejecución de la indicada multa han tenido ejecución en esta ciudad, ya que es en este lugar donde residen las autoridades ejecutoras. Criterio que no se comparte, como se explica a continuación: El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.) Esta regla general tiene una extensión y una excepción en sus diversos párrafos segundo y tercero, al establecer literalmente lo siguiente: (.) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los apartados transcritos, se colige que la norma de competencia, en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado, para distinguir qué Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo; pues si bien la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del impetrante de amparo, es evidente que el creador de la norma le da preeminencia y especial importancia a la ejecución del acto reclamado. Lo expuesto es lógico, desde la perspectiva de que el peticionario, con tal forma de proceder, puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes para su defensa, ante los actos de las autoridades, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia y eficiencia debidas. Así, de lo dispuesto en el transcrito artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador consideró tres supuestos para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de garantías, siendo los siguientes: Será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos antes precisados, se concluye que existen dos tipos de resoluciones; aquellas que no requieren una ejecución material para quedar cumplimentadas, y las que sí necesitan una ejecución material inminente para tal efecto. Los criterios legales contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. Además, no debe perderse de vista que la ejecución del acto no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. En ese contexto, en el caso, es indudable que el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, consistente en la imposición de la multa, a la quejosa Delfa Thalia Rodríguez Rodríguez, en el expediente laboral 594/2013, tiene ejecución material que, precisamente, correspondió desplegar al Secretario y al Director General de Cobro Coactivo de la Subsecretaría de Ingresos, adscrito a la Dirección General de la Subsecretaría de Ingresos, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quienes tienen su residencia en esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es claro que aquí es donde se inició o existen principios de ejecución. Sin embargo, fue el Notificador-ejecutor Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos, adscrito a la Dirección General de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, continúo la materialización de la mencionada multa en Taxco de Alarcon, Guerrero, lugar en el que, se constituyó y llevó a cabo el requerimiento de pago del mandamiento de ejecución SI/DGCCV/DEF/TCA/0453/2022, de once de mayo de dos mil veintidós. De lo que se tiene que, en el acto de ejecución para hacer efectiva la multa impuesta a dichos funcionarios públicos, inició en la jurisdicción del juez de Chilpancingo, y continúo ejecutándose en Taxco de Alarcon, Guerrero. Razón por la que este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la segunda de las reglas que dispone el precepto 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, consistente en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya empezado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo. En ese contexto, como ya se anotó, se está ante un acto cuya ejecución se inicia en un distrito judicial y se sigue ejecutando en otro, como lo son el ubicado en Chilpancingo de los Bravo y el localizado en Taxco de Alarcon, ambos en el Estado de Guerrero (ciudades que pertenecen a distritos judiciales diversos), por lo que conforme a la regla prevista por el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, si el mandamiento en cuestión se despliega en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se pretenda ejecutar o ejecute la multa, puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 2/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo I, Abril de 1995, página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 200824, de la siguiente literalidad: "COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCIÓN LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Si las autoridades responsables señaladas como ejecutoras pueden actuar dentro de la jurisdicción territorial de cada uno de los juzgados de Distrito contendientes y, por ende, los actos reclamados pueden tener ejecución material dentro de esas jurisdicciones, bajo la premisa de que se trata de actos que requieren ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo, cualquiera de ellos, a prevención, en términos del segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda es quien debe continuar conociendo de ella. Bajo ese contexto, no cabe duda que en el caso en concreto, dada la naturaleza del acto reclamado así como su ejecución y en atención a las autoridades señaladas como responsables, se actualiza lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues, se está ante un acto cuya ejecución se inicia en un distrito judicial y se sigue ejecutando en otro. Así las cosas, esta juzgadora federal considera que la competencia para conocer y resolver del presente asunto se surte a favor del Juez que la previno, tal y como se señala en la jurisprudencia antes transcrita virtud de tratarse del cobro centralizado del consumo de alumbrado público. En esta tesitura, al haber conocido a prevención de la demanda de amparo que nos ocupa el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Iguala de la Independencia, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado Guerrero, con sede en Chilpancingo, respetuosamente, no acepta la competencia declinada. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad oficiante el expediente número 182/2022 de su índice, y un tomo de pruebas, que a su vez dio origen al diverso 1485/2022 del índice de este Juzgado Federal, previa copia certificada que se deje en el cuaderno de antecedentes. Solicítese a la citada autoridad declinante, el acuse de recibo correspondiente; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo a la promovente en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Notifíquese.

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