Delegada del Registro Agrario Nacional del Estado
Expediente 1792/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 28 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1792/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/10/2015
Partes del expediente
- Delegada del Registro Agrario Nacional del Estado
Actuaciones
- Principal
Número de expediente: 362/2015 Acuerdo: R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil quince (fojas 2 a 30), ante la otrora Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, remitido el día hábil siguiente por razón de turno al entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, Alberto Cruz Hernández por su propio derecho y en representación de su menor hijo Víctor Santiago Cruz Castillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y actos que a continuación se especifican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A) En su carácter de ordenadora: 1.-El H. Congreso del Estado de Puebla. 2.-El H. Gobernador del Estado de Puebla. 3.-El Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla. 4.-Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En su carácter de ejecutora: 5.-Diligenciario Par del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. 6.-Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla. 7.-Comandante de la Policía Ministerial de la Ciudad de Puebla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. IV. LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. El H. Congreso del Estado de Puebla. La discusión, tramitación, aprobación y expedición del Decreto que crea o expide el artículo 91 fracción III, del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que ordena los medios de apremio consistente en el arresto hasta por treinta y seis horas así como, cualquier acto que ordene ejecute o trate de ejecutar por el artículo de la ley que en esta vía se reclama su inconstitucionalidad. 2. El H. Gobernador del Estado de Puebla. Publicación y cumplimiento, circulación expedición del Decreto que crea o expide el artículo 91 fracción III, del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que ordena los medios de apremio consistente en el arresto hasta por treinta y seis horas así como, cualquier acto que ordene ejecute o trate de ejecutar por el artículo de la ley que en esta vía se reclama su inconstitucionalidad. El Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla. La publicación oficial del ordenamiento reclamado, en el Diario Oficial, consistente en el Decreto que crea o expide el artículo 91 fracción III, del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que ordena los medios de apremio consistente en el arresto hasta por treinta y seis horas así como, cualquier acto que ordene ejecute o trate de ejecutar por el artículo de la ley que en esta vía se reclama su inconstitucionalidad. Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. A la autoridad responsable señalada en el inciso 4) con anterioridad como ordenadora Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; reclamamos las ilegales e inconstitucionales resoluciones de fecha treinta de abril de dos mil quince y 19 de mayo de dos mil quince, ambos dictados en el juicio 1344/2013, de los del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Estado de Puebla, en el que se apercibe con la imposición tanto a Víctor Santiago Cruz Castillo y Alberto Cruz Hernández con una orden de arresto de 36 horas, en aplicación del artículo 91 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Puebla. A la autoridad responsable señalada en el inciso 4) reclamamos el primer acto de aplicación consistente en los acuerdos de fechas 30 de abril y 19 de mayo de dos mil quince, que son los apercibimientos del arresto y su ejecución hasta por treinta y seis horas en el cual me aplican lo dispuesto por el artículo 91 fracción III, del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, así como sus consecuencias de la ley que se reclama su inconstitucionalidad. Diligenciario Par del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla. Comandante de la Policía Ministerial de la Ciudad de Puebla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. A las autoridades responsables señaladas en los incisos 5), 6) y 7) con anterioridad como ejecutoras; reclamamos la ejecución del arresto hasta por 36 horas a Víctor Santiago Cruz Castillo y Alberto Cruz Hernández que pretendan cumplir ordenadas en las ilegales e inconstitucionales resoluciones de fecha treinta de abril de dos mil quince y 19 de mayo de dos mil quince, ambos dictados en el juicio 1344/2013, de los del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Estado de Puebla, en aplicación del artículo 91 fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Puebla. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previa aclaración, por auto de cuatro de junio de dos mil quince (fojas 40 a 43), se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual previamente se había registrado con el número 845/2015; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento y señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, se tuvo como tercera interesada a Tania Castillo Díaz, quien fue emplazada mediante atento despacho, según se advierte de autos (foja 75). TERCERO. REASIGNACIÓN DE NÚMERO DE EXPEDIENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintinueve de mayo de dos mil quince, el presente juicio de amparo 845/2015 causó egreso y se registró en el nuevo índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, como amparo indirecto 362/2015, con efectos a partir del uno de junio de dos mil quince, razón por la que se resuelve bajo el nuevo número de expediente. CUARTO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Mediante escrito de veintitrés de junio de dos mil quince, la parte quejosa amplió su demanda contra actos del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, puntualizándolos en los siguientes términos: "IV. ACTO RECLAMADO. 2. El auto de fecha uno de junio de dos mil quince, emitidos por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio 1344/2013, y publicado, mediante lista en fecha 2 de los referidos mes y año, mismo que a la letra dice: '.Toda vez que el demandado no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de abril del presente año, se hace efectivo al arresto de treinta y seis horas con el que fue apercibido, gírese atento oficio al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla a fin de que haga efectivo el arresto. Por cuanto hace a la segunda de sus peticiones expídase copias certificadas de las constancias que solicita, cualquier día y hora hábil.' y 3. El diverso de dos de junio de dos mil quince, emitidos por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio 1344/2013, y publicado, mediante lista en fecha 3 de los referidos mes y año, mismo que a la letra dicen: '.Auto de fecha 02 de junio del 2015. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y dado que en proveído de primero de junio de dos mil quince se omitió señalar que una vez que sea detenido el señor Alberto Cruz Hernández en que reclusorio debe ser internado Consecuentemente gírese atento oficio al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla a fin de que asigne personal a su cargo y haga efectivo el arresto de treinta y seis horas y una vez que sea detenido este deberá ser ingresado en el Centro de Inserción Social de la Ciudad de Puebla.' (.) Autoridad ejecutora: 1. Procurador General de Justicia del Estado de Puebla. A dicha autoridad, le reclamo el cumplimiento que pretenda darle a los acuerdos de fechas treinta de abril, diecinueve de mayo, uno y dos de junio todos de dos mil quince, emitidos por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio 1344/2013, o cualquier orden de arresto en contra del suscrito y mi menor hijo Víctor Santiago Cruz Castillo." (Foja 79). QUINTO. ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil quince (foja 82), se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por el quejoso; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados respectivos y se ordenó notificar a la parte tercera interesada la citada ampliación. SEXTO. SEÑALAMIENTO DE FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por auto de dos de octubre de dos mil quince, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de ley, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; n concordancia con los Acuerdos General 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el segundo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, por reclamarse normas generales y actos emitidos por autoridades civiles dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, página 255, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de la ampliación que fue admitida en sus términos; lo que no fue recurrido por las restantes partes del juicio de amparo y por lo tanto, debe atenderse a ella; se colige que los actos reclamados destacados son: Del Congreso del Estado de Puebla, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, y Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, en la esfera de su competencia: La discusión, tramitación, aprobación, expedición y publicación del Decreto que expide el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, específicamente el artículo 91, fracción III. Del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: Los autos de treinta de abril y diecinueve de mayo ambos de dos mil quince, dictados en el expediente 1344/2015 relativo al juicio privilegiado de recuperar la posesión del menor Víctor Santiago Cruz Castillo, por los cuales se les apercibe al demandado que de no dar cumplimiento a la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil catorce, se le impondrá una medida de apremio consistente en un arresto de treinta y seis horas. El acuerdo de uno de junio de dos mil quince, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento consistente en el arresto de treinta y seis horas decretado en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince. El acuerdo de dos de junio de dos mil quince, en el que se ordenó que una vez detenido Alberto Cruz Hernández fuera ingresado al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Del Diligenciario par adscrito al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla: La ejecución del arresto de treinta y seis horas. Del Procurador General de Justicia del Estado de Puebla: El cumplimiento a los actos reclamados. Realizada la precisión anterior, se procede a determinar sobre la existencia o no del acto reclamado a las autoridades responsables. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado de Puebla y Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (fojas 88 y 114, respectivamente) al rendir su informe justificado, negaron los actos que se les reclaman. Por lo que, al no haber aportado medio de prueba alguno la parte quejosa para desvirtuar la negativa, los actos reclamados resultan inexistentes. Apoya la anterior consideración la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, impresa en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, con el rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, toda vez que no existen los actos reclamados, esto con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto a la publicación del Decreto que expide el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, atribuido al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, si bien fue omiso en pronunciarse en el informe justificado correspondiente, lo cierto es que el mismo es inexistente. Lo anterior es así, tomando en consideración que la orden publicación no se encuentran dentro de sus atribuciones. Es así, en virtud de que la orden de publicación de normas, no es un acto propio del Gobernador, conforme a lo establecido en el artículo 34 fracción IV, de la Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, que dispone: "ARTÍCULO 34. A la Secretaría General de Gobierno, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (.) IV. Administrar el Periódico Oficial del Estado y ordenar la publicación de las Leyes y Decretos que expida el Congreso del Estado, así como los Reglamentos, Acuerdos y demás ordenamientos de carácter general; así como mantener actualizado un portal electrónico de consulta del orden jurídico del Estado; (.)" Del numeral transcrito se evidencia que no es atribución de dicha autoridad, el publicar y divulgar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, y los reglamentos y decretos que expida el Ejecutivo, en los términos de las leyes aplicables; por ello, contrario a lo señalado por la parte quejosa, el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, no tiene intervención en la orden de publicación de la normatividad reclamada. Además, por su naturaleza, el ordenamiento reclamado es de conocimiento general, al haber sido publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y del mismo se corrobora que la autoridad en comento no tuvo participación en el acto que se le imputa. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En sus informes justificados las autoridades responsables Consejero Jurídico en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 96); Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla, en nombre y representación del Congreso del Estado de Puebla (foja 120); y el Director del Periódico Oficial del Estado (foja 59); aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen en su respectivo ámbito de competencias, consistentes en la aprobación, promulgación y publicación del Decreto que expide el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, específicamente el artículo 91, fracción III. Informes que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo que establecen los preceptos 202, en relación con el 129, 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo en su artículo 2°. Además de que la notoria existencia de este tipo de actos no están sujetos a prueba de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto segundo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Primera Parte, página 15, que dice: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 270, que dispone: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla (fojas 86 y 343); y Diligenciario par adscrito al Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla (foja 52); aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Como justificante de su informe el juez responsable remitió copia certificada del expediente 1344/2015 relativo al juicio privilegiado de recuperar la posesión del menor Víctor Santiago Cruz Castillo, de su orden cronológico. Dichas documentales adquieren valor pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su arábigo 2º, del cual se desprende la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, página 231, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. En razón de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, tal y como lo determina el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo; lo procedente es examinar si en el caso se actualiza un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior por analogía, el criterio sustentado en la jurisprudencia 814, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuya voz y contenido son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En primer término, debe decirse que este Juzgado de Distrito advierte de oficio que respecto del acto reclamado del Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que tal autoridad no tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, al habérseles reclamado su participación (publicación) en el proceso legislativo que originara el artículo del Decreto que expide el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, específicamente el artículo 91, fracción III, sin hacer valer la existencia de algún vicio propio, como enseguida se verá. Los referidos numerales son de la siguiente literalidad: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (...)" En esos términos, la fracción XXIII del artículo 61, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el segundo numeral en su tercera fracción dispone que cuando se impugnen normas generales, tendrán el carácter de autoridades responsables los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, y que cuando se señale a las que hubieren intervenido en el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, éstas tendrán tal carácter únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Sin embargo, en la especie no se da el supuesto para que se considere como autoridad responsable al Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, ya que de la demanda de amparo se advierte que se reclamó de éstos su participación en el proceso legislativo que originara el referido numeral; no obstante lo anterior, no se le atribuyó vicio propio alguno, sino que sólo se reclamó como parte del proceso legislativo. Incluso, el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, ante el requerimiento de su informe justificado, indicó que al reclamársele su participación en el proceso legislativo, consistente en la publicación del numeral reclamado, sin atribuírsele vicios propios, no debía rendir informe justificado (fojas 59 y 60). Por tanto, si no se hicieron valer vicios propios respecto de la publicación del referido numeral, entonces, el Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento respecto de la publicación que de tal autoridad se reclamó. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado del Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, en el que se apercibió con una medida de apremio consistente en un arresto por treinta y seis horas al menor Víctor Santiago Cruz Castillo, de oficio, se advierte que se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El dispositivo antes invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así es, de las constancias que presentó el juez familiar responsable en apoyo a su informe con justificación, se advierte que en contra de treinta de abril de dos mil quince, que constituye el acto reclamado por diverso de diecinueve de mayo de dos mil quince realizó la aclaración y precisó que la medida de apremio era para el demandado Alberto Cruz Hernández (progenitor) y no al menor, pues se trató de un error involuntario. Es claro que el auto de treinta de abril de dos mil quince (acto reclamado), fue sustituido procesalmente por la determinación de diecinueve de mayo siguiente, por el que señaló que el apercibimiento era para el progenitor demandado y no para el menor, pues tal acuerdo actualmente incide en su vigencia y ejecutividad contra el hoy promovente del amparo, por lo que la sustituyó, de ahí que el auto de treinta de abril de dos mil quince, ya no puede ser analizado a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretende la parte quejosa. Por tanto, no podría estudiarse la legalidad del auto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo en el acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil quince, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. Ilustra la consideración anterior, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, página 845, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Cabe precisar que no hay motivo para suplir la deficiencia de la queja, si el juicio de amparo resulta improcedente, ya que no es posible ignorar que incluso en los asuntos que intervienen menores de edad es indispensable verificar previamente la procedencia del juicio de amparo, para dar cumplimiento exacto a las normas que regulan el procedimiento del amparo, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se actualiza, pues las reglas de procedencia no pueden alterarse con motivo de tal suplencia, ya que ésta no tiene el alcance de hacer viable lo que conforme a la propia ley es improcedente. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis III.2o.C.68 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, página 563, con el epígrafe: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 76 BIS, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. Si bien es cierto que en materia de amparo, cuando los actos reclamados afectan derechos de menores de edad, debe suplirse la deficiencia de la queja en favor de éstos, sea cual fuere la parte litigante que lo promueva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, tal suplencia obligada no puede llegar al extremo de que se tenga que analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos que deben impugnarse oportunamente a través de un amparo de distinta vía, esto es, que no pueden analizarse en amparo directo actos que deben atacarse en amparo indirecto." Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA INVOCADAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En este apartado este órgano de control constitucional se avoca al análisis de la causal de improcedencia que el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla, en nombre y representación del Congreso del Estado de Puebla, sostiene se actualiza en la especie, la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin esbozar porqué considera que se actualiza dicha causal. Sin embargo, es inatendible la mencionada causa de inejercitabilidad de la acción de amparo, en virtud de que no realiza un razonamiento lógico-jurídico para justificar por qué la parte quejosa se ubica en la hipótesis que señala. Si bien, el Congreso del Estado señala que la parte quejosa carece de interés jurídico, lo cierto es que ningún razonamiento enderezó para demostrar su actualización. Lo anterior en observancia a lo previsto en la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN", porque no es de obvia constatación. Por otra parte, la autoridad responsable Consejero Jurídico en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, adujo que el presente asunto es improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haber agotado el principio de definitividad, pues la orden de arresto no se encuentra en los supuestos de excepción contemplados por el dispositivo legal en cuestión, si bien existe una privación temporal de la libertad, ésta no es del orden penal. Este órgano jurisdiccional estima infundada la causal de improcedencia. En principio, la causa invocada se encuentra instituida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto transcrito prevé uno de los supuestos del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual como juicio excepcional que es, sólo es procedente contra aquellas resoluciones de carácter definitivo. El mencionado supuesto alude a la circunstancia de que contra el acto reclamado, la ley conceda algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la responsable, el quejoso no está obligado a agotar medio ordinario de defensa alguno contra los actos reclamados, pues al tratarse de una medida de apremio consistente en la orden de arresto, hasta por treinta y seis horas, tal acto implicaría sobre el afectado una ejecución de imposible reparación. En el entendido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de reparación imposible, cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales de los gobernados tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la medida de apremio consistente en el arresto en cuestión, tendente a la privación de la libertad del agraviado, es un acto de los referidos con antelación, el cual no puede ser reparado en diversa instancia, en virtud de que de ejecutarse aquél, durante la tramitación de un recurso ordinario, aun cuando la resolución correspondiente le fuera favorable, no se restituiría al quejoso en el goce del derecho fundamental afectado con el acatamiento de la determinación en comento. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/90, estableció que aun cuando la legislación civil establezca recursos o medios ordinarios de defensa a través de los cuales pueda ser impugnada una resolución en la que se impone un arresto como medida de apremio, ello no es motivo suficiente para sobreseer el juicio de amparo por dos circunstancias, la primera, si bien es cierto que la orden de arresto no es un acto de naturaleza penal, sin embargo, tiene como finalidad la privación de la libertad y, la segunda, aun cuando antes de acudir al juicio de amparo, se agoten los recursos ordinarios establecidos en la legislación procesal civil, esto no suspende la ejecución del arresto, por tanto, atendiendo al principio de "donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho", queda a elección del quejoso instar el juicio de amparo o interponer los recursos ordinarios para combatir la medida de apremio. En ese tenor se encuentra emitida la jurisprudencia 173 por contradicción editada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Octava Época, página, 191, número de registro 1002238, con el contenido: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDENCIA DEL AMPARO AUNQUE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS. Aunque la ley procesal civil establezca algún recurso o medio de defensa legal para impugnar la resolución que manda hacer efectivo un arresto impuesto al quejoso, como medida de apremio, no procede sobreseer en el juicio de garantías en que se señala esta resolución como acto reclamado, aun cuando previamente a su interposición no se agoten