De la Rosa Sánchez Y Asociados, Sociedad Civil

Expediente 794/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
794/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • De la Rosa Sánchez Y Asociados, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el apoderado legal de Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, apoderado legal de De la Rosa Sánchez y asociados, sociedad civil, personería que se le reconoce al tenor de la documental exhibida, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo; mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado. Vista la demanda y ocurso de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: ? La omisión de acordar el escrito inicial de procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y emplazar a los servidores a quienes se les atribuye la lesión motivo de dicho procedimiento. Dicha solicitud fue recibida por el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el diez de agosto de dos mil veintiuno. En concepto de la suscrita, sobre la omisión de que se trata, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de la fracción XII del artículo 61 en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". El artículo 61, fracción XII, dispone en su primera hipótesis, que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia; mientras que el segundo, prevé dos supuestos, uno, relativo a que la protección constitucional la puede solicitar quien es titular de un derecho subjetivo afectado de manera real y directa, o bien, quien alega tener un derecho legítimo. Y conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Según lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 69/2002, el quejoso es aquel que solicita el amparo en contra de un acto o norma general que afecta de manera real y directa un interés propio, distinto al derecho subjetivo que terceras personas oponen frente al actuar de las autoridades (y se agrega, particulares con tal carácter), pero cuya finalidad es que estos últimos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico en la persecución de ciertos fines generales, aunque ello no le reporte a quien alega un interés legítimo, un beneficio o servicio inmediato. En ese sentido, el interés jurídico existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés jurídico se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Referenciado el marco legal anterior, de la lectura de la demanda y su escrito aclaratorio, queda de manifiesto que la parte quejosa acude al amparo como titular de un derecho subjetivo, alegando que la omisión atribuida a la autoridad administrativa le causa un perjuicio real y directo a su esfera jurídicamente protegida; sin embargo, ello no es así, ya que la omisión reclamada en este momento no afecta los derechos subjetivos y garantizados de la demandante. Es así, porque el artículo 5° de la Ley de Amparo prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, la omisión o la norma general que se reclaman, por lo que, de esa porción normativa se deriva el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, el cual debe entenderse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Luego, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, se requiere que el acto de autoridad jurisdiccional lesione de manera directa el derecho del que se es titular. En el caso concreto, debe destacarse que el accionante del amparo presentó ante el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, un ocurso de inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, el cual recibido por dicha autoridad el diez de agosto pasado. Al respecto, en razón de que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de San Luis Potosí y sus municipios no establece un plazo específico para que la autoridad provea sobre el escrito inicial, debe tomarse en cuenta lo prescrito por los artículos 19 a 22 del Código Procesal Administrativo para el Estado de aplicación supletoria a la referida Ley de Responsabilidad Patrimonial por disposición de su artículo 12, el cual si bien refiere que será supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ésta fue abrogada por disposición expresa del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió el aludido código procesal publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Ahora, en la especie debe destacarse que la petición de la parte quejosa se presentó ante la autoridad responsable el pasado diez de agosto, y la demanda de amparo, el veinte siguiente. Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso no ha transcurrido el plazo genérico de tres meses, ni siquiera el mínimo de un mes que prevé el Código Procesal Administrativo para que la autoridad administrativa emita la respuesta correspondiente al ocurso presentado por el aquí demandante, la cual incluso puede notificarse hasta diez días después de su emisión; por lo tanto, es palmario que si a la fecha de presentación de la demanda constitucional no había transcurrido el plazo que tiene el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para dar contestación al escrito inicial de que se trata, entonces, no existe perjuicio alguno que pudiese haberse causado al accionante del amparo hasta este momento, en la medida en que la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del término legal para dar respuesta a la solicitud de mérito. De tal manera que la omisión reclamada no afecta la esfera jurídica del enjuiciante. De ahí que esta juzgadora considere que la omisión de acordar y consecuentemente la de emplazar a los servidores públicos respectivos, en este momento no ocasiona un perjuicio a la parte quejosa, por lo cual es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la demandante constitucional. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el apoderado legal de Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, apoderado legal de De la Rosa Sánchez y asociados, sociedad civil, personería que se le reconoce al tenor de la documental exhibida, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo; mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado. Vista la demanda y ocurso de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: ? La omisión de acordar el escrito inicial de procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y emplazar a los servidores a quienes se les atribuye la lesión motivo de dicho procedimiento. Dicha solicitud fue recibida por el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el diez de agosto de dos mil veintiuno. En concepto de la suscrita, sobre la omisión de que se trata, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos de la fracción XII del artículo 61 en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". El artículo 61, fracción XII, dispone en su primera hipótesis, que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia; mientras que el segundo, prevé dos supuestos, uno, relativo a que la protección constitucional la puede solicitar quien es titular de un derecho subjetivo afectado de manera real y directa, o bien, quien alega tener un derecho legítimo. Y conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Según lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 69/2002, el quejoso es aquel que solicita el amparo