Deisi Salgado Santana

Expediente 808/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
808/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Deisi Salgado Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de quince de noviembre de dos mil veintidós y auto aclaratorio de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ******************** en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: "En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que a la quejosa: a) Le sea proporcionado el tratamiento médico o incluso quirúrgico completo y definitivo por lo que respecta a su padecimiento de tumoración en la fosa iliaca izquierda; y, en su caso, realice un diagnóstico de las razones por las que se generó la tumoración y, de ser el caso, el tratamiento para solucionarlo. b) De igual manera que se le proporcionen los medicamentos necesarios para tal padecimiento y se le realicen los estudios que correspondan, a efecto de determinar si se están efectuando las atenciones médicas adecuadas. Todo ello acorde a lo determinado por el médico especialista. c) En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos. Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables, no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Requiérase a las autoridades responsables, para que en términos del artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se le impondrá multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia; y si aun así son omisas, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.mmg

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. ACLARACIÓN DE SENTENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente de la sentencia terminada de engrosar el quince de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que en la parte final de la misma en donde firman el juez y secretario que da fe, se asentó "quince de febrero de dos mil veintidós,". Atento a lo anterior con apoyo en el artículo 74, último párrafo de la Ley de Amparo, así como el diverso 223 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, efectúese aclaración de la sentencia respectiva: En la especie, el quince de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se asentó: "Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el quince de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe." En tales condiciones, con fundamento en el último párrafo del artículo 74 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional aclara únicamente la parte final de la sentencia dictada en el presente asunto, esto es la fecha en la que se emitió la misma, para quedar como sigue: "Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el quince de noviembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe." Lo anterior en el entendido de que este pronunciamiento no varía en modo alguno el contenido substancial de la ejecutoria de amparo, pues en su caso, únicamente tiene como finalidad evitar una posible confusión en cuanto a la fecha en la que se emitió la sentencia de amparo. En tales condiciones, mediante atento oficio que al efecto se libre, con trascripción del presente acuerdo y, notificado que sea personalmente, comuníquese lo anterior a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, por similitud la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Época: Décima Época Registro: 2008583 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 2/2015 (10a.) Página: 22 ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo II-808/2022, promovido por DEISI SALGADO SANTANA, a través de su representante OLIVIA BENITEZ REYES, contra actos del Director y/o Encargado del Centro Estatal de Atención Oncológica de esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintidós a través del portal del Poder Judicial de la Federación y turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional,1 DEISI SALGADO SANTANA, a través de su representante OLIVIA BENITEZ REYES, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director y/o Encargado del Centro Estatal de Atención Oncológica de esta ciudad y otras autoridades; ocurso en el que la quejosa narró los antecedentes del caso, precisó los preceptos constitucionales que estimó vulnerados y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós2 se concedió la suspensión de plano de la omisión reclamada, se solicitó la ratificación de la demanda a la parte quejosa, lo cual realizó en la diligencia efectuada el siete de septiembre de dos mil veintidós3; motivo por el cual en auto de doce de ese mes año se admitió la demanda de amparo se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por 1 Fojas 1 a 24. 2 Fojas 25 a 30. 3 Foja 128 las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, previo su diferimiento4, en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por razón de territorio, materia y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia legal porque los actos reclamados tienen naturaleza administrativa y tienen ejecución material dentro del territorio sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para 4 Foja 154 y 154.de este expediente.?????????? lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías, escrito aclaratorio y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que los actos reclamados por el promovente del amparo a las autoridades responsables, consisten en: Del Director y/o Encargado del Centro Estatal de Atención Oncológica en Morelia, Director y/o Encargado del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Secretario de Salud en el Estado de Michoacán, todos con residencia en esta ciudad: a) La omisión de proporcionarle de manera gratuita, oportuna y de calidad el tratamiento médico con todas las medicinas e insumos que requiere, con motivo del tumor que presenta en la fosa iliaca izquierda. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General de Morelia y del Centro Estatal de Atención Oncológica, no rindieron su informe justificado; aunque les fue requerido oportunamente acorde a la constancia de notificación que obra a foja 148. No obste, al pronunciarse sobre la suspensión de plano otorgada, negaron la existencia de la omisión reclamada.??????????? En efecto, el Director del Hospital en cita aduce que a la hoy quejosa se le ha brindado la atención multidisciplinaria que requiere. Sin embargo, contra lo así afirmado por las responsables y su petición de sobreseimiento sustentada en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, dicha negativa se desvirtúa con el propio contenido integral del informe sobre la suspensión de plano, las documentales relativas al expediente médico de la quejosa que remitió la apoderada jurídica de las autoridades responsables junto con sus propios informes5; y la presunción de certeza que opera al no haber rendido su informe justificado. A las documentales antes referidas, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos 5 Foja 42 vuelta y 93 a 116 de este expediente. materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado."6 También cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".7 Lo anterior es así pues si bien de las referidas constancias se desprende que el Hospital General 6 Registro 2014261. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materia(s): Común. Tesis: II.2o.P.25 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1933. Tipo: Aislada 7 No. Registro: 394,182, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Tesis: 226, Página: 153?????????? "Dr. Miguel Silva", ha atendido a la aquí peticionaria del amparo al menos desde el diecisiete de julio del dos mil veintidós, y que en la nota de evolución del dieciocho de julio del dos mil veintidós, entre otros datos se asentó: "PRESENTA ESTUDIOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS TAC DE ABDOMEN DEL DÍA 26 DE ENERO 22, DONDE SE REPORTA IMÁGEN DE TUMORACIÓN SÓLIDA EN FOSA ILIACA IZQUIERDA DE 5X4 CM, CON VOLUMEN DE 51 CM. APROX. ADEMÁS DE UN U.S DEL 7 DE OCTUBRE 21 CON REPORTE DE TUMOR SÓLIDO DE FH."8 También es verdad que no existe prueba alguna de que hubiere dado seguimiento al tratamiento médico o quirúrgico de dicho padecimiento. De ahí que las omisiones reclamadas deban tenerse por ciertas. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia;9 esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público10. 8 Foja 20 de este expediente. 9 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". 10 El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: Tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, registro digital 206296, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Página: 191: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin". Jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Séptima Época, registro digital 394239, fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, En la especie, no se advierte que las partes hayan formulado alguna otra causal de improcedencia, ni este juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de ellas. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los conceptos de violación dirigidos a controvertir la omisión de las autoridades responsables de otorgar el tratamiento y atención médica por lo que respecta al padecimiento de la quejosa. Así como para otorgarle el medicamento necesario para el padecimiento que refirió en su demanda de amparo, con lo que existe una violación del derecho humano a la salud, contenido en el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Carta Magna11. Ahora bien, para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas Tesis: 283, Página: 190: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". 11 Artículo 4. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del artículo 73, de esta Constitución"??????????públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la P. XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación de alguna especie, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3 y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna12. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los 12 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador". "Artículo 3. Obligación de no discriminación. - - - Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." "Artículo 10. - - - Derecho a la salud. - - - 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. - - - 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: - - - a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; - - - b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; - - - c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; - - - d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; - - - e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y - - - f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables."??????????? poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud13. 13 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3. El artículo 2, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios14. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este "Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía." "Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." 