tales recursos o medios de defensa, ya que en primer lugar, si bien es cierto que dicho acto no es de naturaleza penal, su efecto es la privación de la libertad, garantía que tutela primordialmente el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en segundo término, a pesar de que el quejoso agote los recursos ordinarios o medios de defensa previstos en la ley que rija el acto, antes de promover el juicio de garantías, el arresto se ejecuta privándolo de su libertad personal, pues tal actuación no suspende dicha ejecución. Por tanto, atendiendo a que donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, queda a opción del quejoso, el de combatir el arresto decretado en su contra a través del juicio de amparo o de agotar previamente los recursos establecidos por la ley." Además, debe mencionarse que el arresto es, por su naturaleza, un acto que constituye una excepción al principio de definitividad, en razón de que de llegar a consumarse se haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, que en este caso lo constituye el derecho a la libertad. Bajo tal contexto, opera una excepción al principio de definitividad, siendo procedente al amparo sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa. Fortalece lo anterior la jurisprudencia 126, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Tomo IV, Novena Época, página 100, que reza: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. No obsta para la procedencia del amparo el hecho de que no se agote el medio de defensa ordinario previsto en el ordenamiento respectivo, en contra del auto en el que se manda apercibir al quejoso con la imposición de un arresto específico como medida de apremio, porque siendo el auto que se reclama de carácter concreto e individualizado, el agraviado se halla en riesgo inminente de privación de su libertad personal, respecto de la cual opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; máxime que en ningún medio ordinario de defensa pueden plantearse cuestiones de constitucionalidad." De ahí que no se actualice la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Al no existir más planteamientos de improcedencia hechos valer por las partes, y en tanto que este Juzgado de Distrito no advierte alguna que deba examinarse de oficio, se procede al estudio de la litis planteada. SÉPTIMO. AUSENCIA DE TRANSCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Tomando en consideración que no existe obligación de transcribir en la sentencia los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que tal omisión no infringe disposición legal alguna y toda vez que los mismos serán tomados en cuenta al resolver el presente juicio, resulta innecesario su transcripción. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. OCTAVO. ESTUDIO CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA. En este apartado por razón de técnica jurídica, se procede al estudio del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del precepto citado; ello en atención, que el presente juicio de amparo resulta procedente respecto a los actos de aplicación de la norma legal cuestionada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, página 235, cuyo rubro y texto son: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Ahora bien, por razón de su contenido y el tratamiento que se les dará, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa serán analizados en orden distinto del que fueron propuestos. Puntualizado lo anterior, la parte quejosa aduce, en su tercer concepto de violación, sustancialmente que la orden de arresto impuesta fue fundada en el artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, y afirma que esa disposición que se tilda de inconstitucional, no cumple con los parámetros de los artículos 17 y 21, de la Constitución. Que el artículo es inconstitucional, pues contraviene el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser aprisionado por asuntos de carácter civil, y el juicio del cual deriva la orden de prisión (arresto por treinta y seis horas) es un asunto civil. Es infundado este motivo de disconformidad. En efecto, contrario a lo que expone el impetrante, el artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que autoriza a los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones, para imponer arresto hasta por treinta y seis horas, no es contrario al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, pues el citado precepto constitucional en su párrafo tercero autoriza a las legislaturas locales a establecer los medios necesarios con el fin de garantizar la "independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones", como se advierte de lo siguiente: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." Así pues, el dispositivo constitucional señalado, autoriza al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales, para proveer en la esfera de su competencia lo atinente al establecimiento de los medios de apremio necesarios que permitan a los tribunales y jueces la plena ejecución de sus resoluciones. Luego, al hacer uso de dicha autorización, las autoridades legislativas facultan a los tribunales para que en forma discrecional empleen los medios de apremio sin sujetar su aplicación a orden alguno, ni a reglas de aplicación, que tuvieran que ser observadas en el ejercicio de la facultad discrecional de imponer una medida de apremio, es que el artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, disponga: "Artículo 91. Los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear conjunta o indistintamente, los medios de apremio siguiente: I. Multa hasta por el importe de mil días de salario; II. Cateo III. Arresto hasta por treinta y seis horas; IV. Orden de presentación ante el Tribunal; y V. Auxilio de la fuerza pública." En esta tesitura, ha de considerarse que para garantizar la plena ejecución de las resoluciones judiciales, las autoridades legislativas determinaron facultar a los tribunales, para que empleen en forma discrecional los medios de apremio necesarios para que puedan hacer cumplir sus determinaciones, sin sujetarlos al orden de la enumeración que se hace en dicho precepto, pues de no ser así, no sólo no se garantizaría la ejecución de las resoluciones sino que se obstaculizaría la actividad jurisdiccional del juzgador, contrariándose así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. De ahí que, el dispositivo normativo contempla los medios de apremio que pueden decretar las autoridades de impartición de justicia (tribunales o jueces), con el objeto de hacer cumplir sus determinaciones, siendo éstos: multa, el auxilio de la fuerza pública y en lo que nos interesa, arresto hasta por treinta y seis horas. En ese sentido, la palabra "apremio" proviene del latín "premer" que significa oprimir, apretar; de ahí que puede afirmarse que la medida de apremio tiene como finalidad compeler a una persona para que realice un acto. Ciertamente, las medidas de apremio previstas en el citado artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, constituyen un instrumento que obedece a la necesidad de que los jueces o tribunales puedan hacer cumplir sus determinaciones y que tiene por objeto obligar al contumaz al cumplimiento de sus mandatos; lo que significa que, para que se lleve a cabo la función jurisdiccional encomendada a los tribunales, es obvio que se requiere a su vez de normas procedimentales, las cuales encuentran su justificación plena en el citado precepto constitucional, puesto que dichas normas necesariamente tendrán que prever y garantizar la eficacia y fiel cumplimiento de las resoluciones judiciales emitidas por los susodichos tribunales, entendiéndose por éstas, no sólo la sentencia definitiva, sino cualquiera otra determinación que se tome durante la substanciación del procedimiento, incluyendo las medidas de apremio, como lo es la del caso que nos ocupa. De ahí que se afirme, sin reticencia alguna, que el precepto legal controvertido, no vulnera el artículo 17 constitucional, por ser éste el dispositivo que da fundamento y legalidad a aquél. Es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/219, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 58, octubre de 1992, Octava Época, página 56, que dice: "ARRESTO. MEDIDA DE APREMIO. NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. No es exacto que los arrestos decretados como medidas de apremio por los jueces de lo civil, para hacer cumplir sus