Débora García Solís

Expediente 1609/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1609/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Débora García Solís
  • DÉBORA GARCÍA SOLÍS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, aun cuando en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo; al habérsele concedido de oficio la suspensión de plano a la parte quejosa, para que cesaran de inmediato los actos que reclama; este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y el auto mediante el cual se concedió dicha suspensión; asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con diez minutos del diez de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1609/2021-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos, así como con el oficio remitido por la delegada de las autoridades responsables por medio del cual informa lo solicitado en acuerdo de dos de marzo del presente año, relativo a la suspensión de plano y remite copias certificadas, la cual fue registrada con el número de promoción 5264. Acto seguido el Juez acuerda: se tiene por recibido dicho oficio y por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas el Secretario da cuenta con las pruebas exhibidas por la quejosa con su escrito demanda y con las ofrecidas por las autoridades responsables. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Seguidamente, se abre el período de alegatos en el que el Secretario no da cuenta con promoción especial alguna. En atención a lo cual, se cierra este período. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 1609/2021-IV promovido por Gustavo Antonio Manzano Osorio a favor de Débora García Solís, contra los actos que reclama del Doctor Juan Antonio Quintana Gutiérrez, en su calidad de Coordinador de Servicio Médico Zona Mérida de Petróleos Mexicanos y otra autoridad, por violación al artículo 4 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado Gustavo Antonio Manzano Osorio a favor de Débora García Solís, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Doctor Juan Antonio Quintana Gutiérrez, en su calidad de Coordinador de Servicio Médico Zona Mérida de Petróleos Mexicanos y otra autoridad. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Mediante acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la omisión de las responsables de brindar a la directa quejosa Débora García Solís la atención médica que requiere de forma urgente para la preservación de su salud, así como para que no fuera trasladada a otro nosocomio. Tercero. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y se admitió en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete. Cuarto. Citación para sentencia. Finalmente, previo diferimiento se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque en el caso se reclama un acto omisivo que carece de ejecución pero presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta Entidad y turnado posteriormente a este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente de la autoridad responsable: La omisión de las responsables de brindar a la directa quejosa Débora García Solís la atención médica que requiere, ya que desde el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, fue ingresada al Centro de Especialidades Médicas del Sureste (CEM), así como la orden de ser trasladada a Ciudad del Carmen, Campeche, para ser ingresada al Hospital Pemex de esa ciudad. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Supervisor del Servicio Médico Sectorial de Petróleos Mexicanos y Coordinador de Servicio Médico Zona Mérida de Petróleos Mexicanos, autoridades señaladas como responsables en este asunto, al rendir su informe justificado negaron el acto que se les reclama; sin embargo, realizan manifestaciones que permiten advertir su certeza, de ahí que se deba tener por cierto dicho acto. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el caso se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de las responsables de brindar a la directa quejosa la atención médica que requiere, ya que desde el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, fue ingresada al Centro de Especialidades Médicas del Sureste (CEM), así como la orden de ser trasladada a Ciudad del Carmen, Campeche, para ser ingresada al Hospital Pemex de esa ciudad. Ahora bien, se considera actualizada esta causal, en virtud de que de las constancias remitidas por las responsables denominadas Supervisor del Servicio Médico Sectorial de Petróleos Mexicanos y Coordinador de Servicio Médico Zona Mérida de Petróleos Mexicanos, en apoyo a su informe justificado y a su informe de la suspensión de plano, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que se proporcionó la atención médica relativa a la quejosa Débora García Solís pues acorde a los padecimientos que presenta la paciente, durante su hospitalización de 29 días (del 25 de agosto al 23 de septiembre de 2021), continuando con cita abierta a urgencias y servicios necesarios para su atención como lo son sus sesiones de hemodiálisis y servicios de especialidad, confirmando su alta y posterior egreso, por lo que la paciente ya ha terminado su atención médica, lo que se corrobora con la nota clínica de egreso. Lo relatado en último término, ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el nueve de septiembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, al haberse proporcionado a la quejosa la atención médica necesaria a su padecimiento hasta haber sido dada de alta, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Máxime que las autoridades responsables manifestaron que continua con cita abierta a urgencias y servicios necesarios para su atención como lo son sus sesiones de hemodiálisis y servicios de especialidad. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia, por lo que hace al acto reclamado consistente en la falta de atención médica de la quejosa. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, respecto al diverso acto reclamado consistente en la orden de traslado de la quejosa al hospital de Ciudad del Carmen, Campeche, debe decirse que al haberse dado el egreso a la quejosa con fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, no es dable pronunciarse respecto a la inconstitucionalidad del mismo, debido a que no se llevó a cabo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Débora García Solís, en contra del acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables por la razón expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la delegada del Coordinador de Servicio Médico Zona Mérida de Petróleos Mexicanos y Supervisor del Servicio Médico Sectorial de Petróleos Mexicanos, mediante el cual remite las constancias que le fueron solicitadas en este asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Gustavo Antonio Manzano Osorio, mediante el cual manifiesta que las autoridades responsables no están dando cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en este juicio de amparo. En atención a lo anterior, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas informen con relación al cumplimiento que han dado a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa. Asimismo, considerando que aún no obran las constancias solicitadas a las autoridades responsables el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquél en que reciban el oficio con transcripción del presente proveído, remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado, así como el alta dada a la quejosa posterior a la hospitalización que refieren en sus respectivos informes justificados. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior y en los términos señalados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.

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