Delcy Vázquez Rivera y Otros.

Expediente 536/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
536/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Delcy Vázquez Rivera y Otros.
  • Delcy Vázquez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza a la Secretaria y/o Actuaria Judicial adscrita a este juzgado para la firma del oficio que recaiga al presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 536/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día, al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ********************por propio derecho y, en representación de sus hijos con discapacidad de identidad reservada con iniciales W. ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA (SIC) quien también ostenta el cargo de PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA (.). b) JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE TUXTEPEC, OAXACA (.) IV. ACTOS RECLAMADOS a).- De la primera responsable reclamamos la negligencia y omisión de supervisar el actuar de la segunda señalada como responsable, para garantizar los alimentos de mis hijos (.) quienes padecen autismo, el primero en la modalidad de TIPICO y el segundo ASPERGER; para atender la urgencia en la ministración de sus alimentos y traslado a consultas médicas, mismas que se solicitan en el expediente familiar ******************** que se inició con motivo de la demanda de alimentos en contra ARTURO JAVIER CABRERA BRAVO. b) De la segunda reclamamos la negligencia y omisión de garantizar los alimentos de mis hijos (.) quienes padecen autismo, el primero en la modalidad de TÍPICO y el segundo ASPERGER; para atender la urgencia de la ministración de sus alimentos y traslado a consultas médicas, mismas que se solicitan en el expediente familiar ******************** que se inició con motivo de la demanda de alimentos en contra de ARTURO JAVIER CABRERA BRAVO, recibida el día trece de enero de dos mil veintiuno.". SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó la demanda de amparo con el número 99/2021, de su índice y, requirió a la parte promovente del amparo, para que aclarara su escrito de demanda (fojas 26 y 27); por lo que, mediante escrito de diez de febrero del año en curso, la parte quejosa, tuvo a bien precisar lo siguiente: ".El acto que se reclama es la omisión para garantizar los alimentos que se traduce en la negligencia del Juez Primero Familiar, en razón de que no se ha acordado lo conducente a mi escrito de demanda de alimentos en la cual también represento a mis hijos con padecimiento de autismo; estos actos se desarrollan en el expediente ******************** del Juzgado Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. (.) El Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, dentro del expediente ******************** del índice de ese Juzgado, ha omitido todo pronunciamiento sobre mi petición de alimentos, incluyendo el hecho de garantizar los alimentos a la suscrita y mis hijos que padecen autismo. (.) El acto que atribuyo esta autoridad (sic) es la omisión o negligencia en la supervisión que como función tiene este organismo, sobre el Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, al no instituir para la atención con personas con autismo. (.) Respecto de este punto quiero mencionar a usted, que no hay estado procesal del expediente, ya que no se dado inicio a mi demanda y de mis hijos de alimentos, por lo tanto, los hechos que estoy narrando son los que han sucedido hasta el momento. (.)". Por tanto, en proveído de once de febrero de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informe a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de su adscripción; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 32 a 36). Luego, en auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado de referencia consideró actualizado el criterio de relación previsto en el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; por lo que, ordenó la remisión de los autos originales, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca (fojas 242 a 244). En consecuencia, por auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, tuvo por recibidos los autos originales de dicho expediente, ordenó formar el juicio de amparo 536/2021, aceptó la competencia declinada teniéndose por válidas las actuaciones efectuadas por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; ordenó emplazar al tercero interesado y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución (fojas 246 a 250); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuidos a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultado para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Fijación de los actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados, son los siguientes: De Juez Primero de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca: La omisión para garantizar los alimentos en razón de que no se ha acordado respecto al escrito de demanda de alimentos, en el expediente ********************. Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (denominación correcta): La omisión en la supervisión que como función tiene sobre el Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. Lo anterior, con apoyo en la tesis VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Oportunidad de la demanda. Dado que los actos reclamados consisten en omisiones de las autoridades responsables, lo que implica un acto negativo o de no hacer, creando dicha omisión una situación permanente mientras se subsana, de ahí que puede reclamarse en cualquier tiempo sin que se pueda hablar de consentimiento, expreso ni tácito, en términos del artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo, ni por lo mismo, de extemporaneidad de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.5o.C.21 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1451, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez Primero de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, toda vez que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado (foja 46 y 47). Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 749, aparece publicada en la página 830, del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia Común, Quinta Época, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Así, para acreditar la existencia y, defender la constitucionalidad del acto reclamado, la responsable remitió como complemento a su informe con justificación, copia certificada de las constancias relativas al juicio familiar ********************de su índice; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por su parte, el Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe negó el acto reclamado; sin embargo, hizo manifestaciones que evidencian su certeza, toda vez que informó que en relación con el acto que le atribuye la parte quejosa, ha marcado directrices óptimas para el desarrollo de las actividades de los órganos jurisdiccionales en el Estado, máxime si tratan de asuntos en materia familiar; en ese contexto se tiene como cierto dicho informe. Resulta aplicable en la especie, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, julio de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." respecto del acto reclamado al Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca (denominación correcta), consistente en: La omisión en la supervisión que como función tiene sobre el Juez Primero Familiar de Tuxtepec, Oaxaca. Este órgano jurisdiccional, estima, que con relación a la autoridad señalada como responsable antes precisada, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, a contrario sentido; de la Ley de Amparo, toda vez que no puede considerarse como autoridad responsable, porque carece de facultades para realizar actos que crearían, modificarían o extinguirían la situación jurídica relacionada con el derecho a recibir alimentos de las personas involucradas en el presente juicio de amparo, como se demostrara a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte". "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De las trascripciones anteriores, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste solo es procedente en contra de actos y omisiones de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que el Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, carece de facultades para actuar como superior jerárquico de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en la tramitación de los asuntos que ante aquéllos se ventilen. En ese contexto, cabe destacar que, del contenido de los artículos 100 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, no se desprende que éste tenga facultades de decisión en las determinaciones que adopten los jueces de primera instancia en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, toda vez que si bien, el Consejo de la Judicatura, es el órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y capacidad para emitir resoluciones y acuerdos generales, conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, en los términos que señala esta Constitución y las leyes; lo cierto es que los jueces de los órganos del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, gozan de plena autonomía e independencia en la toma de decisiones de índole netamente jurisdiccional. Por ende, el Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el caso en particular en que se reclama esencialmente la omisión de supervisar a una autoridad judicial en la tramitación de un asunto, no puede considerársele como autoridad responsable, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, porque carece de facultades para realizar actos que crearían, modificarían o extinguirían la situación jurídica relacionada con el derecho a recibir alimentos de las personas involucradas en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO respecto del acto reclamado al Presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la citada ley de la materia. Apoya a lo anterior, por sus razones jurídicas sustanciales, la jurisprudencia 63/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I, página 6, rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo" Ahora, respecto del acto reclamado al juez primero de lo familiar del distrito judicial de san juan bautista tuxtepec, Oaxaca, consistente en: La omisión para garantizar los alimentos en razón de que no se ha acordado el escrito de demanda de alimentos, en el expediente ********************. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. A efecto de evidenciar lo anterior, se estima conveniente citar la aludida norma legal, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto, se estima dable señalar en primer término el significado de las palabras "cesar" y "efecto", que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Por lo que la frase "cesar los efectos" del acto reclamado, se refiere cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; en tal virtud para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. Así, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Luego, para que pueda operar o actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es menester que el acto reclamado en el presente juicio quedara sin efecto. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes. En ese sentido, y para mejor entendimiento, del análisis de las constancias existentes en autos del presente juicio de amparo indirecto, derivados del juicio familiar ********************del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, se desprende que: a) Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 327 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en representación de ********************ambos de apellidos ********************(personas con discapacidad)********************y********************, los dos últimos promoviendo por propio derecho; demandaron de ********************, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a su favor. Además, solicitaron como medidas provisionales inmediatas y urgentes, las siguientes: "1. Decretar una pensión alimenticia provisional, con cargo al demandado suficiente para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios durante la tramitación de este juicio a cuyo efecto pido a usted señor juez se sirva girar atento oficio al jefe del departamento de relaciones laborales de los servicios de salud del Estado de Oaxaca (.) para que informe a este juzgado el monto de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias del demandado así como para que proceda a descontar del salario del demandado, el porcentaje que usted sirva a fijar para que sea entregado a dicho concepto a favor de los acreedores." (Fojas 51 a 58). Omisión que constituye el acto reclamado al Juez responsable, en razón de que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la responsable aún no había acordado dicho escrito de demanda ********************de su índice; aunado que tampoco se había pronunciado en relación con los alimentos a favor de sus acreedores alimentarios. b) Posteriormente, el quince de febrero de dos mil veintiuno, el