determinaciones, sean violatorios del artículo 17 constitucional, pues no se imponen por deudas de carácter civil, sino para vencer la contumacia de los obligados a cumplir una determinación judicial." De manera que, tratándose del arresto, basta el mandato judicial que lo impone como medida de apremio, previo requerimiento de cumplimiento al mandato cuya aplicación se pretende obtener y conminación de imponer dicho arresto para el caso de desobediencia, para que el juzgador esté en posibilidad, jurídicamente hablando, de continuar con el procedimiento tendente a lograr el cumplimiento de su determinación, ante la conducta contumaz del obligado a realizar lo mandado, siendo la premura de tal cumplimiento, la pauta que obliga a dar celeridad a ese procedimiento, en tanto que por encima del interés meramente individual del afectado con la medida de apremio, se encuentra el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, esto con el propósito de que se haga efectivo el derecho consagrado en el artículo 17 constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial. Lo antes expuesto conlleva a declarar infundado el argumento en estudio. Respecto a su alegato en el sentido de que el arresto contraviene el artículo 21 constitucional, dado que la duración máxima de la sanción es treinta y seis horas, por lo que si el mismo se impone por un lapso mayor, resulta inconstitucional. El argumento planteado es inoperante por una parte, e infundado por otra. En primer lugar resulta inoperante el citado concepto de violación en virtud de que la parte quejosa no formuló un planteamiento a fin de evidenciar la inconstitucionalidad del citado precepto legal, pues de ninguna manera puede considerarse como concepto de violación, en tanto no expresa los razonamientos lógico jurídicos que pongan de manifiesto la inconstitucionalidad que se aduce de aquél; esto es, para que este órgano constitucional realice el estudio respectivo debe expresarse con claridad cuál es la lesión o agravio, y no hacerlo depender de la orden de arresto. Entonces, si el quejoso formula un concepto de violación el cual lo hace derivar de la aplicación de la norma que tilda de inconstitucional, el mismo deviene inoperante. Por otra parte, esta juzgadora de igual forma considera que el argumento en estudio resulta infundado. Lo anterior, dado que contrario a lo que afirma la parte quejosa el artículo 21 constitucional, no rige los medios de apremio para vencer la conducta contumaz de una persona, que pueden emplear los tribunales del país, sino que se refiere a la imposición de un arresto como una pena y que en materia administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto o en trabajo a favor de la comunidad, que si el infractor fuese un jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del de su jornal o salario de un día, y que tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso, como se advierte de lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (.) Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. (.)" El texto constitucional en cita, establece que la autoridad administrativa es competente para aplicar sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, dentro de las cuales está contemplado el arresto hasta por treinta y seis horas. Al respecto, cabe mencionar la diferencia entre una "sanción administrativa" y un "medio de apremio". La sanción administrativa es aquella que impone una autoridad de la misma índole, es decir, no proviene de una autoridad ni proceso jurisdiccional, por la violación a una disposición administrativa, concretamente a reglamentos gubernativos y de policía. Mientras la medida de apremio, como se dijo, es un instrumento que obedece a la necesidad de que los jueces o tribunales puedan hacer cumplir sus determinaciones y que tiene por objeto obligar al contumaz al cumplimiento de sus mandatos. En ese tenor, si bien es cierto que el arresto como medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino que es un medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales; igualmente si bien a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece el límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido por el artículo 21 constitucional para el arresto administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley o código establece el arresto como medida de apremio por un término mayor al de treinta y seis horas, es inconstitucional, situación que no ocurre en el caso concreto. Lo anterior es así, pues contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la medida de apremio de arresto regulada en el artículo 91, fracción III de la legislación adjetiva en mención, confiere seguridad jurídica al ceñirse a los límites que impuso el constituyente permanente en el precitado párrafo cuarto del artículo 21 Constitucional, al establecer que el arresto podrá ser hasta de treinta y seis horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse como lo señala aquél precepto de la Constitución, puesto que la preposición "hasta" se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado numeral no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Sirve de apoyo, interpretada en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 23/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, página 5, que reza: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO ESTABLECEN POR UN TERMINO MAYOR AL DE TREINTA Y SEIS HORAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL. De la interpretación armónica de los artículos 17, 73 (a contrario sensu) y 124, de la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas locales tienen facultades para establecer, en las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin embargo la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas que prevé el artículo 21 constitucional para infracciones a reglamentos gubernativos o de policía, pues si bien es cierto que la medida de apremio encuentra su fundamento en el artículo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto administrativo, sino como un medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de un procedimiento penal, por lo que si el artículo 17 constitucional no establece el límite temporal de dicha medida de apremio, debe recurrirse, por interpretación extensiva, al límite establecido por el artículo 21 constitucional para el arresto administrativo. En consecuencia, si alguna disposición de una ley o código establece el arresto como medida de apremio por un término mayor al de treinta y seis horas, es inconstitucional." De lo anterior, se llega al conocimiento que el artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que previene el arresto como medida de apremio, no resulta violatorio de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, como equívocamente lo aduce el quejoso. En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que se impone es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. De ahí que en ese aspecto el numeral reclamado no es inconstitucional. En esas condiciones, respecto a la inconstitucionalidad del precepto estudiado, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal. NOVENO. ESTUDIO DE LOS AUTOS DE DIECINUEVE DE MAYO, UNO Y DOS DE JUNIO TODOS DE DOS MIL QUINCE. Superado el tema de la inconstitucionalidad de la normativa abordada en el considerando previo, procede estudiar los actos reclamados consistes en los autos de diecinueve de mayo, uno y dos de junio, todos de dos mil quince, por los que el primero de los mencionados el juez requirió al demandado Alberto Cruz Hernández, para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil catorce en el punto cuarto, misma que fue confirmada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado por ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil catorce, y al mismo tiempo lo apercibió con imponerle arresto por treinta y seis en caso de incumplimiento, aspecto que en concepto de este órgano de control constitucional dicho proceder del juez es ilegal. Aquí es pertinente precisar, que si bien dicho aspecto (apercibimiento), se concretó en los diversos autos de uno y dos de junio de junio de dos mil quince, mediante los cuales el juez impuso al demandado la medida de apremio consistente en el arresto, el quejoso en su demanda de amparo, sostiene esencialmente en su segundo concepto de violación, que los actos reclamados no satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable no expresó los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión alcanzada, al no plasmar a qué se refiere con el punto cuarto de la sentencia definitiva. El argumento es ineficaz en parte y fundado en otra, suplido en su deficiencia. Es necesario precisar que este tribunal de amparo suple la deficiencia de la argumentación con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, como más adelante se demostrará, lo que infringe en su perjuicio el derecho de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello es así, dado que la suplencia prevista en la fracción antes precisada opera en los amparos en materias civil y administrativa, en virtud de que el legislador, al emplear las palabras "en otras materias", se refiere a las que no están expresamente reguladas en las demás fracciones del aludido artículo 79 de la ley de la materia, en virtud de que el juez responsable no expresó las razones que tuvo para fijar en treinta y seis horas el arresto que decretó contra el quejoso, pues si bien dicho acto es de esencia diversa a la penal, debe atenderse de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado con su ejecución; bien jurídico que se ha estimado como de protección superior. Lo anterior a la luz de la jurisprudencia P./J. 16/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impreso en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, página 34, número de registro 196877, que señala: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil." Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, a manera de antecedentes del acto reclamado, los cuales se deducen de las copias certificadas del expediente relativo al juicio privilegiado de recuperación de posesión número 1344/2013, de la estadística del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Estado de Puebla, que, a saber, son: 1. El diecisiete de octubre de dos mil trece, Tania Castillo Díaz promovió juicio privilegiado de recuperación de posesión respecto del menor Víctor Santiago Cruz Castillo, de la que conoció el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Puebla y lo radicó con el número 1344/2013 (fojas 1 a 7 del anexo I). 2. El veintinueve de enero de dos mil catorce, Alberto Cruz Hernández, contestó la demanda haciendo valer las defensas, excepciones y ofreciendo pruebas (fojas 31 a 35 del anexo I) 3. Previos trámites de ley, mediante sentencia definitiva dictada el siete de mayo de dos mil catorce se resolvió el citado juicio, en la que se decretó la guarda y custodia definitiva del menor Víctor Santiago Cruz Castillo a favor de su progenitora Tania Castillo Díaz (fojas 57 a 60 del anexo I). 4. Inconforme la parte demandada con la resolución anterior, interpuso en su contra recurso de apelación del que correspondió su conocimiento a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 463/2014, quien mediante ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil catorce confirmó la sentencia de primera instancia (fojas 74 a 81 del anexo I). 5. Inconforme el demandado con la resolución anterior, promovió juicio de amparo mismo que se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito registrándose con el número A.D. 550/2014, el que mediante sesión de veintiséis de febrero de dos mil quince negó el amparo y protección de la justicia federal (foja 64). 6. Por auto de treinta de abril de dos mil quince, se requirió al demandado Alberto Cruz Hernández para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil catorce, asimismo ordenó turnar los autos al diligenciario adscrito para que asociado de la parte actora, se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera el cumplimiento del punto cuarto de la sentencia definitiva, con el apercibimiento que de no hacerlo se impondría a Víctor Santiago Cruz Castillo, un arresto de treinta y seis horas, en términos del artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla (foja 107 del anexo I). 7. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil quince, se acordó que por un error involuntario se apercibió al menor Víctor Santiago Cruz Castillo, siendo incorrecto, por tanto, se requirió a Alberto Cruz Hernández para que diera cumplimiento al punto segundo del auto de treinta de abril de dos mil quince, apercibido que de no hacerlo se le impondría una medida de apremio consistente en un arresto de treinta y seis horas, lo cual fue notificado el veinte de mayo siguiente (fojas 109 a 111 del anexo I). Siendo este acuerdo el primero de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 8. El uno de junio de dos mil quince, el juez responsable hizo efectivo el apercibimiento consistente en un arresto por treinta y seis horas al demandado Alberto Cruz Hernández, al no haber dado cumplimiento a lo ordenado en el proveído de treinta de abril de dos mil quince (foja 116 del anexo I). Constituyendo este otro de los actos reclamados. 9. Por auto de dos de junio de dos mil quince, respecto a la orden de arresto decretada se ordenó que una vez detenido fuera ingresado en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla (foja 119 del anexo I). Esta determinación constituye el último de los actos reclamados en esta vía excepcional. El quejoso en esencia respecto a los actos reclamados refiere que no se encuentran fundados y motivados, ya que no se expresaron las circunstancias que se tuvieron en consideración para su emisión. Como se adelantó el argumento es ineficaz en parte y fundado en otra, suplido en su deficiencia. A efecto de analizar lo anteriormente propuesto, es necesario precisar el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo, señala textualmente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento." El precepto trascrito contiene el derecho de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos fácticos, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 166, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad; la falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa; en cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, empero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. Partiendo de ese marco normativo y jurisprudencial, la imposición del arresto como medida de apremio, está fundada porque el juez responsable citó el artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Sin embargo, la decisión adoptaba por la autoridad responsable es incorrecta, por lo siguiente. En la fracción III del artículo 91 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que es el precepto que el juez responsable citó al aplicar la medida de apremio consistente en arresto se establece lo siguiente: "Artículo 91. Los tribunales para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear conjunta o indistintamente, los medios de apremio siguiente: (.) III. Arresto hasta por treinta y seis horas; (.)" Como se advierte en este precepto se faculta al juez para que apremie con arresto de hasta por treinta y seis horas, a quien no cumpla con las obligaciones que le fueren impuestas por el propio juzgador. A juicio de este juzgado federal, el arresto decretado se encuentra ajustado a derecho, puesto que el demandado, aquí quejoso incurrió en desacato sistemático al mandamiento de autoridad judicial, consistente en el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, en la parte en que prevé la entrega del menor Víctor Santiago Cruz Castillo a su progenitora Tania Castillo Díaz, aquí tercera interesada, por lo que la autoridad responsable calificó su resistencia al cumplimiento del mandato judicial, lo que justifica la imposición de la medida de apremio de mayor envergadura. Pese a lo anterior, la duración del arresto -treinta y seis horas- no está fundada ni motivada, toda vez que, el juez responsable únicamente determinó mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince, que para el caso de que el demandado -ahora quejoso- no diera cumplimiento al segundo punto del auto de treinta de abril de dos mil quince se haría acreedor a una medida de apremio consistente en un arresto de treinta y seis horas, apercibimiento que por auto uno de junio siguiente se hizo efectivo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 19/2000 expresó que para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor. Para mayor claridad de lo expuesto, conviene tener en cuenta que esa contradicción dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 89/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 11, que es