14 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.??????????? derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN."15 Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a. LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 15 Texto de la tesis: "Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". (Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, página 29, Agosto de 2011). UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."16 En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 16 Texto de la tesis: "Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud". (Véase en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVIII, página 457, Julio de 2008).??????????? genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Como ya se precisó, la solicitante del amparo reclama la omisión de las autoridades responsables de cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 4° constitucionales, esto es, la falta de atención médica por conducto de las autoridades responsables en relación con el padecimiento relativo al tumor en la fosa iliaca izquierda, pues únicamente se le ha otorgado la atención médica inicial y urgente que requirió como lo fue la transfusión sanguínea con motivo de la severa anemia que presentaba y la orden de diversos estudios clínicos por el fuerte dolor abdominal, lo cual se corrobora con las documentales ya referidas y valoradas en el considerando tercero de esta sentencia17. Ahora bien, de los antecedentes narrados en su demanda, el resultado del ultrasonido de alta definición y doppler, efectuado el siete de octubre de dos mil veintiuno (foja 22), y constancias del expediente clínico que remitieron las autoridades responsables, se advierte que si bien la parte quejosa ha sido atendida en el Hospital General "Dr. Miguel Silva", de manera urgente y que se le realizaron diversos estudios de sangre, así como que se ordenó la valoración en el área de medicina interna, se le otorgó la solicitud para la realización de colonoscopia y cita en 17 Foja 93 a 116 de este expedciente.????????? gastroenterología, se le clasificó como de situación económica baja.. También es verdad que a pesar de existir el diagnostico anotado en la nota de evolución del dieciocho de julio del dos mil veintidós, en cuanto a la tumoración en la fosa iliaca izquierda, las responsables acreditaron con documento alguno el seguimiento o tratamiento médico o quirúrgico definitivo o continuo que, en su caso, le haya brindado a la hoy quejosa para restablecer completamente su salud, en relación con el tumor en fosa iliaca izquierda que presenta y , en su caso, el motivo por el que se generó y la solución a éste. En ese sentido, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se encuentra violándose en su perjuicio el derecho humano a la salud, porque las autoridades responsables han incurrido en conductas omisivas, al no proporcionarle a la ahora quejosa en forma continua, gratuita y definitiva el tratamiento médico o incluso quirúrgico que requiera con motivo de la tumoración en la fosa iliaca izquierda que padece, siempre atendiendo a procurar la salud de la quejosa y restablecer, en lo posible, su salud. En ese sentido, se reitera, se consideran fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, toda vez que se ha violado en su perjuicio, el derecho humano a la salud. Ante las circunstancias relatadas, dado que se advierte que si bien existen gestiones pendientes a fin de lograr un estado óptimo de salud de la parte quejosa, es claro que nos encontramos ante una violación al derecho humano a la salud tutelado por el artículo 4 de la Carta Magna, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio médico al solicitante del amparo durante el tiempo que lo requiera. SEXTO. Efectos de la sentencia. En las relatadas condiciones, en aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables, realicen lo siguiente: ? En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que a la quejosa: a) Le sea proporcionado el tratamiento médico o incluso quirúrgico completo y definitivo por lo que respecta a su padecimiento de tumoración en la fosa iliaca izquierda; y, en su caso, realice un diagnóstico de las razones por las que se generó la tumoración y, de ser el caso, el tratamiento para solucionarlo. b) De igual manera que se le proporcionen los medicamentos necesarios para tal padecimiento y se le realicen los estudios que correspondan, a efecto de determinar si se están efectuando las atenciones médicas adecuadas. Todo ello acorde a lo determinado por el médico especialista.?????????? c) En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocado al tratamiento de sus padecimientos. Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables, no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a DEISI SALGADO SANTANA, en contra del acto reclamado consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la omisión de brindar atención médica por no proporcionarle la atención médica, incluso quirúrgica que requiere para los padecimientos que presenta (tumor en fosa iliaca izquierda), con base a las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, el quince de febrero de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 808/2022 promovido por Deisi Salgado Santana contra actos del Director y/o encargado del centro Estatal de Atención Oncológica de esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no tiene reconocido el carácter de tercero interesado persona alguna. Por otra parte, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Director General del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y Vicente Zarco Suayd, apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y en cuando superior jerárquico del Director del Hospital General de Morelia y del Centro Estatal de Atención Oncológica, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables ofrecieron diversas pruebas documentales, mismas que obran agregadas en autos, y que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir pedimento ni alegatos de las partes que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. ESPERANZA FUENTES REYES

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