Dea Margarita Caballero Solís

Expediente 1800/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1800/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Dea Margarita Caballero Solís
  • Camilo Ernesto Guillén Canché

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de septiembre de este año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrán interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de septiembre en curso se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, de lo que informaron las autoridades responsables sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a las partes que en caso de no hacer manifestación alguna dentro del término que se les concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, ambas partes fueron notificadas del acuerdo de mérito, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno; surtió efectos el viernes uno de octubre de este año, y el término para manifestar algo al respecto les transcurrió del lunes cuatro al miércoles seis de este mes y año, sin que lo hicieran. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO RAUL RAMOS BERZUNZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.0c 16/10/22 15:04:57 DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, cabe señalar que el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno se firmó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, con sede en esta capital, para los efectos siguientes: "... que la Juez Segundo (SIC) Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil, expediente 623/2010, seguido por Erika del Jesús Méndez Corcuera, a partir del auto de diez de mayo de dos mil diez, que ordenó el emplazamiento de la citada quejosa, incluyendo las ordenes de inscripción de embargos, sentencia definitiva y todas sus consecuencias legales, y ordene al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, el emplazamiento de la antes mencionada en términos de ley, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos; por lo que el citado actuario deberá constreñirse a las indicaciones del juez responsable. Tal determinación se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, ambos en esta ciudad, porque no se combaten por vicios propios." Posteriormente, por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. RAUL RAMOS BERZUNZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.0c 16/10/22 15:04:57 3 Así, a fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado remitió un oficio que se recibió en este Juzgado el nueve de septiembre de este año; del cual se advierte que el seis de septiembre de dos mil veintiuno dictó un acuerdo en el juicio de origen, mediante el cual, dejó insubsistente todo lo actuado a partir del auto de diez de mayo de dos mil diez y comisionó nuevamente al actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio de la demandada y le notificara el auto de exequendo de diez de mayo de dos mil diez. De igual forma, la Jueza responsable ordenó levantar el embargo decretado; lo que así realizó el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán al cancelar el embargo trabado; según se advierte del oficio firmado por este último, que se recibió en este Juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Por su parte, el actuario responsable a fin de ejecutar lo ordenado por la Juez de origen y así cumplir la ejecutoria, se constituyó en el domicilio de la parte demandada el veinticuatro de septiembre pasado y tras ser informado que la buscada ya no vivía en ese predio, levantó razón haciendo constar los motivos por los cuales le resultó imposible notificar el auto de exequendo. En tales condiciones, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral RAUL RAMOS BERZUNZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.0c 16/10/22 15:04:57 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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