del tenor siguiente: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO HASTA POR 36 HORAS. SUS LÍMITES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece que para hacer cumplir sus determinaciones, los Magistrados y los Jueces pueden emplear como medio de apremio el arresto hasta por 36 horas, entendiéndose dicho lapso como el límite máximo que debe imponerse, pues la preposición 'hasta' se emplea para expresar el término de tiempo, y si bien el mencionado precepto no señala expresamente un límite mínimo, éste debe entenderse como el de una hora, por ser ésta la unidad utilizada para imponer la referida medida de apremio. Además, para determinar el tiempo de arresto que corresponde al sujeto sancionado, la autoridad jurisdiccional debe cumplir con los principios de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual deberá razonar y pormenorizar los motivos para fijar la duración de tal medida, tomando en cuenta elementos objetivos que correspondan a la gravedad de la infracción cometida, así como elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor." El criterio reproducido evidencia que, atendiendo a la unidad de medida utilizada por el legislador al construir la norma, existen parámetros mínimo y máximo para graduar el medio de apremio (de una hora a treinta y seis horas); por tanto, al aplicarlo en una magnitud inferior a la mínima, el operador jurídico debe justificar su proporcionalidad, esto es, que exista congruencia con la infracción cometida. Pues bien, lo narrado permite advertir que el juez de origen no razonó ni pormenorizó los motivos que tuvo en cuenta para fijar en treinta y seis horas la duración del arresto que decretó contra el quejoso, ni precisó los elementos objetivos que correspondían a la gravedad del desacato en que incurrió, ni los elementos subjetivos referidos a las circunstancias personales del infractor. Además, si bien pudiera estimarse que la "motivación" de los autos reclamados (mediante el cual impone el arresto), obedeció a que en el diverso de diecinueve de mayo de dos mil quince había apercibido al demandado con imponer arresto por treinta y seis horas, es claro que tal decisión fue ilegal, pues como se precisó, no es sino hasta que el demandado realiza la conducta de desacato, cuando el juzgador estará facultado para fijar la temporalidad del arresto, ya que es hasta ese momento cuando podrá calificar la intención dolosa en que pudiera incurrir el sujeto sancionado. En esa medida, es válido afirmar que en los autos mediante el cual el juez apercibió y decretó la medida de arresto omitió expresar las razones o motivos que lo llevaron a imponer la indicada medida, aspecto al que estaba obligado a expresar, pues con dicha omisión el juez responsable violó en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental que deriva del artículo 16 constitucional, en virtud de la cual estaba obligado a expresar las razones (debida motivación) por las que fijó en treinta y seis horas el arresto del agraviado como medio de apremio. En las relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. - Deje insubsistente el proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince, por cuanto hace al apercibimiento de la imposición del arresto por treinta y seis horas, decretado contra el aquí quejoso. - Si la autoridad responsable lo estima oportuno, está en libertad de emitir otra determinación (arresto), en cuyo caso, deberá respetar el derecho de fundamentación y motivación, particularmente su duración, tal como se puntualizó en esta sentencia. En la inteligencia de que esta determinación no vincula el actuar de la autoridad, pues al ser los medios de apremio instrumentos jurídicos cuyo uso queda al libre arbitrio y potestad de la autoridad judicial, no puede el juzgador de amparo constreñirlo a que haga uso de éstos, pues ello iría en detrimento de la autonomía de la autoridad y en perjuicio de la quejosa, al someter el resultado del amparo a una situación que pudiera resultar gravosa. Dicha protección constitucional se hace extensiva respecto de todas las actuaciones subsecuentes del juicio natural, incluyendo los autos de uno y dos de junio de dos mil quince y actos de ejecución reclamados, por derivar de aquel que se estima ilegal. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad responsable ejecutora Diligenciario de los expedientes pares del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en virtud que los actos ejecución imputados no fueron combatidos por vicios propios, sino que se hicieron depender de los reclamados a los que realizó la autoridad ordenadora. Tiene aplicación la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Volumen 55, julio de 1992, página 41, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." En atención a la conclusión antes alcanzada, resulta innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de violación, en virtud de que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia 107, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 85, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." DÉCIMO. PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. Ahora bien, advirtiéndose que el acto reclamado deriva de un procedimiento del orden familiar, en el que, entre otras cuestiones, se regula la guarda y custodia de un menor con su progenitora. Ante ello, debe tenerse presente la protección que el orden constitucional y los tratados internacionales dan a los derechos de los menores, razón por la que en el presente controvertido constitucional se debe salvaguardar el interés superior del menor, pues dicha prerrogativa tanto la que suscribe, como la autoridad responsable estamos obligados a proveer en el más amplio sentido. En ese orden de ideas, como punto de partida y marco de estudio, es pertinente transcribir los numerales 4º y 16, primer párrafo de la Constitución Federal, y los diversos 8.1 y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 4. (.) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO "Artículo 8. (.) Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. (.)" "Artículo 17. Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29. b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales. c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños. d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena. e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18." Es menester destacar que los numerales 4 y 16, primer párrafo de la Constitución Federal, vinculados directamente con sus similares 8.1 y 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, que constituye un instrumento internacional con rango constitucional, tal como lo establece el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en el cual se establece que las normas de derechos humanos establecidas en tratados internacionales adquieren reconocimiento y protección constitucional, salvaguardan derechos fundamentales de los menores, pues contiene la prerrogativa de orden personal y social de respetar en todo momento sus derechos de niñez (interés superior del menor), que implica que las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos. De ahí que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador fundamental de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, es decir, ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la tesis 1ª.XV/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero 2011, página 616, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión." A su vez, el artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (de la que México forma parte) establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Del bloque de constitucionalidad antes analizado (conformado por lo dispuesto en la Constitución, la Convención sobre los derechos de los Niños y la Convención Interamericana de Derechos Humanos) se obtiene que para salvaguardar el interés superior del niño, deben existir ciertas condiciones o situaciones que procuren la protección física y psicológica del infante, de tal forma que permitan el normal y sano desarrollo de aquél infante. Estas situaciones, no son otras que la procuración de cumplimiento de aquellos derechos previstos, sobre todo en la Convención sobre los Derechos de los Niños, de los que importa destacar, no por su mayor importancia sino por su grado relevante en el caso, aquellos relativos al cuidado de la integridad física, como el derecho a la vida, a la integridad