Deisy Carolina López Cruz

Expediente 541/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
541/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Deisy Carolina López Cruz
  • Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el numeral 7.4 del Manual referido, toda vez que no obstante se sobreseyó en el juicio, se decretó la suspensión de plano. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dicho documento y previo desglose del mismo, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción en cumplimiento del antepenúltimo párrafo del artículo 18 del acuerdo de referencia, en relación con el punto 7.6, tercer párrafo del Manual. Lo anterior, en el entendido de que la persona que acuda a recogerlos, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, y acudir con original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual previo cotejo que se realice será glosada en autos. Se precisa que se requiere a la quejosa para que programe la cita correspondiente en ese horario, en uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales, tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito le corresponde la jornada de labores presenciales de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. Notifíquese; y personalmente a Deisy Carolina López Cruz parte quejosa en el domicilio ubicado en Corregidora diecisiete guio seis (17-6), Tlacopac, Alcaldía Álvaro Obregón. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en ese Acuerdo General, en consecuencia, se reanudan dichos plazos y términos en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en los acuerdos citados en primer lugar, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del multicitado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí determinado y a los apercibimientos respectivos. En ese sentido, se tiene por recibido el oficio signado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 627/2018-V, y al efecto remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A.54/2019, mediante sesión de doce de marzo de dos mil veinte. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo en términos del resolutivo primero y considerandos tercero y quinto de la sentencia que se revisa. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ALONSO QUINTANA KAWAGE, contra la resolución de la resolución reclamada de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 211.115.11"2017"/3027/8, por los motivos y para los efectos precisados en la última parte de la presente ejecutoria. Acúsese el recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, del testimonio y el legajo de pruebas, y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Atento a lo anterior, y en cumplimiento lo ordenado por el tribunal de alzada; y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. 12/12/20 16:53:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.85.80 OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P-627-2018-V ??????????????? Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior, es oportuno precisar que en la sentencia emitida por este juzgado el diez de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo a la parte quejosa, para que la autoridad responsable realizara los siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo número 211.115.11 "2017"/3027/8, en que se impone multa al quejoso. -Reponga el procedimiento y dé a conocer al quejoso las probanzas en que se sustentó el oficio 211/28435/2017, de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el entendido de que si contienen información reservada relacionada con terceros deberá suprimirla con el fin de que el quejoso conozca únicamente los datos y hechos relacionados con la irregularidad imputada; además, conceda nuevamente el plazo legal al quejoso para que manifieste lo que en su derecho convenga y pueda ofrecer pruebas. - Una vez substanciado el procedimiento emita una nueva resolución en la que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de todos los argumentos que proponga el quejoso y resuelva lo que en derecho proceda. Por otra parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de doce de marzo de dos mil veinte, en el recurso de revisión número R.A. 54/2019, modificó la sentencia recurrida y se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: en tales condiciones, se impone modificar la sentencia recurrida y otorgar el amparo para que la autoridad responsable Director General de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deje sin efectos la resolución reclamada y, con base en las consideraciones de esta ejecutoria, dicte una nueva, en la que ante la presunción de inocencia de la que goza el servidor público sancionado, determine que ante la insuficiencia de pruebas para atribuir responsabilidad al quejoso sobre los hechos imputados, lo releve de la responsabilidad atribuida... En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a Director General de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2º, REQUIÉRASE al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable en cumplir con el fallo protector, remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las directamente responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dieron la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridades responsables, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Oscar Horacio Escobedo Nàvar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, seis de julio de dos mil veinte. Se tiene por recibido vía correo institucional el oficio signado por el Director del Hospital General de Zona Número veinticuatro (24) de la Delegación Norte de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual informa que la quejosa fue omisa en acudir a su cita medica según se asentó en el Acta de Constancia de Hechos de treinta de junio de dos mil veinte, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, para que obre como corresponda; tomando conocimiento de su contenido, debiéndose estar a lo acordado en auto de dos de julio de dos mil veinte, mediante el cual, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa en auto de quince de junio de dos mil veinte, y en consecuencia se declaró cumplida la suspensión de plano decretada el veintiuno de mayo del año que corre. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretarío Oscar Horacio Escobedo Navár, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, tres de julio de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Jefa de la División de Amparos Fiscales en suplencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En atención a la petición para la utilización de cámara fotográfica y/o scanner para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto y toda vez que no existe disposición legal que prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar dichos medios para copiar las actuaciones en el presente juicio, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente juicio de amparo; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que dicha reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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