Débora González Teutle
Expediente 459/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/08/2018
Partes del expediente
- Débora González Teutle
- Débora González Teutle y Otros.
- Maritza Jazmín Álvarez González y Otros.
- Karla Álvarez González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el ártículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista el auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho, a los terceros interesados Manantiales Peñafiel, Sociedad Anónima de Capital Variable y Peñafiel Bebidas, Cociedad Anónima de Capital Variable, el cual a la letra dice: Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 55 a 63), se determinó conceder el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa ****por sí y en representación de sus hijas ***, ambas de apellidos ***, por conducto de su apoderada legal ****, contra el acto atribuido a la autoridad Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y su Presidente, por los motivos expuestos en el considerando sexto de la sentencia ya señalada, para los efectos siguientes: 1. En forma pronta y a fin de evitar retardar la administración de justicia en detrimento de la parte quejosa, continúe con el procedimiento laboral 39/2013 a fin de lograr la comparecencia del perito de la parte actora para la aceptación y protesta del cargo conferido dentro del incidente de personalidad planteado -por la aquí quejosa- respecto de quienes comparecieron en representación de la parte demandada. 2. Inmediatamente después de la aceptación y protesta del cargo conferido señale fecha para el desahogo de la citada prueba pericial, y con ello restituir a la quejosa en el pleno goce de su garantía violentada como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sentencia de amparo, que causó ejecutoria en auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho; por lo cual, se requirió a la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y su Presidente, el cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a ello, la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, mediante oficio 1356/2018 recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de agosto de dos mil dieciocho, remitió copia certificada de la comparecencia de aceptación y protesta del cargo de la perito Guadalupe Sánchez Ambriz, designada por la parte actora, así como del proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia pericial caligráfica a cargo de la perito en mención. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Atento a lo anterior, en proveído de diez de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a las partes con el oficio y anexos de referencia, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hicieran manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador federal considera que la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y su Presidente, han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que los efectos de la misma fueron para que continuara con el procedimiento laboral 39/2013 y una vez preparada la prueba pericial ofrecida por la parte actora, señalara fecha para su desahogo dentro del incidente de personalidad planteado por la parte actora respecto de quienes comparecieron en representación de la parte demandada y en el caso remitieron copia certificada de la comparecencia de aceptación y protesta del cargo de la perito Guadalupe Sánchez Ambriz, designada por la parte actora, así como del proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia pericial caligráfica a cargo de la perito en mención. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la misma ley. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda depurable que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; agreguese a los autosel oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Concliación y Arbitraje de esta ciudad,...
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo del oficio 18069, dirigido a la autoridad responsable Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual se le requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida a la parte quejosa. En consecuencia, requiérase vía telegráfica a la autoridad de referencia, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que tenga conocimiento de este proveído, informe por la misma vía si recibió el oficio citado y la fecha en que así fue, apercibida que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, y a su Presidente, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que tengan conocimiento de este proveído, informen las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo que se les requiere en este acuerdo dentro del término concedido, se les impondrá una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días hábiles que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo".
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante oficio SEADS/698/2018 de treinta de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del que suscribe al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de junio del mismo año. Por otra parte, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de ocho de junio del año en curso, se requirió al Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que remitiera copia certificada de las constancias que acrediten la aceptación y protesta del cargo conferido por la perito Guadalupe Sánchez Ambriz; sin que a la fecha obre constancia de que la citada perito haya comparecido ante las instalaciones de dicha autoridad para tal efecto. Atento a lo anterior, requiérase a Andrés Marín Silverio, Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para el efecto de que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada de las constancias que acrediten la aceptación y protesta del cargo conferido por la perito citada o informe la imposibilidad que le asista para ello. Asimismo, infórmese a la citada autoridad que subsiste el apercibimiento decretado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Lorey del Rocio Cacho Barraza, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes
- David Steven Eiser168/2020
- David Tovar Arreola230/2016
- David Villegas Gonzales966/2014
- David William Kennedy230/2015
- Daygoro Yimat Niebla Yamamoto423/2020
- Dayna Patricia Molina Guerrero136/2020
- Débora Judit Salas Tovar y Otros.46/2021
- Delfina Barba Castro150/2021
- Denia Cruz Guerrero273/2016
- Denice Ramírez Suárez597/2021
- Denice Ramírez Suárez168/2017
- Denice Ramírez Suárez776/2019