De León Damas Isaac
Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- De León Damas Isaac
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo ********************/2023-VII, promovido por ********************, contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el cinco de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado al día siguiente hábil, ********************promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estimó transgredidos. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, ******************** y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de diez de enero de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo ********************/2023-VII, se admitió a trámite, se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos sendos diferimientos, se desahogó conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: - Decreto LXVI/APLIM/0146/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. - Decreto LXVI/APTVV/0065/2021 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. - Decreto 850/95 XVIII P.E., por medio del cual se expide el Código Municipal para el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, específicamente los artículos 145 al 151 de dicho ordenamiento, que regula el cobro del impuesto predial. - Decreto 786/06 I.P.O., por medio del cual se reformaron los artículos 21 al 28 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, y se implementó el método para el cálculo del valor catastral, terreno y construcción, así como las tablas de valores. Con relación al impuesto predial. b) De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la promulgación de los ordenamientos legales descritos en el inciso que antecede. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación, respectivamente, de los Decretos impugnados. Además, la existencia de dichos ordenamientos legales reclamado, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo." Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que la quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida. Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si con relación al mismo se actualiza alguna causa de improcedencia. Y, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente; y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del contenido siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del , el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. QUINTO. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto a los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los decretos: - Decreto LXVI/APLIM/0146/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. - Decreto LXVI/APTVV/0065/2021 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La suscrita advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.)" La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que, para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o hetoroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y hetoroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese orden de ideas, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos (contenidos en los decretos reclamados), la parte quejosa ofreció como prueba documental la factura o comprobante fiscal digital por internet expedido el cinco de enero de dos mil veintitrés, a su nombre, ********************, con número de identificación ********************; lo anterior con motivo del pago del impuesto predial ejercicio fiscal dos mil veintitrés, (foja 13); factura que cuenta con sello digital del emisor, sello digital del SAT y Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, por concepto de pago de impuesto predial ejercicio fiscal dos mil veintitrés. En ese sentido, como se precisó previamente en este considerando, el juicio de amparo indirecto es procedente, entre otro supuestos, contra normas generales que causen un perjuicio al quejoso en su esfera de derechos, con motivo del primer acto de aplicación de los preceptos impugnados; asimismo, se indicó que el quejoso reclama la citada norma, precisamente con motivo de su primer acto de aplicación, que se traduce en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, (pues reclamó decretos para el ejercicio fiscal de esa anualidad) el cual se efectuó con la factura expedida el cinco de enero de dos mil veintitrés, con número de identificación ********************, como se manifestó en la demanda de amparo y como se advierte de la documental con que la acompañó, relativa al pago de dicho impuesto predial. Sin embargo, en el caso la citada factura no se advierte que se haya materializado acto de aplicación alguno, es decir, que se haya concretado el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós (decretos reclamados para esa anualidad); sino al contrario dicha factura fue expedida con motivo del pago del impuesto predial ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Incluso, para acreditar lo anterior, el propio quejoso promovió ampliación de la demanda de amparo reclamado la aprobación y expedición del Decreto LVVII/APLIM/0440/2022 I.P.O., por medio del cual se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, específicamente los numerales mediante los cuales se actualizó el cobro del impuesto predial; asimismo, la expedición y aprobación del decreto LXVII/APTVV/0404/2022 I.P.O., por medio del cual se expidió las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua (foja 31). No obstante, en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, no se acordó de conformidad, y se le concedió un plazo de quince días para que subsanara la aclaración contenida en dicho proveído, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, al no haberse concretado ningún acto de aplicación -cuando menos en el presente juicio de amparo- los decretos reclamados, donde se expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, y se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del citado municipio, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia referida. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia 4/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1999, Novena Época y número de registro 194605, que dice: LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Respecto al resto de los decretos reclamados: 850/95 y 786/06, referentes al régimen fiscal, así como las diversas modificaciones que se han realizado a través de los citados decretos, resulta improcedente su análisis atendiendo a que se hicieron depender en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida; lo cual como se evidenció ni siquiera se le aplicó el régimen fiscal dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." Además, con independencia de lo anterior, dichos decretos se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." De lo trascrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la Ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En efecto, como se precisó en la transcripción que antecede, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establece el artículo 17 de la ley de la materia. Causa de improcedencia que descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquéllos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos que la propia ley señala. En este tenor, tomando en consideración que los decretos que se reclaman, el primer momento se contará a partir del día siguiente a su publicación, - lo cual, ocurrió en mil novecientos noventa y seis, dos mil cinco y dos mil siete, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda, ya habían transcurrido en exceso los treinta días a que se refiere la legislación para que el quejoso pudiera interponer el juicio en su contra -ley autoaplicativa-; no obstante ello, el segundo momento con que cuenta el promovente del amparo para hacer valer su derecho, es a partir de aquel en que tenga conocimiento del acto de aplicación de dicha norma se le realizó, contando con un lapso de quince días para ello -Ley heteroaplicativa-; y si en el caso, lo que se reclama es lo relativo al impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, resulta evidente, que a la fecha de presentación de la demanda ya le habían transcurrido en exceso los quince días a que la ley de la materia se refiere para poder promover el amparo, en contra del acto de aplicación de la ley, pues como se advierte la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, tiene vigencia por cada anualidad. Por tanto, al haber promovido la quejosa su demanda de amparo por lo que hace a dichos decretos, hasta el cinco de enero de dos mil veintitrés, es incuestionable que su presentación fue notoriamente extemporánea, por haber transcurrido en exceso el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que ejercieran su derecho; por ende, es dable considerar que la promovente de amparo consintió tácitamente los citados decretos, relativos a las transformaciones que ha sufrido el régimen del impuesto predial, cuya inconstitucionalidad se hizo valer cuando ya habían transcurrido en exceso los términos que la legislación establece para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, página 291, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve. Finalmente, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, ya que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************/2023-VII, promovido por ********************, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, hoy veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las doce horas con diez minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, la Jueza del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, licenciada **********, quien actúa con el licenciado **********, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia. Así, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, entre las que se encuentran la demanda de amparo; el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual, se admitió la demanda de amparo a trámite; el emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; así como los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables Gobernadora Constitucional del Estado, por conducto del Director de Análisis Jurídicos Dependiente de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre. Luego, certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción de las partes dirigida a este juicio y que, por tanto, se encuentre pendiente de acordar. A lo que la Jueza, acuerda: De conformidad con los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de cuenta. Acto continuo, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza abre el periodo probatorio, donde se da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa en compañía a su escrito de demanda y la presuncional en su doble aspecto legal y humano e instrumental de actuaciones. Con ello, se cierra esta etapa. Enseguida, de conformidad con el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza abre la etapa de alegatos, donde el Secretario da cuenta con el pedimento presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, hace constar que las demás partes no los formularon, por lo que se declara concluida esta etapa. Con lo precedente, se da por terminada la presente audiencia y la Jueza ordenó dictar la correspondiente sentencia: Por último, se certifica que la audiencia concluyó posterior a la hora fijada para su celebración, a fin de dar tiempo a que las partes estuvieran en posibilidad de presentar algún escrito, así como a las cargas de trabajo que tiene el juzgado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, entre ellos el artículo 26 Bis, primer párrafo, mismo que fue reformado por el Acuerdo General 12/2020, para una mejor compresión, el citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 26 Bis. Cuando se integre al expediente electrónico el acta donde conste la celebración de alguna audiencia, al calce de ésta se asentará si, por alguna circunstancia, la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia. En el mismo sentido, cuando se integre al expediente electrónico alguna resolución que deba emitirse en continuidad al calce de la resolución". Doy Fe. LICENCIADA ********** (FIRMA ELECTRÓNICA) JUEZA SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. LICENCIADO ********** (FIRMA ELECTRÓNICA) SECRETARIO
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Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que el dos de marzo de este año, se notificó a las partes el proveído con el cual se les dio vista con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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