Juzgado de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, acordó dicho escrito de demanda, y admitió la misma, en la vía de controversias del orden familiar (alimentos) con el número ********************de su índice; y, relativo a la medida provisional solicitada respecto de los alimentos, acordó: ".Tomando en consideración, que los alimentos son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo aseguramiento provisional tiende a asegurar la subsistencia de quienes los demandan o de aquellos cuya representación se exigen, mientras se dicte sentencia definitiva. Por tanto, existiendo suficiente presunción para reclamar la necesidad alimentaria, esta autoridad velando por los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios, observando siempre su interés superior, y en este caso el derecho fundamental a la alimentación, considera fijar como Pensión Alimenticia Provisional, a favor de cada actor, el equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) sobre todos y cada uno de los alcances o percepciones, que obtenga el demandado ********************, como cirujano dentista de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, al efecto gírese atento oficio al Jefe del Departamento de Relaciones Laborales de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca. a fin de que proceda a realizar el descuento antes fijado. En el entendido que, del porcentaje fijado. este corresponde un QUINCE POR CIENTO (15%) a favor de cada acreedor alimentista, siendo cuatro acreedores..." Así las cosas, recuérdese que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en la omisión atribuida al Juez responsable para garantizar los alimentos en razón de que no se ha acordado el escrito de demanda de alimentos, en el expediente ********************; ello derivado de la petición presentada ante el juez responsable, el trece de enero de dos mil veintiuno, para atender la urgencia en la ministración de sus alimentos y la de sus hijos que aduce padecen de autismo. Por tanto, para que opere la causa de improcedencia en comento, resulta necesario demostrar en autos que se proveyó respecto del escrito de demanda presentado por la ahora parte quejosa, en la que solicitó en la vía de controversias del orden familiar, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de la ahora parte quejosa, y como medida provisional inmediata y urgente una pensión alimenticia provisional con cargo al demandado, suficiente para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios. Lo cual se estima así sucedió, pues de acuerdo a las constancias enviadas por la autoridad responsable, y en atención a la petición formulada por la parte quejosa, el quince de febrero de dos mil veintiuno, radicó el escrito demanda y admitió a trámite la misma, en donde tuvo a los aquí quejosos, en la vía de controversias del orden familiar (alimentos), demandando a ********************, las prestaciones ahí precisadas, y en el mismo auto, el juez responsable, se pronunció entre otras cosas, en relación con la medida provisional solicitada respecto a los alimentos, y fijó como pensión alimenticia provisional a favor de cada actor el equivalente al sesenta por ciento (60%), sobre todos y cada uno de los alcances o percepciones, que obtenga el citado demandado ********************, como cirujano dentista de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca; además, precisó que del porcentaje fijado este corresponde un quince por ciento (15%) a favor de cada acreedor alimentista. Atento lo relatado, es por lo que se considera, en el caso, que cesaron los efectos de los actos reclamados en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; y siendo esto así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se considera que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado por cuanto a que la autoridad responsable dejó de ser omisa en cuanto a la petición formulada por la parte quejosa, misma que fue resuelta en los términos ya indicados, ello sin prejuzgar en lo correcto o no de la determinación. Esto es, una vez analizados los argumentos expresados por la parte quejosa, el juez del proceso consideró conveniente admitir la demanda de controversias del orden familiar (alimentos) y proveer lo conducente en relación con fijación de una pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios. En tales condiciones, es claro que al haberse pronunciado la autoridad responsable en los términos indicados, se tiene que han cesado los efectos del acto impugnado. Lo anterior se considera así, pues la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando con motivo de una actuación posterior por parte de la propia autoridad responsable, todos sus efectos desaparecen o son destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, en materia común, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, correspondiente a la Novena Época y sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro es "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acto aquí reclamado. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Además, no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que la admisión de mérito no constituye un impedimento al actualizarse alguna causa directa de sobreseimiento, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 544, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA". Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************por propio derecho y, en representación de sus hijos con discapacidad de identidad reservada con iniciales W. ********************y********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último, de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN VIRTUD QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA SENTENCIA DE DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE RESOLVIÓ: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese únicamente para que exista en autos el escrito enviado por Arturo Javier Cabrera Bravo, tercero interesado en el presente juicio de amparo, recibido vía correo electrónico; toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta carece de firma electrónica; por lo que, al carecer de firma, ese documento legalmente no tiene validez, pues no hay persona que sea responsable de su contenido, lo anterior, con fundamento en los numerales 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal que establecen y artículo 3 del Acuerdo General del conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

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