corporal, de protección y cuidado, supervivencia y desarrollo, salud y protección contra el abuso por mencionar algunos; así como los relativos al cuidado de su integridad psicológica, como son el resto o la mayoría de los derechos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la convivencia con sus padres, a un medio familiar y a la educación, por no citar todos. Así, se salvaguardará el interés superior del niño, cuando en una situación determinada se procure aquella que de acuerdo a los derechos antes planteados, como a las particularidades del caso, resulte menos dañina o perjudicial para el infante, y que afecte en menor medida, su integridad ya sea física o mental. Lo que también se establece en el "Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes" elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en marzo de dos mil doce, el cual está orientado a que en los asuntos en que se involucren a los menores se atenderá como una consideración primordial el interés superior del niño, y que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a expresar sus opiniones libremente y en sus propios palabras, y a contribuir especialmente sobre las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso de justicia, y a que esos puntos de vista sean tomados en consideración según su edad, madurez y evolución de su capacidad. Con ese propósito, debe tenerse presente que los derechos paterno-filiales son bidireccionales, por tanto, no son exclusivos de los padres, sino también de los hijos, estos últimos, en un grado superior. Uno de los derechos fundamentales del menor que esté separado de uno o ambos padres, consiste en mantener relaciones personales y directas con ellos, de modo regular, salvo las casos en que ello derive en una afectación al interés superior del menor (entendiendo por relaciones nocivas aquellas que representan abusos, maltrato, descuidos, violencia, entre otros supuestos). Asimismo, es criterio uniforme de las fuentes normativas y jurisprudenciales invocadas, que es una cuestión de orden público y necesidad prioritaria, asegurar el pleno desarrollo del niño y su identidad con el seno familiar; así, la convivencia con los padres es de trascendental importancia, siempre que ello no implique un menoscabo a la integridad física y/o emocional del menor. De modo que la decisión jurisdiccional que recaiga a un asunto de esta naturaleza, no puede estar basada en criterios rigoristas, matemáticos (para simplemente establecer en forma numérica la cantidad), ni basarse en una aplicación irracional de principio de justicia distributiva, pues frente al derecho de los padres, adquiere preponderancia el interés superior del menor de manera que el criterio del juzgador debe basarse en la ponderación de la necesidad, proporcionalidad y pertinencia en el uso de las medidas adecuadas e idóneas para que la convivencia del menor con sus padres resulte provechosa y con el menor riesgo de daño posible. Así, como ya se precisó en los antecedentes del acto reclamado, en el juicio privilegiado de recuperación de la posesión del menor Víctor Santiago Cruz Castillo 1344/2013, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el siete de mayo de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en la que se resolvió conceder la guarda y custodia definitiva del citado menor a favor de su progenitora Tania Castillo Díaz, misma que fue confirmada por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. Además, el veinte de abril de dos mil quince, Tania Castillo Díaz presentó un escrito ante el juez responsable en el que solicitó la entrega del menor; petición que acordó favorable por lo que requirió al demandado Alberto Cruz Hernández diera cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. Ahora, toda vez que el orden constitucional y los tratados internacionales establecen que las controversias sobre cuestiones familiares son de orden público y facultan al juzgador a actuar de oficio especialmente tratándose de derechos de menores. En mérito de lo expuesto, toda vez que las autoridades tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos consagrados en favor del individuo, en especial aquéllos referentes a grupos vulnerables, entre los que se destaca, los menores, así como a velar por el interés superior de los niños, privilegiando que se desarrollen y crezcan con la protección y cuidado necesarios para su bienestar, seguridad y sanidad, es decir, rodeados de afecto, seguridad moral y material, primordialmente al lado de sus padres; resulta imperativo que la responsable tome las medidas pertinentes y necesarias para evitar que aun cuando el progenitor del menor no haya dado cumplimiento a la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil catorce, pueda estar en condiciones de entregar al menor a su progenitora Tania Castillo Díaz, lo anterior a fin de salvaguardar la integridad y desarrollo del menor, pues al ser resuelto en sentencia definitiva que la guarda y custodia le correspondía a la progenitora, el juez responsable se encuentra constreñido a salvaguardar y vigilar el cumplimiento de lo ordenado en dicha determinación, la cual es cosa juzgada, en términos de los artículos 354 y 355, del Código Federal de Procedimientos Civiles, como la verdad legal que existe, entre otros casos, cuando una sentencia causa ejecutoria. En las relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: - Tome las medidas pertinentes y necesarias para que, el demandado Alberto Cruz Hernández dé cumplimiento al considerando cuarto de la sentencia definitiva, esto es, haga entrega del menor Víctor Santiago Cruz Castillo a su progenitora Tania Castillo Díaz. DECIMOPRIMERO. PUBLICIDAD. Si bien de conformidad con el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que causen ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, en los diversos numerales 6° y 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la referida legislación, se obtienen los términos en que procederá la consulta de los expedientes que tienen en resguardo tanto los órganos jurisdiccionales como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, de conformidad con el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares, considerada como confidencial, la cual, de acuerdo con los artículos 18, de la citada ley, y 8°, del referido reglamento, debe ser entendida como aquélla cuya difusión, comercialización o distribución requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas titulares de la misma. En este contexto, al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no hayan hecho valer ese derecho, se ordena la publicación de esta resolución, con supresión de datos personales a que se refiere el artículo 3°, fracción I, de la citada legislación. Sustenta lo considerado el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquélla cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos". DECIMOSEGUNDO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alberto Cruz Hernández por su propio derecho y en representación de su menor hijo Víctor Santiago Cruz Castillo, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alberto Cruz Hernández, respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando octavo, de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Alberto Cruz Hernández, respecto del acto reclamado del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Distrito Judicial Puebla y Diligenciario de dicho Juzgado, y que se precisaron en el considerando segundo, para el efecto precisado en la parte final del considerando noveno de esta sentencia. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE, al menor Víctor Santiago Cruz Castillo, para el efecto de que el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en los autos del expediente 941/2010, de su índice, en uso de las facultades que le confiere la Constitución, deberá tomar todas las medidas necesarias y suficientes para que sea entregado a su progenitora Tania Castillo Díaz, en términos de la parte final del considerando décimo de esta sentencia. QUINTO. En términos de la parte final del considerando decimoprimero, se realiza la publicación respectiva con supresión de datos. SEXTO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Adriana Matzayani Sánchez Romo, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Maribel Camacho Fuentes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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