Deaudry Antonieta Vera Pérez
Expediente 1510/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Deaudry Antonieta Vera Pérez
Actuaciones
- Principal
(5)...Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de once de septiembre de dos mil veintidós (fojas 18 a 22), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(5) Agréguese a los autos el ocurso firmado por la quejosa ., a través del cual cumple con el requerimiento efectuado por este órgano de control constitucional; en consecuencia se provee: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora bien, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, precepto que, en lo atinente, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.)". Como puede apreciarse, el arábigo transcrito señala que el juicio de derechos es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 814, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, foja 553. En efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia emitida por el más alto Tribunal del País, han establecido que los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. - Caso concreto. Ahora, en el particular la promovente señala como acto reclamado la negligencia con la que se integró la carpeta de investigación . a cargo del Agente del Ministerio Público Mesa 5 de la Fiscalía General de Justicia en Tulancingo, Hidalgo; sin embargo, las violaciones que aduce el promovente se llevaron a cabo en dicha indagatoria, quedaron consumadas de modo irreparable al decretarse el sobreseimiento de la causa penal ., la cual surgió de la citada indagatoria. Por ello, el acto que reclama en esta vía constitucional constituye un acto consumado de modo irreparable, máxime que la parte quejosa al desahogar la prevención, afirma de manera categórica que lo único que reclama es ". LA NEGLIGENCIA CON LA QUE SE INTEGRA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO ÚNICO DE CASO ., que se tramita en la Agencia del Ministerio Público, MESA 5, en LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA ENTULANCINGO (sic) DE BRAVO, HIDALGO; YA QUE COMO CONSECUENCIA DE SU NEGLIGENCIA DOLOSA, EL JUEZ DE CONTROL PARA EL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE DICHA CARPETA Y CAUSA PENAL ORIGINADA DE LA MISMA CON NÚMERO DE CAUSA PENAL .", sin referir reclamar el sobreseimiento de la causa penal. Lo anterior es así, porque el artículo 77, fracción II, de la Ley de la Materia, señala que cuando los actos reclamados sean de carácter negativo o impliquen una emisión, la concesión del amparo será para que se obligue a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija; de ahí que el presente juicio constitucional resulta improcedente, pues de concederse la protección de la Justicia Federal, ésta carecería de efectos prácticos, porque ello no podría ser para que se restituya a la quejosa en el goce de los derechos que consideró violados, ya en virtud de que de lo narrado por la impetrante bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 154/2023 la cual surgió de la carpeta de investigación .. Consecuentemente, las violaciones que afirma el quejoso se cometieron en la citada carpeta de investigación quedaron superadas al haberse decretado el sobreseimeinto de la causa penal arriba mencionada. De ahí que el acto reclamado constituye un acto consumado de modo irreparable contra el cual es improcedente el juicio de derechos fundamentales que se intenta. Sin que lo anterior prejuzgue en cuanto a la legalidad de dicho acto. Es aplicable al caso, por identidad de sustancia jurídica, la tesis de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de epígrafe y contenido siguientes: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA QUE EL JUEZ DE CONTROL EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA NO HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO ESTE MODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE DICTA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión del Juez de Control de hacer del conocimiento del imputado el procedimiento especial abreviado en la audiencia intermedia, y ya fue aperturado el juicio oral, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en tanto la etapa citada quedó superada precisamente al dictarse el auto de apertura a juicio oral, lo que hace imposible obligar a la autoridad a que reabra una fase que fue agotada; por ende, las violaciones procesales alegadas se consideran consumadas de modo irreparable, lo cual no contradice el artículo 423 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México abrogado, porque la audiencia intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que fueron materia del juicio oral, no así el que se le haga saber el procedimiento abreviado". Asimismo, por las razones que informa, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018868, de rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se tiene por acreditada con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, confesión que para este Juzgador es un medio de prueba que es admisible en el juicio constitucional y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo1 por disposición expresa de su numeral segundo. Bajo tales directrices, al haberse acreditado la causa de improcedencia analizada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo.
- Principal
(5) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por *******, en representación de ******, contra un actos del Agente del Ministerio Público en la Carpeta de investigación número único de caso ********, que se tramita en la Agenda del Ministerio Público, Mesa 5, en la Fiscalía General de Justicia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1510/2023-5. III. Prevención. El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: - - - I. Hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda; - - - II. Se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; - - - III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; - - - IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y - - - V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." De acuerdo al artículo citado, el juzgador federal deberá requerir a la parte quejosa en caso que exista alguna irregularidad en el escrito de demanda o se hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el diverso 108 de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: - - - I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; - - - II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; - - -III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; - - - IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; - - - V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; - - - VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; - - - VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Entre los requisitos establecidos en el numeral en cita, se encuentran los previstos en las fracciones IV y V, que compelen al quejoso a señalar en forma precisa el acto reclamado, así como, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos que se le reclaman. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Aclare el acto reclamado, dado que de los datos que precisa en su escrito de demanda se desprende que en el apartado correspondiente señala: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- UNO.-Lo hago consistir, en la NEGLIGENCIA CON LA QUE ACTUA EL AGENTE .DEL MINISTERIO PUBLICO, en la Carpeta de investigación número único de caso *********, que se tramita en la Agencia del Ministerio Público, MESA 5, en LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA EN TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, para proveer a la integración de la carpeta de investigación con número único de caso ********, atento a la obligación que tiene dicho Agente, para completar, totalizar o integrar la indagatoria, en los términos a que obliga y dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cuando no exista detenido. DOS.- EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL 154/2023, DEL JUZGADO PENAL DE CONTROL PARA EL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO. (.)" Ahora, respecto el primer acto, hace referencia a las carpetas de investigación identificadas con los números ********, y, respecto del segundo deriva la causa penal ****, la cual surgió de alguna de las citadas carpetas de investigación; por lo cual, resulta contradictoria la precisión de actos reclamados que realiza; además, que de los hechos que narra tampoco es posible advertir con precisión de lo que se duele, a fin de que pueda ser analizado en la instancia constitucional que promueve. 2.- Una vez aclarados los actos reclamado, es decir, precise si lo que reclama en esta vía constitucional son actuaciones llevadas a cabo por el fiscal responsable y dentro de qué carpeta de investigación, o bien, qué actuaciones reclama del juez responsable dentro de la causa penal ya indicada y, una vez efectuado lo anterior, diga de manera clara, concreta y cronológica, todos aquéllos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos que reclame, de tal manera que de ellos se desprenda el estado procesal que guarda la carpeta de investigación o en su caso la causa penal, lo cual resulta relevante para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley . 3.- Deberá señalar la fecha en la que tuvo conocimiento del acto o actos que reclama. En atención a que el cumplimiento de la prevención de mérito implica hacer manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe cumplirse directamente por la promovente o apoderado y no a través de autorizado, conforme a la jurisprudencia que enseguida se cita: "Época: Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no realizarlo, se tendrá por no presentada la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ******, asesor de ****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a ********, dado que no se precisan las facultades conferidas acorde a alguna de las dos hipótesis previstas en el numeral invocado. c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario ********. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa el contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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