en contra de un acto o norma general que afecta de manera real y directa un interés propio, distinto al derecho subjetivo que terceras personas oponen frente al actuar de las autoridades (y se agrega, particulares con tal carácter), pero cuya finalidad es que estos últimos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico en la persecución de ciertos fines generales, aunque ello no le reporte a quien alega un interés legítimo, un beneficio o servicio inmediato. En ese sentido, el interés jurídico existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés jurídico se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Referenciado el marco legal anterior, de la lectura de la demanda y su escrito aclaratorio, queda de manifiesto que la parte quejosa acude al amparo como titular de un derecho subjetivo, alegando que la omisión atribuida a la autoridad administrativa le causa un perjuicio real y directo a su esfera jurídicamente protegida; sin embargo, ello no es así, ya que la omisión reclamada en este momento no afecta los derechos subjetivos y garantizados de la demandante. Es así, porque el artículo 5° de la Ley de Amparo prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, la omisión o la norma general que se reclaman, por lo que, de esa porción normativa se deriva el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio de derechos fundamentales, el cual debe entenderse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Luego, como presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, se requiere que el acto de autoridad jurisdiccional lesione de manera directa el derecho del que se es titular. En el caso concreto, debe destacarse que el accionante del amparo presentó ante el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, un ocurso de inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, el cual recibido por dicha autoridad el diez de agosto pasado. Al respecto, en razón de que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de San Luis Potosí y sus municipios no establece un plazo específico para que la autoridad provea sobre el escrito inicial, debe tomarse en cuenta lo prescrito por los artículos 19 a 22 del Código Procesal Administrativo para el Estado de aplicación supletoria a la referida Ley de Responsabilidad Patrimonial por disposición de su artículo 12, el cual si bien refiere que será supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, ésta fue abrogada por disposición expresa del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió el aludido código procesal publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Ahora, en la especie debe destacarse que la petición de la parte quejosa se presentó ante la autoridad responsable el pasado diez de agosto, y la demanda de amparo, el veinte siguiente. Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso no ha transcurrido el plazo genérico de tres meses, ni siquiera el mínimo de un mes que prevé el Código Procesal Administrativo para que la autoridad administrativa emita la respuesta correspondiente al ocurso presentado por el aquí demandante, la cual incluso puede notificarse hasta diez días después de su emisión; por lo tanto, es palmario que si a la fecha de presentación de la demanda constitucional no había transcurrido el plazo que tiene el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, para dar contestación al escrito inicial de que se trata, entonces, no existe perjuicio alguno que pudiese haberse causado al accionante del amparo hasta este momento, en la medida en que la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del término legal para dar respuesta a la solicitud de mérito. De tal manera que la omisión reclamada no afecta la esfera jurídica del enjuiciante. De ahí que esta juzgadora considere que la omisión de acordar y consecuentemente la de emplazar a los servidores públicos respectivos, en este momento no ocasiona un perjuicio a la parte quejosa, por lo cual es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los numerales 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la demandante constitucional. Notifíquese; hágase personalmente al quejoso.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, quien se ostenta apoderado legal de De la Rosa Sánchez y asociados, sociedad civil, contra actos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y otras autoridades, con anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 794/2021-V. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracciones I y III, todos de la Ley de Amparo, así como por el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: I. Manifieste "bajo protesta de decir verdad" si el anexo que acompañó a su escrito de demanda, consistente en el poder general otorgado a favor de Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, presentado de manera electrónica, corresponde a una copia simple, copia certificada o bien al original del mismo, además de que deberá precisar si dicha digitalización es copia íntegra e inalterable del documento impreso. Ello es así, ya que de conformidad con el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico establece que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterable del documento impreso; por tanto, al haber sido omiso el promovente en cuanto a ello, se procede a realizar la prevención indicada. En la inteligencia que de afirmar hechos falsos, podría configurar una conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. II. Deberá indicar qué reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables, pues es incongruente que pretenda reclamar la "omisión de emplazar a los servidores a quienes se les atribuya la lesión derivada del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado y municipios de San Luis Potosí", al Ayuntamiento como órgano colegiado y además a cada uno de sus integrantes en lo individual. De tal manera que, como se dijo, tendrá que precisar cuál es el acto que reclama de cada uno de ellas o, en su caso, especificar la autoridad a la que efectivamente pretende atribuir aquella omisión, tomando en consideración las facultades que legalmente se encuentran conferidas a aquéllas. III. Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes de la omisión reclamada, y precise cuándo se dictó el acuerdo de radicación en el procedimiento administrativo de origen. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12, a la persona que refiere, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentre legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. En otro aspecto, de la propia demanda se advierte que la parte quejosa señala domicilio físico para recibir notificaciones, y además solicita que aquéllas se le realicen vía electrónica, para lo cual proporciona un usuario; en consecuencia, requiérase al promovente para que dentro de término de tres días, aclare cuál es el medio por el que efectivamente desea que se le realicen las notificaciones personales en este asunto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se entenderá que desea que se hagan por vía electrónica. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico propios, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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